La Subsecretaría de las Mujeres de la provincia de Neuquén lanzó recientemente la “Escuela de género”, un programa a través del cual se articulará con los gobiernos locales el dictado de capacitaciones que permitan llevar adelante “políticas de Estado con perspectivas de género”, lo que “facilitará la implementación de la Ley Micaela en cada una punto de la provincia”.

La iniciativa surge del ministro de Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez, quien es el responsable de vaciar la clínica Cutral Co y dejar en la calle a decenas de mujeres, a las cuales no les pagó ni los salarios por meses trabajados.

En esta línea de hipocresía, el funcionario sostuvo ante el lanzamiento del programa que “los derechos deben estar siempre sobre la mesa y no nos tienen que venir a recordarlos”. Pero en Neuquén, como en todos lados, las mujeres sufrimos violencia por la falta de independencia económica de los agresores: es lo que sucede con las compañeras desocupadas, las que trabajan en negro -como las empleadas domésticas, o la juventud en las plataformas de reparto y el sector gastronomía y turismo- y sufren la precarización laboral, como les pasa a miles de tercerizadas en esta provincia. Todo bajo las mismas barbas del ministro.

Por supuesto que nada de esta realidad está plasmado en las capacitaciones que lleva a cabo la Subsecretaría, que es la que decide los contenidos para estos talleres. Contenidos que no reflejan los reclamos del enorme movimiento de lucha de las mujeres, que puso en la agenda política la necesidad de estos espacios de formación.

Como ya lo remarcamos en nuestra votación a favor de la Ley Micaela en el Congreso Nacional y en la Legislatura a nivel provincial, ninguna ley cambiará la situación de violencia a las mujeres a la que nos condena el Estado. Ella es parte de la reproducción de un régimen social que necesita del sometimiento de las mujeres como un mecanismo elemental y específico, que tiene por finalidad la opresión del conjunto de las y los explotados.

Las mujeres de esta provincia tenemos historia de lucha contra estos gobiernos ajustadores, que no han aumentado un solo peso el presupuesto para atender situaciones de violencia. El ministro Corradi Diez, la ministra de Gobierno y Seguridad Vanina Merlo, la subsecretaria de las Mujeres Patricia Maistegui, deberían presionar al gobernador Omar Gutiérrez para que reglamente en forma urgente la Resolución Nº 1057 de Casas refugio en esta provincia, que lleva dos meses de aprobada. El reclamo, de larga data en la agenda del movimiento de mujeres, fue plasmado en la iniciativa de la diputada Patricia Jure, del Partido Obrero-Frente de Izquierda. Pese a haberse aprobado por unanimidad en la Legislatura provincial, aún no vemos que se haya aumentado un solo peso del presupuesto para que se garantice.

Estos funcionarios deberían dar cuenta de la situación en que se encuentran los albergues para mujeres víctimas de violencia. El refugio “Madre Teresa”, dependiente del gobierno provincial y ubicado en la ciudad de Neuquén, no tiene edificio propio y sus plazas están todas ocupadas. En la agenda de reclamos también se encuentran la apertura del refugio en Zapala (a medio construir hace muchos años), y refugios dependientes de los Municipios de Villa Angostura, Las Lajas y Aluminé. Exigimos una casa refugio cada 20.000 habitantes, con equipos profesionales completos, asesoría legal y bajo Convenio Colectivo de Trabajo.

La Escuela de Género de los Corradi Diez es la patraña del gobierno del MPN para ocultar su política misógina.

El movimiento de mujeres tiene su propia Escuela de formación en la lucha contra el Estado (que nos condena a todo tipo de violencia psicológica, económica y física) y contra los gobiernos patronales que son la expresión de un régimen de opresión de clase.

Para conquistar nuestros derechos y garantizar los conquistados, es necesario un Consejo Autónomo de las Mujeres, electo por las propias mujeres y con mandato revocable.

Reglamentación YA de la Resolución Nº 1057 de Casas refugio.

Ni Una Menos; el Estado es responsable.