En un Cuyo plagado de iniciativas estatales oscurantistas luego de la votación negativa en el Senado el 8A, se aprobó en el Concejo Deliberante de Malargüe -a propuesta de organizaciones pro-aborto clandestino de esa localidad y San Rafael- una ordenanza medieval que:

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1) prohíbe el aborto no punible (contemplado desde 1921 en el Código Penal para los casos de embarazo producto de violación o inviabilidad del mismo y riesgo de vida para la mujer); 

2) penaliza a los médicos del departamento que lo practiquen aunque sea en los casos legales;

3) crea en el ámbito de la Dirección de Desarrollo Social, el Área de Protección de la Mujer Embarazada y del Niño por nacer, encargada de evitar la práctica, la toma de decisión y de acompañar a la mujer vulnerable. Es decir se crea una oficina con dinero del Estado para garantizar la persecución estatal y clerical de las mujeres;

4) cuestiona el concepto de “deseado o no deseado” en relación al feto, aunque ellos hablan de niño por nacer, considerando el término como agraviante y discriminatorio;

Un verdadero dispositivo reaccionario, que atrasa al menos 100 años. Esta ordenanza muestra nuevamente que en el sur mendocino prevalece un Protectorado estatal de las sectas ultra católicas. 

Malargüe fue noticia nacional cuando el cura Pato Gómez –miembro de la secta Verbo Encarnado- llamó al pueblo, en el acto oficial por el día de la Independencia en 2017, a “levantarse en armas para defender a nuestras familias contra la educación sexual”. También es quien considera que “la violación de la fe es 10.000 veces peor que la violación de una hija”. 

Jurídicamente la ordenanza es un mamarracho, debiera ser impugnado por inconstitucional al menos. Una ordenanza municipal no puede prohibir un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que estableció las bases para un protocolo de aborto no punible a nivel nacional (aunque Mendoza sea una de las ocho provincias que no ha adherido, según palabras del gobierno de Alfredo Cornejo no es necesario porque se cumple). 

El nuevo arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, un “progresista” del papa Bergoglio crítico de Macri y del acuerdo con el FMI (claro que no lo rechaza ni pide su incumplimiento) expresó su posición respecto del aborto:

"Una nación democrática, moderna y progresista, debe tener la capacidad de buscar soluciones uevas que resuelvan los problemas sin necesidad de matar o interrumpir vidas".

Nada nuevo bajo el sol, apelan a los métodos históricos de la institución: el uso de la violencia directa, de grupos de choque, de los resortes del Estado en todos sus niveles para hacer prevalecer una doctrina oscurantista contra las mujeres. 

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Estas avanzadas reaccionarias de la Iglesia tienen que ser enfrentadas por la fuerza de la movilización popular de la Ola Verde, multiplicando la militancia por el convencimiento de una lucha histórica del movimiento de mujeres y con total independencia del Estado y la Iglesia. No se puede tener al Papa ni a sus voceros como aliados en la lucha popular contra el régimen del ajuste y la clandestinidad del aborto. 

Vamos con todo en las calles el próximo 28 de septiembre, Día Latinoamericano y del Caribe por el aborto legal. Consulta popular vinculante para aprobar en 2018 la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que decidan los millones que nos movilizamos con la ola verde y no los verdugos del Vaticano.