Hace algunas semanas se anunciaron los resultados de la encuesta realizada a madres de la provincia de Buenos Aires. Los resultados indican que el 51,2% de las mujeres no perciben ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijas e hijos. Del 41,2% que sí recibe dinero, un 15,3% lo hace de manera irregular. Es decir, más de la mitad de las encuestadas (66,5%) no recibe obligación alimentaria o solo lo recibe eventualmente. Solo el 10% considera que es suficiente para cubrir todos los gastos y necesidades de niñas, niños y adolescentes. El relevamiento se realizó entre junio y agosto de 2021 y consistió en 6.442 encuestas.

Del resultado, el Ministerio de las Mujeres y Diversidades elaboró una serie de conclusiones y propuestas enmarcadas en el proyecto de ley 3518-D-2021, donde básicamente se apunta a mayores controles del pago de cuotas alimentarias. Entre las conclusiones y propuestas mencionan la necesidad de “hacerse cargo como Estado” de la falta de acceso legal gratuito para las madres, el problema de la violencia económica ejercida por los padres, la necesidad de pisos mínimos respecto del costo de cuidado y crianza y la confiscación en las billeteras virtuales para los padres deudores.

Lo que podría sonar progresivo para avanzar sobre un problema estructural de violencia a mujeres, niñes y jóvenes de las familias bonaerenses no es más que una impostura por parte de un gobierno provincial que hunde a las familias en más pobreza y violencia. Establecer pisos mínimos de costos de crianza para que los padres no puedan aportar menos que eso, cuando los salarios de la mayoría de los trabajadores están por debajo de la línea de pobreza, es una de las principales imposturas.

Según un informe de Letra P, el conurbano bonaerense alberga 11 millones de habitantes de los cuales el 40 % es pobre, las cifras de marginalidad empeoran para las mujeres siendo 6 de cada 10 jefas de hogares, el 56 % de niños y jóvenes son pobres y el 76 % de los trabajadores de casas particulares trabaja en la informalidad y el desempleo es de 70% más para las mujeres. La marginalidad de las familias bonaerense se profundiza al compa de la agenda fondomonetarista de ajuste y achique del gasto fiscal que vino a refrendar la nueva ministra de Economía Silvina Batakis.

La estafa de las políticas de cuidado

El informe introduce los problemas de las responsabilidades de cuidados, y la sobrecarga de las tareas en las madres en relación con la falta de pago de cuotas alimentarias, lo que omite es explicar como quitar de las familias y de en particular a las mujeres esa sobrecarga. Las escuelas de la provincia de buenos aires se caen a pedazos, la falta de gas el mal funcionamiento de electricidad incluso la falta de agua hace que las escuelas no funcionen en normalidad.

Por su parte, las escuelas de doble jornada y las guarderías son casi inexistentes. En los lugares de trabajo la patronales no garantizan lugares de cuidados para los hijos de los trabajadores. Sin inversión en materia de educación, espacio de cuidados, como también clubes y centros culturales para niñes y jóvenes no hay políticas de cuidado que exista.

La falta de abogados gratuitos a la hora de avanzar en un proceso judicial es la realidad de las mayorías de las mujeres, el informe se anima a mencionarlo como uno de los factores que problematizan la situación de las madres, pero no se menciona en el proyecto de ley la garantía de abogados, para lo cual el Estado debería invertir en ampliar la contratación de más profesionales.

El informe se arroga el funcionamiento de un paquete de programas como “comunidades sin violencia” o “oficios si prejuicios” cuyas aplicaciones en los municipios son cuasi inexistentes, además que se tratan de programas por fuera de convenios laborales trabajo que lejos están de achicar le brecha laboral.

La construcción de paternidades sin responsabilidad de crianza sobre sus hijos es fruto de una educación, misógina y machista impartida por el estado, la escuela, las iglesias, los medios de comunicación, donde se reproducen una forma de organización social donde las tareas de cuidado dependen de las mujeres. El sistema capitalista se apoya para su funcionamiento en la doble explotación de las mujeres trabajadoras, desconociendo las tareas cuidado, invisibilizando todo el esfuerzo que requiere. Nos crían sobre la base de la sumisión y la doble opresión que luego los barones reproducen de las peores maneras, una de ellas es la violencia económica al no hacerse cargo de la reproducción material de sus hijos.

Mientras tanto la ley de Educación Sexual Integral de la provincia de Buenos Aires no pasa de una semana al año, mediante uno cuadernillo genérico para llevar a las aulas. Los docentes de la provincia de Buenos Aires no tienen formación en ESI, su aplicación depende de las voluntades de los docentes que muchas veces sufren ataques reaccionarios por parte de directivos reaccionarios.

La emancipación de las madres y sus hijos a la violencia económica solo se puede superar mediante políticas que apunten a las enormes mayorías populares femeninas que sufren la falta de trabajo, de vivienda, lugares de cuidado para sus hijos. Mayores controles sobre las cuotas alimenticias, cuando los ingresos de la mayoría de los laburantes son de hambre tienen un limite muy real a la hora de poder garantizar las necesidades básicas de los niños y jóvenes.

Para avanzar en políticas que erradiquen la violencia de genero necesitamos luchar contra las políticas de hambre y ajuste del FMI, por la defensa de las banderas del movimiento de mujeres y diversidad ante la crisis.

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