Mujer
16/5/2024
Perpetua al femicida de Rosana Artigas
Un femicidio que incrimina al Estado: las instituciones abandonaron a Rosana después de las denuncias.
Seguir
Familiares de Rosana.
A casi un año del femicidio de Rosana Artigas en Plottier (Neuquén), finalmente este miércoles 15 de mayo se pudo realizar la audiencia para que el femicida José Fernández recibiera su sentencia, quien se había negado asistir a la audiencia y fue trasladado por la fuerza hasta la Ciudad Judicial y allí fue condenado a la pena máxima prevista por el Código Penal: la prisión perpetua, por haber sido declarado responsable del femicidio de Rosana.
Fernández cometió el femicidio el 23 de noviembre del 2023, ocultando el cuerpo de la víctima y luego “descartándolo” en la ribera del río Limay. Había sido detenido varios días después de la desaparición de la trabajadora municipal, en principio acusado por el delito de falso testimonio en el marco de la investigación.
La tenacidad de la familia fue clave en la recolección de datos que aportaron para la búsqueda del cuerpo de Rosana que no aparecía, como así también las movilizaciones populares en Plottier que acompañaron las demandas al Poder Judicial para lograr la detención del sospechoso y poner a disposición de la familia todos los recursos necesarios para la aparición de Rosana.
Con posterioridad a la aparición del cuerpo y antes de la formulación de cargos a Fernández, los fiscales brindaron una conferencia de prensa, reconociendo que la víctima había radicado denuncias en el Juzgado de Familia sobre violencia de género por parte del hoy condenado (su expareja). Por esas denuncias, en su momento se le impuso al agresor medidas cautelares que nunca fueron renovadas, por lo que al momento que la asesinó no tenía restricciones de acercamiento.
Dentro del aparato judicial las denuncias se quedaron en algún escritorio o en un cajón donde se acumulan las que efectúan cientos de mujeres, que se minimizan, se obstruyen y se descartan.
Cabe destacar que Fernández también era empleado municipal y había tenido denuncias por violencia de género por parte de otras parejas. Esta situación era conocida desde hace varios años en el ámbito laboral y ningún gobierno municipal le puso freno al violento, ni emitió apercibimiento ni sanción disciplinaria por sus conductas misóginas y violentas.
También fue un dato significativo que cuando ya se conoció el desenlace se efectuó un nuevo allanamiento en el domicilio de Fernández y encontraron evidencias que constataron que efectivamente allí había atacado a Rosana hasta darle muerte. Antes, esas evidencias “no se habían advertido”. Cuando en realidad la familia clamaba desde el inicio que se allane y registre meticulosamente la vivienda del femicida.
Se facilita el femicidio desde el Estado
Ante el desenlace de esta cadena de hechos violentos está claro que Rosana no solo fue víctima de Fernández, sino también de todos los organismos oficiales que conocían su realidad. Rosana recurrió a los organismos estatales locales para denunciar, pero ni la comisaría, ni el Juzgado de Familia, ni el Juzgado de Paz actuaron a su debido tiempo para protegerla. Tampoco en su ámbito laboral, la municipalidad, se arbitraron las medidas correspondientes para estos casos de violencia por razones de género.
La intendenta y actual vicegobernadora de la provincia de Neuquén y funcionarias de dichos organismos negaron que tuvieran conocimiento de la situación de Rosana, sus denuncias y el intento de femicidio frustrado (aunque la lastimó mucho) que había sufrido con anterioridad a su muerte.
Todos estos organismos oficiales son la muestra que sus políticas de supuesta prevención de la violencia por razones de género es pura espuma y fracasan rotundamente ante hechos tan aberrantes.
La provincia de Neuquén registró en el 2023 diez femicidios y las funcionarias de la provincia por el femicidio de Rosana emitieron comentarios de solidaridad y condolencias pero ni una sola palabra sobre su propia responsabilidad.
Ninguna confianza en el Estado. El movimiento de mujeres tiene un gran desafío por delante, solo confiamos en nuestra capacidad de organización y movilización, independientes. El Estado es responsable porque promueve, encubre y allana el camino a los misóginos, en una provincia que en el transcurso del 2024 ya registra dos femicidios.
Desde el Plenario de Trabajadoras proponemos poner en pie un plan integral de protección de las mujeres, víctimas de violencia por razones de género, mediante la creación de un Consejo Autónomo, con presupuesto propio, electo por mujeres y con cargos revocables. Subsidio para las víctimas que supere la canasta básica familiar, hasta que la persona violentada pueda alcanzar su autonomía económica. En Plottier, insistimos al actual gobierno de Figueroa y la ministra Julieta Corroza con el reclamo de las Casa Refugio, una promesa incumplida por el exgobernador Gutierrez.
