A cinco años de la conquista sobre la aprobación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, un derecho por el que pusimos en pie un verdadero tsunami de lucha y movilización, el gobierno de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires saca un protocolo llamado de “Acompañamiento de la Embarazada en Situación de Vulnerabilidad (con problemas de salud, físicos, psicológicos, de edad, económicos, laborales, sociales, familiares)” con el único objetivo de reponer lo peor del oscurantismo en el sistema de salud y vulnerar los derechos de las mujeres y diversidades.

Esto ocurre en el marco de un gobierno nacional como el de Javier Milei que desde el día uno amenaza con volver a instituir la clandestinidad del aborto, mientras promueve una “batalla cultural” que consiste en negar y atacar nuestros derechos, demandas y reivindicaciones contra la violencia, la discrminación y el sometimiento. 

El protocolo en manos de la iglesia

Detrás de este protocolo, presentado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad, hoy dirigido por el ministro Mraida (¡un pastor!), se ve el brutal empoderamiento de la Iglesia Evangélica dentro del Estado, a quien se pone a cargo de las líneas de asistencia, de “acompañar a la embarazada” a través de su personal “capacitado” en prejuicios religiosos, ajenos a todo criterio científico. 

Durante este año se registra que en distintos centros de salud empezaron a aparecer puestos con personas que se manifiestan en contra de los derechos sexuales y reproductivos, queriendo conversar con los usuarios del sistema de salud y convencerlos de sus posturas. Este protocolo, que puede ser aplicado por el Ministerio de Desarollo Social aleatoriamente, busca puentear a los trabajadores formados de los centros de atención primaria de la salud (CeSAC) que tiene una mirada comunitaria del abordaje de la salud y son quienes vienen manifestándose contra el mismo y alertando que ya se conocen experiencias en otros municipios como el de San Isidro, donde se comprobó que estos espacios funcionan dilatando el acceso, produciendo sufrimiento psíquico, por ejemplo haciendo escuchar los latidos en las ecografías. (La Retaguardia, 18/10/25).

Hablamos de un protocolo sumido en el discurso de falsa defensa de “las dos vidas”- el slogan de una campaña fascista contra nuestros derechos-, negando el derecho a las mujeres y diversidades a decidir sobre su propio cuerpo y empujándolas a una única opción entre seguir forzadamente con un embarazo no deseado o tener que recurrir a la inseguridad extrema de la clandestinidad, negando la aplicación de un derechos conquistado como es la IVE. 

Esto es más de lo que ya vemos que ocurre en los centros de inserción social para gente en situación de calle, o en los establecimientos de salud mental, entre otros, que son, por impulso del Estado y los gobiernos, totalmente copados por la iglesia y sus prácticas oscurantistas, anti científicas y anti derechos. Por esta vía elevan al nivel de “política de Estado” el abuso de menores que conlleva a embarazos en las infancias, la violencia, la discriminación y la vulneración de derechos que conquistamos con una enorme movilización popular.

La ley de los 1.000 días y una falsa salida para las mujeres más vulnerables

A primera vista este protocolo plantea una salida meramente de acompañamiento y asistencia basándose en la ya aprobada Ley 27.611 , que rige desde el 2020 y plantea la “atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia", conocida como 1.000 días. Esta ley se limita a la incorporación de una Asignación por Cuidado Integral, que percibe un monto igual a la Asistencia Universal por hijo y es asignada solo durante los primeros 3 años de vida.

La ley de los 1.000 días que el gobierno de Alberto Fernández hizo aprobar en paralelo al derecho al aborto legal, con el argumento de facilitar una maternidad deseada a quienes atraviesan penurias económicas, no plantea una salida real de la situación de pobreza, abandono y desempleo que vive un sector enorme de la población trabajadora y mayormente las mujeres, sobre quienes recae más fuertemente la precarización laboral y la desocupación.

Estamos hablando de una asignación por 3 años equivalente a la AUH que en octubre de este año apenas llega a los $93.783 pesos. ¿Alguien cree que con ese dinero se puede sostener a las infancias? Ya es costumbre de los gobiernos, y no prerrogativa exclusiva de los más derechistas, presentar medidas meramente paliativas frente a la pobreza, y ni tanto, como “garantía de derechos”. Pero para combatir los embarazos no deseados lo que verdaderamente necesitamos es educación sexual laica y científica, trabajo genuino, salarios acordes y plenos derechos, sin discriminación ni violencia para las trabajadoras. Reemplazar esta carencia con un subsidio que no llega a la mitad de la canasta básica alimentaria (medida en septiembre en $166.798 para una sola persona), es una estafa de proporciones, y solo la excusa para una avanzada reaccionaria contra nuestros derechos y nuestra autonomía, buscando restaurar la tutela estatal sobre las mujeres y una concepción de minusvalía jurídica, política y social.     

Sin salud pública no hay solución

El gobierno nacional hoy se encuentra vaciando de trabajadores sus líneas de asistencia, como es la 144, dependiente de la ex subsecretaria de protección contra la violencia de género que atravesó el despido del 80% de su personal a mediados del año pasado, que provee información y acompañamiento a víctimas de violencia, entre ellas embarazadas, madres con sus hijos y mujeres con consumo problemático. 

Además, avanza con el cierre de hospitales como son el Bonaparte, que se encargaba principalmente de la asistencia a las personas con consumo problemático de drogas, un sector directamente pasado por alto en este mismo protocolo. Son las mujeres uno de los sectores más afectados por el consumo problemático, muchas veces víctimas además de abuso sexual, de explotación sexual y de trata de personas bajo el mismo narcotráfico, culminando en hechos como el triple narcofemicidio de Lara, Brenda y Morena. 

El gobierno de la Ciudad y el avance contra nuestros derechos 

Sin duda este protocolo, lejos de buscar una solución para las personas que atraviesan un embarazo en situación de vulnerabilidad, tiene por único objetivo negar el acceso a la IVE. Se valen para ello del discurso eclesiástico y la intervención directa de las iglesias, que fuerzan a las mujeres -que en nuestra sociedad constituyen un colectivo sometido a múltiples situaciones de violencia y precariedad- a llevar a término un embarazo no deseado, incluso obligando a niñas y personas con discapacidad a continuar con embarazos producto de violaciones. 

No sorprende del mismo gobierno de la ciudad que avanza con reformas en los secundarios, aplicando la recientemente aprobada Ley de “Bienestar escolar y educación emocional" (votada por el gobierno y toda la oposición, incluyendo el peronismo) para reemplazar a la ESI por una educación sin fundamento científico, como si el problema del abuso sexual en las infancias y adolescencias fuese un problema de “gestión de las emociones”. Otra ley ligada al discurso de la iglesia y que avanza contra un derecho indispensable para educar en principios de libertad, respeto y no discriminación, y por ejemplo, detectar el abuso en las infancias. 

La necesidad de un movimiento de lucha independiente, laico y de las trabajadoras

Frente a la necesidad de una salida real, que plantee la defensa del salario, el trabajo genuino, el derecho a la vivienda para las familias trabajadoras, replanteamos nuevamente que la ola verde (mandada a guardar tras la candidatura de Alberto Fernández y una promesa inconclusa por el avance de nuestros derechos) y el movimiento de mujeres que hizo historia, vuelva a las calles por la implementación real de la IVE y la ESI y por todos nuestros derechos, con el objetivo claro de echar a este gobierno misógino que avanza contra nuestras conquistas.

Les esperamos el viernes 7/11 a las 18 horas en la Facultad de Medicina para debatir y profundizar sobre estos ataques junto a profesionales de la salud pública y militantes de los derechos de las mujeres.

En este sentido, invitamos a participar junto al Plenario de Trabajadoras del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades que se llevará a cabo del 22 al 24 de noviembre en Corrientes, para dar esta pelea y organizar un movimiento que enfrente a este gobierno y avance por nuevas conquistas. 

Fuera Milei. Por un movimiento de mujeres independiente y de las trabajadoras. 

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