En un distrito marcado por la pobreza y el hacinamiento, en el primer cordón del conurbano, el gobierno municipal monta una escena intolerable de supuesto progresismo en el terreno de derechos y reclamos de mujeres y diversidades, que se potencia en las elecciones. La propia ministra nacional Elizabeth Gómez Alcorta forma parte de este discurso, y este año en su primer visita a San Martín dijo que era “honor” y que estaban “muy contentas y gratamente sorprendidas por el avance de las políticas municipales”.

Pero es el distrito de Araceli Fulles, de María Angélica, Candela Sol Rodríguez, Melina Romero… todos casos que a muchxs nos ponen la piel de gallina porque mostraron burdamente que la complicidad policial, en connivencia con el poder judicial y político, bloquearon las investigaciones. Se han anunciado decenas de medidas ineficientes o cosméticas con bombos y platillos, mientras se refuerzan los lazos con la iglesia en todos los rincones del distrito, no se avanza en la implementación de la Educación Sexual Integral, y menos aún se pone a disposición el presupuesto necesario para medidas urgentes como la construcción de refugios.

Esta puesta en escena de municipio aliado es la política que llevó adelante el exintendente Gabriel Katopodis durante años y que continúa su sucesor Fernando Moreira. Este último, apenas asumió creó una nueva área: Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad, presentándola como un avance para las mujeres y el colectivo LGTBI+. Dicha secretaría se creó sin una planificación de las medidas a tomar para que implique realmente un avance para las mujeres de San Martín, y menos aún se discutió cuál sería el presupuesto destinado a su funcionamiento. Esta secretaría la encabeza Marcela Ferri, elegida a dedo por el intendente, cercana a Katopodis y ya funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Social del distrito, del PJ. Durante el gobierno de Macri, Ferri le tiró flores a la gestión macrista del consejo de mujer. “Creemos que con el compromiso y la capacidad de Fabiana Túnez al frente de la institución, vamos a desarrollar acciones para abordar esta problemática tan compleja”.

Mientras vendían humo con esta secretaría, reforzaban a fondos los lazos con la iglesia, el mayor enemigo de los derechos de mujeres y diversidades. Después de crear la secretaría, el intendente Moreira en un encuentro virtual con más de 160 ministros religiosos de San Martín estableció una resolución para que las instituciones religiosas puedan atender a víctimas de violencia de género e intrafamiliar bajo los protocolos sanitarios. El Intendente agradeció el rol de las instituciones para evitar más contagios de covid-19 y para fortalecer la contención social en el contexto de crisis económica y sanitaria, pues la distribución de alimentos e insumos que hace el municipio se hace en gran parte a través de iglesias.

Por su parte, las manteras de la peatonal se han enfrentado a desalojos, amenazas, abusos policiales y un sistemático hostigamiento por parte del poder político municipal. Han solicitado en numerosas ocasiones audiencias para poder resolver su situación de extrema precariedad –trabajar a la intemperie a partir de las 21 horas, sin baños, sin puestos ni refugio- que nunca fueron concedidas. Ante el impedimento de continuar con su trabajo debido al aislamiento obligatorio, se encontraron en una situación de completo desamparo, sin ningún ingreso para acceder a alimentos, medicación o pagar sus alquileres.

La jactancia de una supuesta defensa de las mujeres por parte de quienes gobiernan San Martín, intentando cooptar uno de los movimientos más fuertes de los últimos años, se basa en medidas que hasta parecen una burla al movimiento de mujeres que se a organizado incansablemente contra la violencia en todas sus formas. Veamos algunos ejemplos.

En 2018 se inauguró el Espacio Mujeres. A pesar del notorio aumento de casos de violencia a nivel nacional, el municipio ha recortado el horario de atención del Espacio Mujeres hasta las 14 horas. Las trabajadoras que integran el espacio no pueden dar otra respuesta a las mujeres que no sea dirigirlas a la Comisaría de la Mujer de Villa Lynch a que realicen una denuncia, sin importar su localidad y si tienen medios para transportarse.

Otra: a las trabajadoras municipales se les da asueto el 8 de marzo y se las invita a movilizar con Katopodis. Pero el telón de fondo es la escandalosa situación con las trabajadoras municipales, donde el salario y las condiciones laborales son pésimas. Reina la precarización laboral, la mayoría de la planta es contratada con salarios de pobreza.

Este año en San Martín se festejó con bombos y platillos la implementación del Programa Nacional Acompañar para las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentren en riesgo por cuestiones de género. A los límites ya evidentes del programa -cuenta con un monto de $27.216 por un período mínimo de seis meses, que es casi imposible que permita que una mujer adquiera la independencia económica necesaria para salir de la casa del violento; no plantea reinserción laboral, ni vivienda- se le suma lo clandestino de su implementación en San Martín.

Solo 1.500 mujeres se anotaron y fue más grande la campaña de marketing del distrito para mostrar que habían aplicado el programa, que para convocar a las mujeres que lo necesiten a anotarse en los 5 días que tuvieron abierta la inscripción en el distrito. Como puede ser que el municipio que se revindica feminista se jacte de la implementación de un programa para víctimas de violencia en el que se anota menos del 0,7% de las mujeres del distrito, si todas sabemos que es mucho mayor la cantidad de mujeres que lo necesitan?

Otra medida que festeja el municipio, es el recibimiento de 2.000 copas menstruales a través de la cual pretenden “achicar las brechas de desigualdad que impactan directamente en la salud y economía personal de las personas menstruantes”. Primero, el número vuelve a ser un chiste, porque no llega a ser ni 1% de la población que menstrúa del distrito. La imagen de lxs funcionarios en conjunto con el intendente vestidos de rojo en composse para anunciar esta medida, choca de lleno con la realidad del distrito, por que para usar la copita se necesita tener garantizadas condiciones mínimas de higiene que miles no tienen en San Martín. Para colmo fueron donadas por la Fundación Banco Provincia, ni siquiera fue una inversión del municipio.

Mientras, las salitas de San Martín no tienen anticonceptivos. Para realizarse un aborto el trámite para conseguir gratis el Misoprostol a través del municipio es tan largo que en los propio CAPS recomiendan intentar comprarlo por que no se sabe cuando llega. En las escuelas ni cerca de aplicar la ESI.

Las elecciones nacionales refuerzan el discurso de aliado del municipio, y se suman a la supuesta defensa de mujeres y diversidades, candidates de todos los colores políticos buscando juntar votos. Estas elecciones, no votemos a quienes se pintan de aliados pero dirigen ese Estado misógino y violento. La conquista de derechos y reclamos, como fue con el aborto, solo pueden ser lograda a través de la lucha del movimiento de mujeres, las que verdaderamente luchamos contra la violencia que fomenta y encubre el mismo Estado.

Por eso desde el Frente de Izquierda y el Partido Obrero defendemos una alternativa política opuesta a quienes nos vienen gobernando y hunden a las mujeres en la pobreza y la violencia. El voto al FIT es un voto para meter la lucha por ESI, por la implementación del aborto, por refugios y por Ni Una menos, a todos los recintos donde montan escenas de progresismo pero administran el ajuste que golpea principalmente a mujeres y diversidades.

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