Entre las medidas que anunció Silvina Batakis para tender al “equilibrio fiscal” y cumplir con el programa del Fondo se incluye un impuestazo de alcance nacional. Con el traspaso del Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles a la órbita del Ministerio de Economía plantea avanzar en la unificación de la fijación de los valores fiscales de las propiedades en las distintas provincias, con la mira puesta en incrementar la recaudación nacional de Bienes Personales. Es uno de los puntos acordados con el FMI, pero su implementación es compleja y agrava los frentes de crisis; las quejas de las patronales del campo y los especuladores inmobiliarios, las imposturas de la oposición macrista, y una confiscación a la población trabajadora.

La intención de proceder a un revalúo fiscal inmobiliario ya estaba en el tintero desde la firma del acuerdo que negociaron Martín Guzmán y el FMI. En marzo, un columnista de Ámbito Financiero estimaba que por esa vía podía incrementar 65.000 millones de pesos la recaudación por Bienes Personales este año, y 130.000 millones para el año que viene. Si bien es un gravamen contra el que despotrican los más acaudalados, la orientación es englobar allí a buena parte de la población, ya que con valores actualizados cualquiera con una casa propia (o ello y un vehículo) superaría el piso de 30 millones de pesos de patrimonio a partir del cual se empieza tributar. Es una política similar a la de abrochar a un millón de asalariados en el pago de Ganancias.

La titular de la Afip, Mercedes Marcó del Pont, afirmó recientemente que las valuaciones fiscales de las propiedades rondan apenas un 7% de sus valores de mercado, aunque aclaró que no significa que las vayan a equiparar “pero sí generar una metodología consensuada”, debido a la disparidad existente hoy en la tasación de inmuebles en las distintas provincias. Ese era el objetivo del mencionado Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles, creado por el Consenso Fiscal que en diciembre de 2017 firmaron Macri y los gobernadores, y en el cual nunca se avanzó debido a los conflictos que genera con gobernadores, terratenientes y desarrolladores inmobiliarios.

Por este congelamiento en la valuación fiscal la recaudación de las provincias por el impuesto inmobiliario viene en declive; hoy solo representa aproximadamente un 10% de los ingresos tributarios provinciales, cuando años atrás era en promedio la cuarta parte. Quienes tomaron la delantera en actualizar los valores fueron Macri y Larreta en la capital, que ahora denuncian al gobierno por la “alta presión impositiva” pero vienen desde hace años cobrando sobre esa base mayores impuestos inmobiliarios y tasas como el ABL (la cuestión derivó en una disputa judicial cuando Afip quiso tomar como referencia esas valuaciones para Bienes Personales). En efecto, lo que postula Marcó del Pont es federalizar el modelo de revalúo del PRO en la Ciudad de Buenos Aires.

El tema despierta fuertes resistencias pero, claro, no afecta a todos por igual. Resulta que, dentro de la recaudación de las provincias por este ítem, es ínfimo lo que contribuye el inmobiliario rural y el grueso proviene de los propietarios urbanos -muchos de ellos tributan por vivienda única. En la fértil provincia de Buenos Aires los inmuebles rurales explican apenas un 2,5% de la recaudación, y para notar la doble vara recordemos que en 2017 la entonces gobernadora cambiemita Vidal los eximió del revalúo fiscal (que debe hacerse por ley cada 10 años), al tiempo que aplicó un impuestazo en el inmobiliario urbano y precisamente llevó a cientos de miles de bonaerenses a quedar afectados por Bienes Personales.

Esto no solo perjudica a las familias que viven en un hogar propio, sino que incluso impactará sobre los precios de alquiler, en momentos de una profunda crisis habitacional y fracaso estrepitoso de la Ley de Alquileres (que ahora se busca modificar en forma regresiva en el Congreso). Por caso el CEO de Reporte Inmobiliario, José Rozados, no solo se quejó porque el revalúo perjudicaría a los empresarios del rubro inmobiliario sino que sostuvo que “tampoco es favorable para los inquilinos dado que son costos que, en definitiva, también se trasladan”.

Otros que salieron con los tapones de punta son los terratenientes y empresarios de la Sociedad Rural y el resto de las patronales del campo, reclamando incluso un sendero opuesto de rebajas fiscales, en la previa de su jornada de cese de comercialización el miércoles 13. Esto cuando como vimos las tierras rurales son las que menos tributan, y el Consenso Fiscal eliminó los impuestos a los alquileres de los pooles de siembra. Son choques intrínsecos al pacto de ajuste con el FMI, que todos los capitalistas apoyan pero no quieren que afecte sus bolsillos, en un país donde las exenciones impositivas rondan el 2,7% del PBI.

Finalmente, un revalúo fiscal inmobiliario a escala nacional abre también una senda de impuestazos “federal”, apuntando a suplir los recortes en los giros de la Nación a las provincias con mayor recaudación tributaria, confiscando a la población. Esta política profundiza una estructura impositiva regresiva, en la que la tercera parte de lo que recauda el Estado nacional proviene del IVA que pagamos los consumidores hasta en los artículos más básicos como alimentos, higiene y vestimenta; y tres de cada cuatro pesos que se tributan las arcas provinciales proviene de Ingresos Brutos, que también grava la actividad económica y se traslada a los precios. Esto lo sostienen por igual los gobernadores peronistas y los de la oposición macrista.

El impuestazo fondomonetarista que anunció Batakis suma otro motivo más para ganar las calles con un paro nacional y un plan de lucha hasta derrotar el ajuste. Le oponemos, a esta presión impositiva contra los trabajadores para pagarle al Fondo, el reclamo por la eliminación del impuesto inmobiliario urbano a la vivienda única y un gravamen progresivo a las propiedades ociosas y la especulación inmobiliaria, la valuación de las tierras rurales a sus valores de mercado, además de la remoción del IVA y de la cuarta categoría de Ganancias, junto con mayores tributos sobre las rentas capitalistas y grandes fortunas. En definitiva, una salida de los trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas.