El 10 de diciembre de 2016, la denuncia realizada por Paula Martínez por haber sido drogada en un cumpleaños y violada posteriormente en manada estuvo plagada de irregularidades: no fue hisopada, no fue peritada por ginecólogos, tampoco se le hizo el examen toxicológico. La denuncia principal fue radicada en la comisaría n° 2 de Florencio Varela y ni siquiera siguieron el protocolo que se lleva adelante ante estos casos.

Los imputados fueron seis hombres: cinco se encuentran encarcelados y uno de ellos está prófugo, Goncalvez Mauro, de una importante familia varelense.

Cuando tomó estado público la situación de Paula aparecieron rápidamente a defenderla abogados claramente vinculados al poder político. Florencia Casamiquela, funcionaria nacional del área de hábitat en el gobierno de Cristina Kirchner y candidata en las dos últimas elecciones en el espacio de Randazzo fue quien le sacó información a Paula y su madre para dársela a Ariel Pasini, dos veces diputado nacional kirchnerista, de la mano de Carlos Kunkel, y esposo de Casamiquela, información que usó para defender a dos de los imputados e intentar descalificarla.

Daniel Giaquinta, quien dice ser empleado de la Dirección de Derechos Humanos del Municipio de Florencio Varela y estrecho colaborador de Daniel Ñañez, terminó siendo el abogado que nada hizo por Paula.

Tanto Casamiquela (quien solo sacó información para dañar a Paula) como Giaquinta, quien asumió su patrocinio, no tuvieron aportes significativos en la causa como abogados y este último comunicó hace unos meses que abandonaba la causa. Nuevamente, como en el triple crimen de Senzabello, los mismos abogados aparecen y desaparecen oportunamente.

A la fecha, Paula había radicado 30 denuncias ya que la familia de los violadores la hostigaban y amenazaban de muerte continuamente e incluso llegaron a golpearla hasta dejarla internada. Ha convivido a 80 metros de los imputados hasta que los encarcelaron (uno de ellos, Diego Domínguez, era guardia comunal local), y además cotidianamente con las familias de ellos, quienes no pararon de hostigarla. Por ese motivo el abuelo pone en duda que haya sido un suicidio.

La madre ha planteado que desde la violación Paula ha querido suicidarse varias veces y que los psicólogos que la atendieron debieron haber sugerido inmediatamente una internación y tratamiento preventivo.

La política del Estado, como encubridor y cómplice de los violadores, ha llevado a Paula al suicidio e incluso al posible asesinato, si es que éste no ha sido el punto culminante del hostigamiento.

La tardanza de la convocatorias a juicio oral es otro de los tantos aspectos llamativos, siendo que esto ya podía suceder desde el 5 de febrero de 2019. El juicio oral se realizará recién en marzo del 2022.

Ni el Poder Judicial, ni la policía, ni el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad han implementado los mecanismos necesarios para frenar este tipo de casos ni para acelerar el proceso de esta investigación y juicio. Por eso la necesidad de un Consejo Autónomo de Mujeres y Diversidades debe crearse con la total independencia de los gobiernos de turno que luche por los intereses de clase y género.

En este contexto la localidad de Florencio Varela ha sufrido otro femicido, el de Marina Mesa, hostigada y asesinada por su expareja. Las denuncias las ha realizado hace dos años y le otorgaron un botón antipánico completamente inservible.

Este miércoles 29, a las 17 horas, organizaciones de derechos humanos, sociales y partidos de izquierda (agrupados en un frente que se conformó por el caso Zisuela) y la comisión contra las redes de trata de zona sur convocan a una actividad contra los femicidios y de denuncia contra el Estado y los responsables. Las continuas movilizaciones de la comisión han dado sus frutos y han logrado el encarcelamiento de Zisuela y la continuidad de la investigación por explotación a menores. Ésta atravesó a todo el arco político del régimen capitalista tradicional varelense y su investigación continúa.

Detrás del caso de Paula parece ocultarse una trama similar a la del caso Zisuela, por los actores y fuerzas políticas que han defendido y encubierto a dos de los imputados, retrasando todo proceso e intervención posible.

Hacemos propia la convocatoria de la comisión contra las redes de trata de la zona sur para sumar a todo el pueblo a movilizarse a la Fiscalía de Varela (Frente a la barrera y Pringles ) a las 17 horas, denunciando la responsabilidad de las instituciones intervinientes, a las fuerzas políticas encubridoras y al estado capitalista en su conjunto.

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