El viernes pasado, la ministra de mujeres, géneros y diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de justicia, Martín Soria, presentaron el Programa Acercar Derechos. La iniciativa consiste en la creación de 80 equipos interdisciplinarios para asistir a las víctimas de violencia de género, comenzando con la puesta en pie de uno por provincia. A su vez, dieron la noticia del traspaso del cuerpo de abogados y abogadas para víctimas de violencia de género del ámbito del Ministerio de Justicia al del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Lo primero consiste en la reedición de anuncios viejos, ya que lo mismo fue prometido en julio del 2020 cuando se lanzó el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Razones de Género 2020-2022, más nunca se llevó adelante. Ahora, el gobierno, con el mayor de los cinismos, escogió una fecha cercana al nuevo aniversario del #NiUnaMenos para prometerlo nuevamente. Lo segundo, es la confesión del fracaso que ha significado el patrocinio jurídico gratuito en Argentina para las víctimas de violencia, desde su creación a esta parte.

Queda en evidencia cómo el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Razones de Género 2020-2022 anunciado por el gobierno ha sido largamente subejecutado. La demostración palmaria es que el 98% de los fondos destinados a este plan debían ser usados para la implementación del Programa Acompañar y para la creación de Centros de Abordaje Integral de las violencias por motivos de género. El primero, al mes de marzo 2021, había utilizado tan solo el 3% del presupuesto asignado, mientras que el anuncio de que recién ahora se van a crear 80 equipos encargados de brindar asistencia jurídica y psicosocial para las víctimas de violencia de género refleja que de julio 2020 a la actualidad no se ha avanzado nada en ese sentido. El largo derrotero de promesas incumplidas pone en duda la efectiva puesta en marcha del Programa Acercar Derechos.

Además de la estafa de la subejecución, el plan de por sí está fuertemente condicionado por la orientación de ajuste que engloba al conjunto de la política oficial. El gobierno le asignó una partida de $18 mil millones a dos años (ELA, 2021). Se trata de un monto que ha perdido en términos reales contra una inflación del orden del 40% y continuará desvalorizándose hasta 2022. A su vez, la cifra es irrisoria si tenemos en cuenta que en lo que va del 2021 el Estado nacional ya lleva gastados más de $273 mil millones en intereses de la deuda. El hecho de que se planifique la puesta en marcha de tan solo 3 equipos interdisciplinarios por provincia da cuenta de que lo que prima es la austeridad fiscal y que la medida no servirá para “acercar” derecho alguno. Este aspecto atenta contra la posibilidad de que se pongan en pie centros con profesionales bien pagos y en planta permanente, donde se brinde atención las 24 horas del día.

Por otra parte, el programa no incluye ningún tipo de asistencia económica. El gobierno mantiene como única “transferencia monetaria a las mujeres y personas LGBTI+” que se encuentran atravesando situaciones de violencia el irrisorio subsidio Acompañar, el cual de ninguna manera construye un horizonte de autonomía para las víctimas. Está por fuera de la agenda oficial otorgar una asistencia equivalente a $63.000, establecer un cupo laboral y dar lugar a un plan de viviendas para que quienes se encuentran en esa situación puedan transitar vidas libres de violencia, en momentos donde avanza la feminización de la pobreza siendo que el 10% de la población con menores ingresos está compuesta por un 63% de mujeres (Economía Feminista, 10/5). El cuadro es particularmente alarmante entre las menores de 29 años, cuya tasa de desocupación es del 26% según el Indec.

Por su parte, la novedad de que a partir de ahora el cuerpo de abogados y abogadas para víctimas de violencia de género pasa a estar bajo la órbita del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad no implica ninguna garantía de que vaya a existir un patrocinio jurídico gratuito para quienes lo solicitan. Es un derecho que existe por ley desde 2015, luego del primer #NiUnaMenos, sin embargo, la falta de presupuesto estatal hizo que tuviera un alcance muy limitado y que la mayoría de las víctimas tuvieran que costearse ellas mismas su propio abogado. Sin ir más lejos, en todo el año pasado se atendieron apenas 226 casos. Los funcionarios a cargo de los anuncios no dieron ningún detalle de cuánto dinero se va a destinar en adelante para mejorar el funcionamiento de la asistencia jurídica por parte del Estado, por lo tanto, el “pase de manos” entre los ministerios carece de importancia.

Estas iniciativas, de concreción incierta y bajo presupuesto, fueron presentadas como una vía que busca facilitar el acceso a la Justicia para las víctimas de violencia de género. Sin embargo, se mantienen intactos todos los mecanismos de revictimización hacia las mujeres a la hora de impulsar una denuncia, dado que el gobierno no tiene ninguna intención de tocar los intereses de las camarillas judiciales, a menos que estén en juego las causas de corrupción que Cristina Kirchner y compañía cargan sobre sus espaldas.

Por un lado, no se avanza en la extensión territorial de la Oficina de Violencia Doméstica para evitar que las denuncias demoren en llegar a la Justicia, y, a su vez, ofrecer un abordaje integral a las víctimas. Ni siquiera proponen modificación alguna en pos de que deje de recaer en la víctima la responsabilidad de notificar al agresor sobre la denuncia. Por otra parte, no se les exige a las patronales la implementación de las licencias por violencia de género, a fin de que no se les descuente a las mujeres los días que tuvieron que faltar a su trabajo para realizar algún trámite vinculado al proceso judicial que iniciaron.  Al mismo tiempo, no se interviene en los planes de estudios que forman a los futuros magistrados en función de que los mismos contemplen una mirada de género y estén desprovistos de prejuicios oscurantistas.

A su vez, el gobierno no plantea sanción alguna para aquellos jueces y fiscales que incurren en fallos misóginos y desprotegen a las víctimas, sin ir más lejos, el listado inaugurado en el Consejo de la Magistratura para denunciar esos casos es un verdadero “saco roto”. Tampoco establece ningún mecanismo para abordar a los varones que son denunciados a fin de evaluar riesgos. Con todo este panorama, sumado a la diversificación de los fueros luego de realizada la denuncia, se ve cómo los anuncios recientes de ningún modo alivianan el tránsito por la Justicia para cientos de víctimas que acuden en busca de ayuda y reciben todo tipo de maltratos.

Como vemos, la insinuación sobre una reforma judicial feminista por parte de las funcionarias y del propio Alberto Fernández quedó en el pasado. Las modificaciones al Poder Judicial que pretenden llevar a cabo solo están relacionadas con preservar la impunidad de la camarilla gobernante y no con atender los reclamos de las víctimas de violencia de género ni de los familiares de las pibas asesinadas que se topan todos los días con sentencias de impunidad. La impostura oficial se refleja de manera más nítida si reparamos en que las nóminas de los jueces artífices de fallos aberrantes son votadas sin miramientos por las fuerzas patronales que componen el Senado y por el Ejecutivo, a propuesta del Consejo de la Magistratura, donde el Frente de Todos cuenta con una mayoría.

Así las cosas, en lo que va de año ya son 132 mujeres forzadas a la ausencia, donde detrás de cada femicida hay un Estado que genera las condiciones para que se perpetúe este flagelo. Ante el espanto de la muerte diaria, el gobierno y su ministerio feminista ensayan anuncios estériles y reflotan promesas incumplidas para encubrir su responsabilidad en la proliferación de la violencia contra las mujeres. Por este motivo es que deben partir del propio movimiento de lucha las políticas adecuadas para terminar  con los femicidios y no de quienes nos hambrean y siguen las directivas del FMI.

Por lo tanto, es necesario pelear por un Consejo Autónomo de las Mujeres y Diversidades, independiente del Estado y los gobiernos, con presupuesto estatal y cargos electos y revocables, que determine las medidas de asistencia integral a las víctimas, destituya a los jueces y fiscales responsables de fallos reaccionarios y establezca un fuero único sobre violencia de género para allanar el camino a las denunciantes. El II Congreso Nacional del Plenario de Trabajadoras votó un plan de acción para avanzar en ese camino.

 

 

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