Los “incentivos” que prepara el gobierno nacional para que los trabajadores extiendan su vida laboral al menos hasta los 70 años son un eslabón más en el proceso de liquidación de las jubilaciones como un salario diferido, que debieran garantizar a quien aportó durante toda su vida laboral el ingreso necesario para cubrir sus necesidades para una normal subsistencia en los años posteriores a su retiro.

Esto fue anunciado como de carácter “voluntario” -como ya existe desde hace más de cuatro años-, pero está muy lejos de serlo porque, según adelantó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en el actual cuadro de haberes de miseria que obliga los jubilados a complementar de alguna manera sus ingresos, si quieren alcanzar algunos puntos más en lo que cobren deberán seguir trabajando hasta alcanzar esa edad de retiro “voluntaria”.

Como en el régimen actual el recorte del ingreso en el haber jubilatorio inicial es brutal respecto de los salarios en actividad (también bajos) y apenas alcanza, en promedio, al 50% de lo que cobraba -el FMI plantea reducirlo aún más-, la presión para seguir trabajando no tiene ni tendrá nada de optativa. Actualmente, cuatro de los poco más de seis millones de jubilados y pensionados cobran haberes que están por debajo de los niveles de indigencia.

Esa presión adicional, al obligar al trabajador a mantener su empleo, también va a presionar sobre el mercado de trabajo y a potenciar la desocupación, ya que no se producirá el reemplazo de las personas que debieran jubilarse. Así, si se impone este mecanismo, habría ahora entre cinco y diez años (por la extensión para hombres y mujeres) sin nuevos puestos de trabajo provenientes de las jubilaciones.

Para el gobierno, que se lo entrega como ofrenda al FMI, esto también supone cinco años adicionales de aportes para las cajas en el caso de los primeros y de diez en el de las mujeres, logrados con un esfuerzo extra de trabajadores y trabajadoras, y un lapso similar sin tener que pagar esos haberes jubilatorios.

Además, si se tiene en cuenta que la expectativa de vida en la Argentina es de poco más de 71 años para los hombres (un poco más para las mujeres), el cargo para el Estado de los haberes a pagar en ese caso se limitaría a algo más de un año en promedio, cuando el trabajador habría aportado, a la edad de retiro, no menos de 30 y hasta 40 años  o más a las cajas de jubilaciones.

Que la miseria jubilatoria ya impone la extensión nada voluntaria de la vida laboral lo muestran los datos del propio Ministerio de Trabajo, de que actualmente hay 290 mil personas que superaron la edad de retiro y siguen trabajando porque el haber previsional no les alcanzara para vivir, y otros 285 mil que ya jubilados han retomado sus tareas para poder cubrir sus necesidades -y aportan graciosamente a las cajas de jubilaciones pero no reciben ni recibirán ningún incremento en sus haberes por estas aportaciones.

En cuanto a la revisión de los denominados regímenes especiales el presidente Fernández y el ministro de Economía aclararon que no se trata de los que involucran, entre otros, a trabajadores docentes sino solo a jueces y diplomáticos. Pero el borrador de acuerdo con el Fondo que está circulando -y ninguna autoridad se ocupó de desmentir su autenticidad- plantea la revisión de los “regímenes especiales” sin ninguna especificación. Y seguramente no se trata de una omisión involuntaria.

Cabe recordar que el gobierno de los Fernández apenas asumió congeló la movilidad jubilatoria, lo que provocó una pérdida de casi el 20% en los haberes, y además trató de imponer la revisión de todos los regímenes especiales sin distinción, aunque luego tuvo que retroceder por temor a la respuesta de los trabajadores involucrados, especialmente los docentes.

Un adelanto de que la ofensiva alcanzará también a los docentes fue la declaración que deslizó  el presidente Fernández de que podría “invitarse” a los maestros a demorar la edad de retiro. Esa invitación, nuevamente, no solo bloqueará puestos de trabajo para los más jóvenes, sino que solamente resulta concebible en el plan oficial si es acompañada con un intento de liquidar los regímenes especiales.

En este cuadro la aseveración del ministro de Economía, Martín Guzmán, y también del presidente Fernández, de que “no habrá ninguna reforma jubilatoria” es de una total falsedad: no solo porque la reforma se viene aplicando progresivamente desde hace años llevando los haberes de la mayoría de los jubilados a niveles de miseria, sino que las medidas que pretende poner en marcha el gobierno son una nueva vuelta en este sendero.

La “garantía” de Guzmán de que “se mantendrá la fórmula de movilidad sancionada en 2020”, que ya le ha hecho perder poder de compra a los jubilados y este año seguramente seguirá esa tendencia, es otra certificación de que la política oficial tiene como objetivo depreciar todos los haberes jubilatorios para convertirlos en una pensión a la vejez a los niveles de la PUAM (80% de la jubilación mínima).

Para el gobierno y para el FMI se trata de lograr la “sostenibilidad” del sistema descargando los recortes sobre las espaldas de los trabajadores jubilados, sin tocar los intereses de los capitalistas, principales responsables del desfinanciamiento de las cajas.

Según datos del Anses, la población económicamente activa sobre el total de la población alcanza el 46,7%, pero los aportantes al sistema de previsión alcanzan solo al 25,6%, lo que muestra la enormidad de las cifras del trabajo en negro que crece sistemáticamente desde hace años y que genera un desfinanciamiento del Anses y de las demás cajas jubilatorias, y un desfalco por parte de las empresas empleadoras en su exclusivo beneficio, que jamás fue atacado por ninguno de los gobiernos que se sucedieron en las últimas décadas. Este cuadro se expresa de manera dramática en el hecho de que nueve de cada diez personas en edad de jubilarse próximamente no tienen los aportes necesarios para hacerlo. Esto requiere una urgente moratoria habilitando la jubilación integral, porque las víctimas no son responsables. Lo contrario de lo que se planea.

Tampoco se plantea reponer las reducciones de los aportes patronales, que fueron concedidas a los empresarios por todos los gobiernos desde más de dos décadas.

La ofensiva que prepara el gobierno es contra todos los jubilados, actuales y futuros. Y en esto no hay grietas.

La crisis del sistema jubilatorio es responsabilidad de los capitalistas. La salida está en terminar con el trabajo en negro, que se repongan los aportes patronales que fueron reducidos o eliminados, y que se grave a las grandes rentas y fortunas para cubrir las necesidades de los adultos mayores. Estas son: inmediato aumento de emergencia, que reponga lo perdido durante el macrismo y en los dos años del gobierno actual; que el haber sea equivalente al 82% móvil de un salario que cubra el costo de la canasta familiar, incluido el alquiler.

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