El II Congreso de la organización de mujeres Plenario de Trabajadoras, convocado bajo la consigna de “Basta de hambre y femicidios” fue masivo y sus resoluciones están arraigadas en la experiencia de vida de la mayoría de mujeres empobrecidas de nuestro país. Con más de 8.600 inscriptas, 4.500 participantes activas en las comisiones de trabajo, y otro tanto de participantes en la jornada de cierre, con 200 asambleas preparatorias y decenas de intervenciones y con la elección de 800 delegadas de todo el país, este Congreso se convirtió en un canal de lucha y participación para miles condenadas a estar en silencio y a no ser tenidas en cuenta.

Entre las principales resoluciones están la movilización el #3J al Ministerio de las Mujeres por la asistencia genuina y adecuada para las mujeres y el acceso democrático y sin revictimizaciones al Programa Acompañar, la creación del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares el primero genuino de y para las propias trabajadoras. También la campaña por los 15 años de la aprobación de la ESI en el Congreso y la ausencia de su aplicación por la alianza que los gobiernos sostienen con la Iglesia católica. El Congreso fue abierto reclamando la aparición con vida de Tehuel de la Torre, un chico trans que fue hace dos meses a buscar un trabajo precario y nunca más volvió.

Este Congreso tomó cuerpo en las jóvenes condenadas a cuidar hermanos en sus infancias y adolescencias mientras sus madres jefas de hogar trabajan precariamente, en cosechadoras obligadas a aceptar miserables retribuciones monetarias por un sacrificado trabajo en el campo, en empacadoras de la fruta que reciben miserables ingresos por parte de una industria de exportación, en trabajadoras de casas particulares que relatan situaciones de esclavitud en los pagos y en el trato recibidos. El congreso tomó cuerpo en profesionales que ponen sus conocimientos a disposición de las trabajadoras, en estudiantes que pelean por la ESI. Todas ellas fueron protagonistas de la Ola Verde, y son parte de la conquista del aborto legal, una lucha que dejó como enseñanza que debemos ir por todas nuestras demandas.

Mientras miles de mujeres dejaban plasmados en sus testimonios la violencia de género y de clase del Estado y sus gobiernos para con la mayoría de la población y en particular para con las mujeres, el gobierno de Alberto Fernández y de Elizabeth Gómez Alcorta ratificaba su rumbo ajustador mostrando una impúdica subejecución presupuestaria justamente en las áreas que deben atender a las mujeres y las diversidades. Promediando mediados de año, el Ministerio sólo había otorgado 837 Programas Acompañar, ejecutando el 3% de ese presupuesto y en términos generales el resto de lo gastado se fue en brunchs, lunchs, viajes y sueldos.

Entre los anuncios incumplidos de Mauricio Macri y los de Alberto Fernández y las “mujeres gobernando” hay una completa línea de continuidad. Las etiquetas de género fueron originalmente colocadas por el gobierno de Macri en el presupuesto nacional y en sintonía con aquellas políticas, las actuales funcionarias feministas adjudican a los planes sociales una condición de combate a la violencia de género que no es tal. El “gobierno de científicas”, aunque la realidad demuestre que es falso, sostiene que un plan de 10 mil pesos por mes sería una política para erradicar la violencia de género.

Gritamos #NiUnaMenos, reclamamos asistencia, dijimos que necesitábamos reformar el poder judicial, pero bajo el gobierno que dice haber puesto fin al patriarcado, las mujeres se mueren más por femicidios que antes y más de hambre que antes, no hay ninguna reforma en favor de las mujeres y no hay trabajo ni vivienda. En este sentido el Congreso fue una instancia de clarificación sobre políticas mentirosas y peligrosas que el gobierno implementa contra las mujeres trabajadoras.

La postal más cruel de la desatención gubernamental, discriminación contra las pobres, y de la política de dar la espalda a quienes reclaman asistencia, aunque no la única, está dada por las circunstancias que llevaron al asesinato de una de las mujeres que había llegado al predio de Guernica huyendo de la violencia. La Ministra provincial la empadronó en el predio, supo que Ayelén huía de la violencia y al no tener vivienda, decidió jugársela con su hije en Guernica. La Ministra Estela Díaz en persona fue hasta el predio a tratar de convencerla a ella y a muchas otras de irse de ahí, defendiendo a un empresario que ni siquiera pudo acreditar ser dueño del predio y luego de reprimir con Berni y sus 4500 efectivos y de detener injustamente a militantes solidarios, la dejó librada a su suerte que no es tal. Ayelén fue asesinada hace unos días por un hombre que aún está prófugo. La ministra del PBA, Estela Díaz, no la asistió aunque ella pidió ayuda.

Miles de mujeres en nuestro Congreso dejaron constancia de la desatención o la revictimización del Estado. El brutal testimonio de Cristina Castro puso al desnudo una modalidad muchas veces utilizada por gobiernos de diferente signo político, el aparato del Estado desatando una feroz cacería contra familiares para armar causas. Pasó con Luciano Arruga, con Santiago Maldonado y ahora con Facundo Castro. Cristina es una madre trabajadora atacada por el ministro estrella de La Cámpora y sus esbirros policiales. En nuestro congreso estuvieron también familiares de los pibes de Puan, detenidos por una causa armada por Sergio Berni para fingir que combate al narco. Este es el lawfare que sufre la clase trabajadora, sobre el que no hay propuesta de reforma del poder judicial ni nada parecido.

Entre las inscritas al Congreso, la mitad son menores de 30 años. Las mujeres jóvenes que más padecen la desocupación, entre las cuales la pobreza se desata con más fuerza y sometidas a una brutal precarización laboral fueron las grandes protagonistas. Las pibas de la Ola Verde montaron una campaña especial en lo que resta del año para recalar la educación sexual científica y laica alejada de todo sometimiento y mostrar que las relaciones con las iglesias de parte de los gobiernos, en particular con la Católica, es su objetivo estratégico y no la defensa de las mujeres.

En entrevistas mediáticas, la Ministra viene a justificar su inacción en nombre de que esta problemática es “estructural”. Una estructuralidad cuya responsabilidad es de la propia ministra que gobierna dejando correr la reaccionaria ideología del régimen, la ideología del racismo, la misoginia, el desprecio de clase, el desprecio a lo diferente, el sometimiento y la discriminación, una ideología funcional a la defensa del ajuste a los sectores populares. La creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades resultó ser una estafa completa. En nuestro Congreso la Agrupación LGTBI+ 1969 dejó en claro que el cupo laboral trans no se aplica condenando a la comunidad trans a la prostitución y a la precariedad laboral y denunció el silencio gubernamental sobre la desaparición de Tehuel y las circunstancias en las que esto ocurrió.

La modalidad más denunciada de la violencia que sufren las trabajadoras fue la de la precarización laboral y sus derivados, como el abuso sexual y el acoso laboral. No faltaron gremios que se expresaran ni faltaron ejemplos de situaciones que rayan la esclavitud, como la que contó una cuidadora de personas que cobra $400 por jornadas de trabajo de 15 horas u otra mujer que cobra $15 mil al mes por trabajar cuidando gente 50 horas semanales. El Congreso votó un plan de lucha para el combate de los padecimientos y violencias de las mayorías de las mujeres y un plan político para denunciar a las que usando a nuestros gran movimiento y sus mejores intenciones, hoy ocupan cargos en el estado dando la espalda a las trabajadoras. Un caso emblemático que denunciamos es el de la persecución contra Soledad Sosa, exdiputada nacional por el FIT de Mendoza, que está siendo ferozmente perseguida por el poder judicial local.

Las feministas institucionalizadas, gustosamente revolcadas en el lodo del aparato del Estado capitalista y de clase que tiene cada uno de sus recursos puestos al servicio de beneficiar a la clase capitalista, festejan los reconocimientos internacionales sobre sus funcionarias. No imaginamos al New York Times o a la revista Time reprochando al gobierno haber vuelto más vulnerables en todo sentido a las mujeres. Les festejan haber maquillado el ajuste con “perspectiva de género”. Las mujeres gobernando ajustan con distracciones o políticas que sirven al carrerismo de una pocas o al lobby de las mujeres de la burguesía que buscan abrirse paso en el mundo de la explotación capitalista, con perspectiva de género, claro.

Un ejemplo de esta política engañosa es el de la “Justicia Feminista”. Ninguno de los puntos propuestos por el gobierno para efectivizar la reforma tiene nada que ver con el padecimiento de las madres de chicas víctimas de femicidios, ni con el de las madres protectoras ni con el de las mujeres que sufren violencia interpersonal. Pero peor aún, porque está en manos del gobierno a través de su mayoría en legislaturas y en el Consejo de la Magistratura, remover a los jueces que concentran fallos misóginos y revictimizantes, pero esto tampoco ocurre. Votamos en este Congreso enfrentar la mentira de la “justicia feminista” reclamando fueros únicos, elección y revocabilidad de jueces y fiscales, remoción de los jueces responsables de no cuidar a las mujeres.

Sindicato de las Trabajadoras de casas particulares

En este Congreso reunimos a un millar de trabajadoras de casas particulares de todo el país. Ellas dirigieron las comisiones de trabajo referidas a ese tema y ellas mismas votaron con el máximo de los entusiasmos la puesta en pie del primer sindicato de trabajadoras de casas particulares del país. Las que no vivieron jamás una experiencia sindical se anotaban para denunciar el rol traidor de las direcciones de la CGT y de la CTA.

Este es el colectivo femenino más grande y maltratado por el gobierno que las condena a vivir en la precariedad y con salarios de indigencia. Su lucha por el aumento salarial es una pelea que requiere del apoyo solidario de todxs lxs trabajadores en especial de aquellos que por su propia precarización deben recurrir a estas tareas para garantizar sus propios puestos de trabajo. El gobierno, a través del régimen especial, se reservó el recurso de dominar siempre el salario de estas trabajadoras, porque sin lugar a dudas elevarlo obliga a elevar de manera inmediata los ingresos de gran parte de las y los trabajadores que deben recurrir a estos recursos para cuidar sus propios puestos de trabajo.

La proliferación de “trabajadoras de casas particulares” es una transferencia de recursos de una economía con derechos para lxs trabajadores a una economía precarizada. Si antes un patrón debía colocar un jardín maternal ahora cada trabajador/a se las debe arreglar precarizando a otra trabajadora. Esta es una reducción del costo laboral sobre la base de la extrema explotación de mujeres. Esto es una transferencia de recursos que debían costear las patronales y el Estado que son trasladados sobre las espaldas de las más vulnerables.

La ausencia de jardines materno paternales en barrios y lugares de trabajo, la reducción de las licencias de cuidados, la precarización laboral sin derechos todos estos son factores que incrementan la carga de las tareas de cuidados en el ámbito doméstico y de forma precarizada por parte de las mujeres y de las niñas mayoritariamente mientras que el gobierno cuida las cuentas del Estado para que este cumpla con los requerimientos del FMI. Las “mujeres gobernando” resultaron ser conservadoras y disciplinadas al ajuste fondomonetarista, tanto como sus pares varones.

El Congreso representó un punto de avance en la organización clasista de las mujeres trabajadoras y un aporte masivo a una estrategia socialista de independencia del movimiento de mujeres de los gobiernos y las iglesias.