El acuerdo con el FMI lo vamos a pagar los trabajadores no solo con ajuste, inflación, tarifazos y recesión económica, sino también vía impuestos. Como contracara de los recortes en el gasto público, la presión impositiva sobre las familias trabajadoras promete incrementarse para cumplir con las metas de eliminación del déficit fiscal. Se habla de un revalúo inmobiliario en todo el país, mientras la inflación sigue operando como una transferencia de recursos de los consumidores hacia las arcas estatales.

El esquema tributario de Argentina es abiertamente regresivo. Casi la tercera parte de la recaudación impositiva del Estado nacional del año pasado fue aportado por el IVA, el Impuesto al Valor Agregado que fija alícuotas del 21% sobre los consumidores, aún en productos básicos como alimentos, higiene, vestimenta. Golpea en primer lugar a los trabajadores, que destinan al consumo el grueso de sus ingresos (a diferencia de los empresarios que invierten, ahorran o especulan, y tramitan la devolución de buena parte de lo tributado en concepto de Ganancias u otros).

Lo mismo puede decirse a nivel de las provincias, cuyos ingresos tributarios obedecen hasta en tres cuartas partes al impuesto sobre Ingresos Brutos, que también grava la actividad económica y es trasladado por las empresas a los precios de productos y servicios. El Consenso Fiscal firmado por Alberto Fernández con los gobernadores habilita incrementos en este rubro -y de paso desmiente que sea una orientación exclusiva del oficialismo. Junto al IVA, estos dos gravámenes principales crecen en forma automática con la inflación. La espiral inflacionaria es por eso una de las vías fundamentales con las que el gobierno apunta a cumplir las metas fiscales: vía mayor confiscación impositiva a la vez que licúa salarios y jubilaciones.

Entre los compromisos oficiales estaría impulsar un revalúo inmobiliario en todo el país. Un aumento general en la valuación de las propiedades, sobre las que se fija el impuesto inmobiliario urbano, impactaría en una mayor recaudación de las provincias, pero también del Estado nacional porque empuja al alza la base sobre la que se paga el tributo Bienes Personales (un columnista estima que podrían ser 65.000 millones de pesos extra este año, y el doble en 2023 –Ámbito Financiero, 3/3). Esto redundaría en mayor carga sobre las familias con vivienda única y encarecerá aún más los alquileres, mientras que con seguridad quedarán exentas del revalúo las propiedades rurales, que detentan grandes terratenientes y cuyas valuaciones fiscales son irrisorias respecto del valor de mercado.

Como sea, Bienes Personales apenas representó en estos dos primeros meses de 2022 un 1,5% de la recaudación según el Ministerio de Economía, y perdió casi 20 puntos con la inflación -cuando en términos generales los ingresos tributarios la superaron ampliamente. Por este gravamen, considerado como el más progresivo, ingresa bastante menos que por los impuestos a los Combustibles que pagamos todos en el surtidor, e incluso menos que la cuarta parte que por Créditos y Débitos sobre toda operación bancaria. Ganancias es un ítem muy importante dentro del total, pero abarca en su cuarta categoría a más de un millón de asalariados, y las patronales lo descuentan de otros tributos.

Dicho esto, los capitalistas se han puesto en guardia ante un presumible aumento de la presión impositiva. Pueden adivinarse protestas de sectores patronales que, siendo acérrimos partidarios de acordar con el Fondo, se vean afectados por su puesta en práctica. Será un acicate a la crisis política que cruza al oficialismo y la oposición derechista. Julián Domínguez descartó subas en retenciones a las exportaciones para descomprimir el alerta del agro. Más de uno se agarra el bolsillo, en un país donde las exenciones fiscales equivalen hoy al 2,67% del PBI (DiarioAr, 3/3), más que todo el déficit primario al que aspira cerrar el año Martín Guzmán para cumplir con los dictados del FMI.

Sin perjuicio de ello, la clase capitalista afronta este cuadro de forma antagónica a los trabajadores. La precarización laboral del 40% de la masa de asalariados es una gigantesca evasión impositiva que vacía las cajas previsionales. Se insiste en que hace falta una reforma jubilatoria para equilibrar las cuentas y el gobierno fomenta la extensión de la edad de retiro, pero ninguno insinúa la reposición de los aportes patronales reducidos por el menemismo. Vale señalar también que tanto en materia de cargas sociales como del IVA las empresas incumplen para luego adscribirse a planes de pago, por lo que lucran reteniendo el dinero de trabajadores y consumidores. Mientras, para los grandes rubros de exportación copados por pulpos nacionales y extranjeros se prometen regímenes de beneficios impositivos.

Contra la confiscación que se viene, vía impuestazos e inflación, es preciso levantar un programa opuesto: gravar progresivamente la renta y las grandes fortunas en lugar de a los consumidores, y eliminar la cuarta categoría de Ganancias que alcanza a los salarios; eliminación de impuesto a la vivienda única y fijación de mayores alícuotas sobre los terrenos y hogares ociosos, además de un revalúo que debe empezar por la gran propiedad rural; pase a planta permanente bajo convenio de todos los precarizados y reponer los aportes patronales; nacionalización de la banca y el comercio exterior para cortar con la enorme evasión y la fuga de capitales.

Por lo demás, un esquema tributario menos regresivo no puede destinarse de todas maneras a saldar el pago de una deuda externa usuraria y fraudulenta, sino que debe estar al servicio de satisfacer las necesidades sociales en el marco de un plan de desarrollo nacional bajo la dirección de los trabajadores, que son los que producen la riquezas que otros saquean.

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