La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, confirmó que en las próximas horas el Ejecutivo enviará el acuerdo arribado con el FMI al Congreso para darle tratamiento durante el mes de marzo. El tiempo apremia para el gobierno, ya que se aproximan vencimientos por USD 2.800 millones y necesita de un desembolso del Fondo para poder afrontarlos. Se profundiza de este modo un rumbo de tarifazos, mayor ajuste y endeudamiento y ataque a las jubilaciones. Al mismo tiempo, se establece de manera formal un régimen de cogobierno con el FMI, donde la tutela del organismo sobre la economía nacional será total bajo la forma de auditorías trimestrales y rondará permanentemente el fantasma del default.

En cuanto a las tarifas, punto controvertido de la negociación, queda confirmado que los aumentos se guiarán por el Coeficiente de Variación Salarial con porcentajes que llegarán hasta el 80% del mismo y hasta el 40% en el caso de los beneficiarios de programas sociales. Así las cosas, la suba del 20% en el gas y en la luz para la mayoría de los usuarios consiste en el primer aumento del año, seguido por muchos otros a partir de la nueva fórmula de actualización. En abril tendrán lugar nuevas audiencias públicas para definir el siguiente incremento, y, en el año, el tarifazo en los servicios públicos podría llegar tranquilamente al 40%. Consiste en un duro golpe al bolsillo popular, particularmente brutal en el caso de los trabajadores informales y desocupados. Para quienes ya tienen cerrada su paritaria, este ataque es absolutamente confiscatorio.

Sucede que la reducción de subsidios energéticos, compensados con tarifazos sobre los usuarios para no perjudicar a las petroleras y empresas de energía, es uno de los puntales mediante los cuales se pretende alcanzar las metas fiscales impuestas por el FMI y que el déficit primario 2022 no supere el 2,5% del PBI hasta llegar a 0 en 2025. Otra variable de ajuste serán sin dudas las jubilaciones, donde el gobierno apunta a extender de manera “voluntaria” la edad jubilatoria y atacar los regímenes especiales. Ocurre que la extensión de la informalidad laboral empuja a los trabajadores en edad de jubilarse a seguir en actividad ante la falta de aportes, con lo que la “voluntad” en este caso está fuera de discusión.

El acuerdo también le pone coto a la asistencia social en momentos donde arrecia la pobreza e incluso ha trascendido que toda esa política quedará bajo el arbitrio del Banco Mundial. Además, el memorándum no se priva de meter la cuña en los derechos laborales de los trabajadores estatales buscando que los salarios del sector público estén atados a la recaudación y no al incremento del costo de vida. Por otra parte, el sendero fiscal convenido también promete nuevos impuestazos sobre la población trabajadora, reforzando el carácter regresivo de la estructura tributaria del país, donde el grueso de la recaudación se obtiene de impuestos al consumo como el IVA. A su vez, la escalada inflacionaria seguirá a cargo de la tarea de licuar el gasto público, como otra forma de ajuste.

Otro punto sustancial del pacto con el FMI es el crecimiento de la deuda. Las restricciones a la emisión monetaria llevan a que el déficit fiscal se financie a través de colocar títulos del Tesoro o contrayendo préstamos con distintos organismo multilaterales. A su turno, los préstamos previstos por parte del Fondo para cancelar vencimientos también acrecentará los niveles de endeudamiento. Finalmente se abre un régimen de cogobierno con el FMI, donde el organismo revisará trimestralmente las cuentas nacionales y condicionará los desembolsos a la evolución del ajuste; la amenaza del default será el argumento gubernamental para incurrir en nuevas capitulaciones.

Una entrega que cuenta con el apoyo tanto del oficialismo como de la oposición patronal, puesto que se trata de una demanda central del la clase capitalista, presurosa de reingresar al mercado de crédito internacional. Sin embargo, el Congreso dividido a estas horas responde a que ninguna de esas variantes quiere cargar con el costo político del acuerdo, a sabiendas de las consecuencias sociales devastadoras que acarrea, y, a su vez, las exigencias del FMI suscitan choques al interior de la propia burguesía. En ese sentido, el pacto en puertas no hará más que acentuar la crisis política que anida en el seno del Frente de Todos y que también asola a la oposición derechista.

Desde el Frente de Izquierda nos opondremos a este acuerdo humillante, con nuestro voto negativo en el Congreso y llamando a copar las calles para derrotarlo. Fuera FMI, no al pago de la deuda usuraria, por una salida de los trabajadores a la crisis.

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