En las vísperas de un nuevo Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el movimiento de mujeres y diversidades empieza a organizarse en distintos puntos del país. Este viernes 18 de febrero se realizará en Parque Centenario la primera asamblea de cara al 8 de marzo convocada por distintas organizaciones de mujeres y sindicatos combativos. La iniciativa se replica en distintos puntos del país con el objetivo de poner en pie una gran jornada de lucha en el marco del pacto del gobierno con el FMI que impone condiciones que llevarán a profundizar el ajuste y a agravar la crisis social a la que asistimos.

El debate en torno a la independencia de nuestro movimiento está a la orden del día. mientras muchos de los sectores que durante el gobierno macrista convocaban a las asambleas preparatorias del 8M, hoy dejan de lado las demandas del movimiento por su integración al gobierno nacional. Su compromiso llevó a abandonar el carácter antiimperialista y anticapitalista de nuestro movimiento, apoyando el pacto con el FMI que golpeará particularmente a las mujeres.

Somos nosotras las que ocupamos el 70% de las personas que se encuentran bajo la línea de pobreza, quienes recibimos los salarios más bajos, como las empleadas de casas particulares, quienes desarrollamos nuestras tareas en forma precaria y bajo extenuantes jornadas laborales cargando, además, con las tareas domésticas y de cuidado. Ante este cuadro es imperioso organizarnos y ocupar las calles, desenvolviendo los métodos históricos de nuestro movimiento, frente a la complicidad de las centrales sindicales y la burocracia de los movimientos sociales que lejos están de promover un programa en defensa de nuestros derechos contra la humillación que viene a imponer el fondo.

El reclamo por Ni Una Menos está más vigente que nunca, las múltiples violencias a las que estamos sometidas las mujeres se agravaron con la pandemia y solo en lo que va del año, ya se produjeron más de 45 femicidios (según el Observatorio Lucia Perez). Una situación dramática que es precedida, en el 25% de los casos, por denuncias y perimetrales que el Estado no hace cumplir y que explican que el resto de las mujeres ni siquiera se acerque a denunciar. Luego de dos años de mujeres gobernando con políticas con “perspectiva de género” nuestros padecimientos no se han revertido sustancialmente.

El Ministerio de Mujeres se muestra completamente impotente ante la violencia de género y no resulta en una herramienta para mejorar la vida de las mujeres más vulneradas siendo su única gran política el Programa Acompañar, un subsidio otorgado por seis meses para quienes se encuentran en condición de pobreza y sufren violencia, con enormes trabas burocráticas y de un monto equivalente al salario mínimo, que muy lejos está de abonar a la independencia económica y la posibilidad de romper lazos con un violento.

No hay por parte del Estado ningún dispositivo eficiente para asistir a las víctimas ni para realizar seguimiento a los denunciados y evaluación de niveles de peligrosidad. Por el contrario, se precariza a las trabajadoras que se ocupan de la atención, se revictimiza a las mujeres y se las somete a un calvario a la hora de realizar una denuncia y se sub-ejecuta el presupuesto. De los fondos recibidos y en medio de la peor situación vivida por las mujeres, al mes de diciembre de 2021 habían ejecutado sólo el 53%.

Para exculpar a sus dependencias, las funcionarias del gobierno apuntan contra la Justicia frente al flagelo de la violencia y utilizan el relato de una “reforma feminista”, vacía de contenido. En ningún caso se propone un contenido en favor de las mujeres violentadas, o alterar la justicia ordinaria (que es donde se tramitan el 90% de las causas que padecen las mujeres) o cambios en la elección de los fiscales y jueces que son designados por el Consejo de la Magistratura y aprobados por el Congreso. No se ha impulsado un solo jury contra los jueces y juezas que promueven femicidios y revictimizan a las mujeres, como declaró la mamá de Úrsula Bahillo al cumplirse un año de su asesinato y de quien desestimaron las denuncias. No hay ninguna dependencia de poderes sino un entramado institucional que contribuye a la perpetuación de la violencia.

El intento por parte de un sector del feminismo de circunscribir la problemática al ámbito judicial refleja de la ausencia del estado en la prevención de la violencia, la atención y modificación real en las condiciones materiales de vida de las mujeres. La Justicia es solo un aspecto del problema ante un Estado que nos violenta todos los días, dando impunidad a femicidas y abusadores, negando la ESI y robusteciendo los lazos con el oscurantismo.

Desde el Plenario de Trabajadoras reclamamos un fuero único de violencia de género con elección popular de jueces y fiscales y con revocabilidad de los cargos, y la creación de un Consejo Autónomo de Mujeres desde nuestro propio movimiento para fijar políticas concretas, con presupuesto estatal, sin ataduras a los gobiernos de turno.

Vamos al centro del poder político para enfrentar el ajuste

El movimiento de mujeres que se levantó en 2015 por Ni Una Menos, que conquistó el aborto legal bajo los métodos históricos de lucha y la independencia política, y que ha sido gesta de grandes movilizaciones en toda Latinoamérica debe inscribirse en el sendero de lucha contra el pacto con el FMI y movilizar masivamente este 8M a Plaza de Mayo, centro del poder político, y a todas las casas de gobierno del país.

Participemos de las asambleas preparatorias del 8M para deliberar nuestras problemáticas, poner en pie un programa común para las mujeres trabajadoras, independiente a los gobiernos, y organizar una gran jornada de lucha que se haga sentir en todo el país. Por la derrota del FMI, por basta de hambre y de femicidios. Por la ESI laica y científica, por la separación de las iglesias del Estado y la aplicación efectiva del cupo laboral travesti-trans. Por trabajo genuino y el rechazo al ajuste y la depredación ambiental.

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