La apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso fue una postal de la crisis política, que ha pegado varios saltos en las últimas semanas. Expuso de una manera nítida las divisiones que recorren a todos los bloques políticos principales, tanto en el oficialismo como en la oposición. El faltazo de Máximo Kirchner fue interpretado como un nuevo desaire al Presidente, aunque los diputados camporistas y sus aliados sí se hicieron presentes. Por el lado de la oposición, la decisión de retirarse del recinto de los diputados y senadores del PRO fue cuestionada por sus aliados de Juntos por el Cambio, tanto de la UCR como de la Coalición Cívica. En estas condiciones, la “apertura” de sesiones se asemejó más al cierre de estas, ya que nadie cree que el Congreso funcione durante el resto del año. De hecho, el gobierno viene de sufrir un fuerte revés al no poder garantizar las sesiones extraordinarias que había convocado a partir de febrero. Así, los proyectos legislativos que detalló Alberto Fernández serán cajoneados con seguridad.

FMI

El telón de fondo de la crisis política es el acuerdo con el FMI. Es sabido que el faltazo de Máximo Kirchner se debe a que el hijo de la vicepresidenta cuestiona los términos del acuerdo. Su planteo no es romper con el Fondo, sino lograr un acuerdo en términos distintos. La inconsistencia del planteo salta a la vista, ya que el FMI rechazó propuestas alternativas realizadas por el gobierno. En dos años de negociación se opuso a aceptar cualquier demanda del gobierno, sea ejecutar una quita de capital, reducir la tasa de interés, extender los plazos de pago e incluso eliminar los punitorios por los cuales el país ya lleva pagados más de 3.000 millones de dólares. En estas condiciones, insistir en buscar un acuerdo distinto carece de seriedad. Como le respondió implícitamente Alberto Fernández, “este es el acuerdo posible”. Lo contrario es romper con el FMI, una opción que fue borrada adrede del GPS del kirchnerismo. Solo queda, por lo tanto, tomarse la cicuta del ajuste y aprobar el acuerdo en el Congreso. La inconsistencia argumental de Máximo Kirchner se traduce en su inconsistencia política. El dirigente de La Cámpora se ausenta en soledad de la sesión, mientras les ordena a los suyos hacerse presentes y a los funcionarios que le responden quedarse en sus cargos en el gobierno. Así, su ausencia no pasa de una maniobra política de corto vuelo para intentar salvar el pellejo ante el seguro fracaso de la política oficial.

La división de la oposición sigue un curso parecido. Los macristas que se retiraron del recinto lo hicieron ofendidos porque Alberto Fernández calificó al préstamo del FMI solicitado por Macri como un acto delictivo y le pidió a la Justicia que lo investigue. Sin embargo, deberían estar agradecidos, ya que el acuerdo del gobierno con el FMI implica antes que nada la legalización de ese crimen. El favor al expresidente incluso puede ser mayor. Como diría un abogado, la denuncia va a devenir abstracta porque el nuevo acuerdo hace desaparecer el “cuerpo del delito”. En cualquier caso, el batifondo realizado por los diputados y senadores del PRO no debe llamar a engaño. Hace pocas semanas, en una reunión especial convocada con sus economistas, el PRO resolvió votar a favor del acuerdo porque finalmente es lo que reclaman todos los capitalistas y el capital financiero internacional.

La paradoja de la situación no puede ser más evidente: todas las fuerzas del régimen se alinean para votar un pacto con el FMI, del que, sin embargo, se quieren despegar aun antes de que haya sido aprobado. Esto se debe a que todos descuentan el fracaso del mismo, sabiendo que en el mejor de los casos servirá solo para patear para adelante el default inevitable de la deuda. Además de fracasar, el acuerdo va provocar un altísimo costo (y un cimbronazo) entre los trabajadores que ninguno quiere asumir.

Ajuste

Mientras los propios faltaban y los opositores se retiraban, Alberto Fernández anunció que el ajuste sería aún mayor al que se comunicó originalmente. La cuestión de las tarifas volvió a ocupar el lugar central. La buena nueva es que ahora el aumento no sería del 20%, como el gobierno aprobó hace solo un par de semanas en una audiencia pública, sino que estaría en línea con los aumentos de los salarios o un poco por debajo de estos. Frente a una inflación que todos descuentan tendrá un piso del 60%, aun con salarios perdidosos que aumenten un 55%, las tarifas rondarán ese porcentaje, o sea un 175% a lo aprobado en las audiencias públicas. Además se extenderá la segmentación, lo que involucrará a sectores muy amplios en tarifazos de la magnitud de los de Aranguren. De más está decir que el impacto en la canasta familiar será enorme, agravando otra vez la inflación y con ello la desvalorización de los salarios. Pero incluso un tarifazo de estas dimensiones podría no ser suficiente, dado que la guerra en Ucrania ha impactado en el precio del gas que Argentina importa, sumado al hecho que la aceleración de la devaluación mayor implicará un mayor valor en pesos de ese mismo gas. Como el propio mecanismo del acuerdo impone una revisión trimestral de las cuentas, si un aumento del 55% no logra el objetivo de bajar el déficit, el FMI impondrá medidas de ajuste adicionales bajo la amenaza de cancelar los nuevos préstamos y mandar al país al default.

Junto con el aumento de las tarifas, Alberto Fernández confirmó que el gobierno quiere subir la edad jubilatoria. La admisión fue bajo la forma de una maniobra discursiva. Para el Presidente, no se le puede negar a nadie el derecho a seguir trabajando voluntariamente. Pero cuando las jubilaciones están en la línea de indigencia, tal elección voluntaria no existe. La libertad de decisión se reduciría a trabajar hasta la muerte o jubilarse y transformarse en indigente. Sobre la eliminación de los regímenes especiales no abrió la boca, mostrando otra vez que quien calla otorga.

Aunque Alberto Fernández afirmó varias veces que el acuerdo no pone en peligro el crecimiento el país, lo cierto es que en la letra chica que se conoció la estimación de crecimiento es bajísima para los próximos años. La lógica fue explicada por los economistas: si Argentina crece, necesita dólares para bancar las importaciones. Pero esos dólares deben ir al pago de la deuda. Dicho de otro modo: el pago de la deuda es incompatible con el crecimiento. Una omisión grande del discurso es que no dijo una palabra de las reservas y la fundición del Banco Central, lo que pone nuevas y mayores devaluaciones a la vuelta de la esquina todo el tiempo.

A movilizarse al Congreso

Las maniobras de los opositores de adentro y fuera del gobierno no pasan de maniobras impotentes. El acuerdo, que dicho de paso sigue sin estar y que todavía puede traer nuevas “sorpresas”, será aprobado cuando así lo disponga el FMI. La sobreactuación de las peleas internas mucho se debe a la falta de divergencias de principios. O dicho de otro modo: la mejor manera de disimular que todos van a votar el acuerdo es armando peleas sin contenido.

La oposición real al acuerdo ajustador es una tarea que le compete por entero a los trabajadores y los sectores populares. Sin embargo, la burocracia sindical y la cúpula de los movimientos sociales ligada al gobierno defiende a capa y espada el pacto con el FMI. La convocatoria a un paro general contra el pacto sería una medida elemental para comenzar un plan de lucha en serio, pero la burocracia rechaza cualquier acción. El reclamo no deja de ser justo, porque de lo que se trata es de plantear lo que deben hacer las organizaciones obreras y no de limitar las consignas a la política de la burocracia. El plenario convocado para el 5 de marzo del sindicalismo combativo debatirá esta cuestión para darse un plan de movilización, poniendo el eje en la necesidad de involucrar a los trabajadores y sus organizaciones en esta lucha. En el mismo sentido, la asamblea en Plaza de Mayo convocada para el 11 y 12 de marzo por el Frente de Lucha Piquetero tendrá el mismo objetivo. La lucha contra el pacto con el FMI supone dirigirse al conjunto de las barriadas populares, incluso a los sectores que están bajo la égida de las organizaciones oficialistas.

Junto con ello, el espacio que ha realizado las marchas de diciembre y febrero contra el pacto con el FMI ya resolvió una movilización de masas para cuando se trate en la Cámara de Diputados. Garantizar esa movilización masiva por medio de una agitación en los lugares de trabajo, de estudio y en las barriadas pasa a ser el centro de nuestra política.

El FMI es el brazo financiero del imperialismo, lo mismo que la Otan es su brazo militar. Nuestro mejor aporte a la lucha contra la guerra imperialista que ya envuelve a Europa es derrotar en Argentina el acuerdo con el FMI.

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