Este jueves falleció en el Instituto del Quemado de Córdoba Miriam Beatriz Farías de 45 años, quien fue internada con quemaduras graves el 14 de febrero luego de ser atacada por su pareja Jorge Juárez de 49 años, un suboficial escribiente de la Policía Federal en Córdoba.

Miriam tenía más del 40% del cuerpo quemado y su pareja se lo atribuyó a un accidente con el alcohol en gel. Juárez fue detenido e imputado por lesiones graves primero, pero en las últimas horas se lo imputó por homicidio calificado, aún sin el agravante de violencia de género (La Voz, 18/02). Se trata del séptimo femicidio en Córdoba, cuando todavía estamos despidiendo a la compañera Emilse, víctima de la violencia atroz que padecemos las mujeres en la provincia y el país.

Párrafo aparte para el ministerio de la Mujer de la provincia, que sigue atado a la precariedad y el voluntarismo en el marco de un aumento escalofriante de las denuncias por violencia. Según sus propios registros, las denuncias pasaron de 600 en 2019 a 8.000 en 2020. Sin embargo, lejos de poner un pie en los escenarios donde se desenvuelve la violencia más cruda, la ministra Martínez se maneja en torno a las capacitaciones virtuales entre pares y fotos para la tribuna sonriente. Pero en el detrás de escena, al ajuste lo pagamos con sangre las mujeres.

La situación es insostenible, más cuando tiene a miembros de las fuerzas del Estado como autores directos de la violencia. Esto pone al movimiento de mujeres en la tarea de ubicarse en la primera línea de combate, frente a un Estado que revienta en pus. Las mujeres salimos a las calles porque nos vemos en la imperiosa necesidad de gritar que paren de matarnos.

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