A la par que el gobierno nacional ha impulsado una serie de acciones que plantean una reforma del poder judicial federal, surgió entre referentes, académicas y personalidades relacionadas con diversas organizaciones feministas el planteo de que una “democratización de la justicia” requiere necesariamente implementar también una serie de reformas en dicho poder judicial con una perspectiva de género.

Parece justo, pero en esta nota podremos demostrar que ni hay proyecto de reforma en ese sentido ni tampoco hay ideas y postulados que se encuentren a la altura de la total revictimización que sufren las mujeres trabajadoras en este rubro. Tomamos como referencia una reciente charla en la que participaron Marisa Herrera, jurista que llegó a ser candidata a ocupar el Ministerio de Justicia de la Nación, y Gabriela Carpinetti, militante del Frente Patria Grande y de la Ctep, mano derecha del dirigente Juan Grabois.

El reciente reimpulso gubernamental a la reforma de la justicia federal, ligada a las causas que acarrean CFK y otros funcionarios, coincidió con una escalofriante sucesión de femicidios y por este motivo se incrementaron los relatos sobre la necesidad de una “justicia feminista”.

En líneas generales a través de este reclamo de “repensar” al poder judicial con perspectiva de género se evalúa que, pese a la existencia de normas constitucionales, del derecho internacional de los derechos humanos que son parte también de nuestro ordenamiento jurídico y leyes nacionales (que conminan a prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género, otorgan y reconocen las identidades transgénero y no binaries, y establecen agravantes para los casos de feminicidio y crímenes de odio), lo cierto es que escasea la implementación de esta legislación en los casos concretos y donde particularmente el poder judicial es llamado a resolver en las situaciones de violencia.

Estos incumplimientos jamás fueron sancionados por los organismos correspondientes en los que los oficialismos tienen total mayoría. Por el contrario, está fresco aún el caso del Dr. Pisa, responsable del femicidio de Paola Tacacho en Tucumán, recientemente jubilado por Luis Manzur, a horas de que se venciera la última oportunidad legal de abrirle un jury. También está fresco el silencio total sobre el tema de parte de quienes se postulan para hacer reformas feministas en el Poder Judicial.

Los problemas que se relevan para el acceso a la justicia no son parte de ninguna sistematización estatal sino del grito desgarrador de miles de mujeres que en todo el país deben padecer la agresión de un poder del Estado con la complicidad del resto de los poderes.

Hablamos de las “madres protectoras” que luchan contra las revinculaciones judiciales entre hombres abusadores y sus víctimas, o de las víctimas del clero que encontrarán todo tipo de obstáculos para llegar a las condenas o para siquiera iniciar la denuncia como ocurrió recientemente con el cura abusador Carlos José, o de víctimas de la violencia doméstica sin un curso igualitario y claro para poder llevar adelante sus denuncias.

Algunos de esos problemas van desde la capacitación y formación de los efectores judiciales, sobre todo de juezas y jueces nacionales y provinciales (ordenamiento judicial que no se plantea modificar con esta reforma); los procesos que por su carácter burocrático dilatan una respuesta efectiva y rápida; las diferencias que existen en la implementación entre las diversas jurisdicciones provinciales y nacional; la escasa implementación del patrocinio gratuito para el acompañamiento de las víctimas en los procedimientos judiciales, la escasa voz que tienen estas también en dichos procedimientos, el mismo acceso a la justicia en todos los casos debido a la descentralización jurisdiccional del esquema de recepción de las denuncias que depende del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y de la Ciudad e incluso de los gobiernos municipales que implica además cruce de competencias para el abordaje de los casos, yuxtaposición de procedimientos administrativos y judiciales, todo lo cual dificulta o retarda gravemente el acceso de la víctima con el consiguiente peligro que ello conlleva a la salud e integridad personal de esta.

Frente a esto, las propuestas de quienes plantean discursivamente la reforma judicial feminista son conservadoras incluso en su formulación hipotética.

Plantean la capacitación y formación integral de los efectores de justicia, algo que sostienen casi como única función del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; sin embargo, es llamativo que en este rubro no esté incluida la formación y los programas de los planes de estudio con los que estudian los futuros juristas, ni tampoco que el monopolio clerical de la enseñanza del derecho en algunas zonas del país sea objeto de una mínima crítica. Nada.

Critican, con mucha cautela, el cerrojo que hizo la Corte Suprema en la intervención de otros poderes del Estado para capacitar y formar, o sea, para aplicar la Ley Micaela, que impulsa esa formación de parte del propio gobierno, y critican el tipo de formación y capacitación en la temática de géneros y violencia que realiza este poder judicial. Pero ocultan detrás del tema de la formación que, por un lado, a un juez que desoye 18 denuncias más que reformarlo hay que hacerle un jury de enjuiciamiento y quitarle su poder, algo que los bloques políticos que integran se niegan a impulsar. Proponen que debe ampliarse el presupuesto para poner en pie efectivamente el patrocinio gratuito y para la contratación de personal y creación de equipos interdisciplinarios, entre otras cuestiones. Sin embargo, no salen de que este planteo sea una carta de intención, porque dicha reforma no está plasmada en ningún lado ni la aplican bajo sus competencias.

Corte Suprema

Quienes desde el oficialismo hacen uso hoy del feminismo para embellecer una reforma judicial que no tenía planteado nada al respecto desde sus orígenes, critican que la Corte Suprema, que dispone de un fondo anticíclico valuado a fines de noviembre de 2020 en $45 mil millones, no ha utilizado ni un peso de este fondo para mejorar la infraestructura y equipamiento o aumentar las contrataciones de personal necesario.

En algunos casos toman un viejo reclamo popular para la descentralización territorial de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) hoy en el ámbito de la Corte Suprema y con funcionamiento solo en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Esta demanda está presente de manera pública, desde 2015 cuando estalló el “Ni Una Menos”.

Es llamativo que quienes se postularon para ocupar cargos públicos, con sueldos varias veces superiores al de muchas, sean portadores de tan pocas iniciativas e impulsoras de ninguna de las que son de interés popular en concreto.

Algunas otras propuestas tampoco les son propias, plantean simplificar el primer acceso a la justicia a través de la recepción de la denuncia y la conformación de la causa ante un juzgado, como ocurre en algunas jurisdicciones provinciales ante la justicia de paz, y luego de esta primera intervención hacer la derivación de la causa al fuero respectivo (penal, civil y/o laboral, por ejemplo). Llegan tarde a una propuesta que tampoco funciona en esas provincias como se puede ver el caso de Misiones, con fuero propio para la atención de la llamada “violencia familiar”, y el más alto grado de revictimización que pueda haber.

Sin reforma ni propuestas

Desde la Oficina de Acceso a la Justicia que dirige Gabriela Carpinetti, y que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, tendrían un proyecto sobre la descentralización territorial de la OVD.

Resulta igualmente incomprensible que quien tiene a cargo el funcionamiento de 18 Centros de Acceso a la Justicia con presencia territorial solo en las provincias de Buenos Aires (14 centros), Mendoza (2 centros), Santiago del Estero (un centro) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (un centro) no comience por su ámbito de actuación para avanzar en la promoción del efectivo acceso a través de estos centros en todo el país.

La oficina de la funcionaria Carpinetti tiene a su cargo un presupuesto de $ 784.457.734 total, según informe del Presupuesto 2021 consultado en la página del Ministerio de Economía (donde la mitad de dicho presupuesto básicamente está destinado a personal y la otra mitad a bienes y servicios). El Programa de Protección de Víctimas de Violencias (PPG) en la órbita de la Secretaría de Justicia tiene un presupuesto de $ 485.470.283.

Por eso esta descarga contra el poder judicial o con la Corte Suprema -donde además se dirimen contubernios políticos- enajenada a la problemática que atraviesan miles de trabajadoras y trabajadores, de mujeres, trans, no binaries y de género diverso sobre la que se descarga con mayor crudeza el ajuste, la discriminación, las violencias, la exclusión, opresión y explotación.

No critican las negociaciones con el FMI y la cantidad de miles de millones de pesos que se van en el pago de servicios de deuda, recursos tan necesarios para asistir, armar equipos interdisciplinarios y hacer seguimientos.

Para las funcionarias gubernamentales está muy lejos el proyecto de producir efectivamente la descentralización de las oficinas de acceso a la justicia en todo el país, con áreas abocadas específicamente a la recepción de denuncias por violencia con abordaje de estas a través de equipos interdisciplinarios, donde además la respuesta no sólo sea la orden de medidas precautorias como las prohibiciones de acercamiento o el botón antipánico, sino que también ofrezcan como respuesta inmediata un subsidio económico equivalente a la canasta familiar para asistir a la víctima la que luego de la denuncia queda a la deriva, sin ingresos y con el carga muchas veces de tener que sostener a ella y a sus hijas e hijos.

Se trata de destinar más recursos y también de reorientar el uso de los existentes que se van mayoritariamente en un sistema obsoleto y totalmente atado a los ingresos extraordinarios que los integrantes del poder judicial se adjudican. Tampoco surge del discurso oficial ninguna modificación del régimen laboral del sector en el cual se vulneran cotidianamente los derechos de las trabajadoras. Un ejemplo de ello lo constituye la persecución que está sufriendo la ex diputada nacional y empleada judicial Soledad Sosa como fruto de una persecución política iniciada por la propia Suprema Corte provincial.

¿Quién designa a lxs jueces?

Quienes utilizan el relato de una reforma judicial feminista omiten pronunciarse por los procedimientos de designación de jueces y juezas en manos de concursos maniatados en los diversos consejos de la magistratura, y que pasan por el acuerdo político de los partidos patronales que dirigen los ejecutivos nacional y provinciales y tienen mayoría en los poderes legislativos.

Tampoco ni en el plano discursivo se pronuncian por la separación de las iglesias del Estado, grandes operadoras políticas cuya alianza con todos los partidos patronales y sindicatos hacen que se refuerce la opresión a las mujeres y personas LGTBIQ+. Planteamos que lxs jueces y fiscales que deban atender la cuestión de la violencia de género, abusos a menores o causas en las que estén incluidas personas de la comunidad LGTBI, sean electos y con cargos revocables.

Necesitamos una reforma impulsada en forma independiente por el movimiento de mujeres y diversidades

¿Es necesaria una reforma judicial? La respuesta es sí. Necesitamos procesos más ágiles y una unificación de estos procesos. No puede ser que una víctima de violencia al denunciar luego esté sometida a que su caso sea bifurcado en distintos fueros como el penal y civil, o penal y laboral, por ejemplo. Esto refuerza la revictimización, implica una burocratización, yuxtaposición de procesos con adopción de medidas preventivas descentralizadas y extemporáneas unas respecto de otras, incluso con diferentes procedimientos en las distintas jurisdicciones. La instancia de un fuero único conformado por tribunales integrados con funcionarias y con funcionarios judiciales especialmente formados y capacitados integralmente en la aplicación de las leyes de protección contra las violencias e identidad de géneros. No hay impedimento constitucional alguno para que esto sea así, la promoción de un fuero único que puede ser o no federal o con mecanismos de adhesión, o eventualmente de coordinación entre provincias y nación, con la indicación de la promoción y creación de este fuero único en las órbitas provinciales y de la Ciudad.

Pero la razón de fondo por la cual estas reformas largamente reclamadas por las mujeres no se concretan, como no se concretó durante casi 40 años la reforma del código penal para terminar con la criminalización del aborto, están ligadas a que los intereses capitalistas, que quieren defender y por los cuales acceden al poder, están por encima del interés por terminar con la revictimización de mujeres, comunidad LGTBI y niñes o incluso muchas veces los recursos de revictimizarlos son funcionales a disciplinar a amplios sectores de la sociedad en favor del régimen que se vale de estas violencias para cumplir sus objetivos últimos.

Necesitamos que la primera respuesta no solo sea la de establecer las medidas precautorias de alejamiento del denunciado por violencia sino también que, mediante el relevamiento inmediato de la situación de la víctima y su grupo familiar a cargo –si lo tuviere–, se ordene inmediatamente la asistencia económica y habitacional. Un abordaje contrario a los intereses fondomonetaristas y a la búsqueda de “control social” que este supone.

Finalmente, estas reformas solo pueden ser encaradas por un Consejo Autónomo de Mujeres y Diversidades. La experiencia recorrida ha indicado que el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad es impotente para afrontar esta tarea, porque es un organismo del Estado, sujeto a la política más general del gobierno, una política que hoy se expresa bajo un brutal ataque a la clase trabajadora sumergida en la pobreza y la indigencia, lo cual no puede ser más que reproductora de las situaciones de opresión y explotación y la descarga brutal de la violencia contra las mujeres, les niñes, las personas LGTBIQ+ que pertenecen a esa clase trabajadora.