El pasado 17 de marzo se conoció el rechazo de la Justicia federal al amparo presentado en Tucumán contra la ley de interrupción voluntaria del embarazo (Ley 27.610) aprobada en diciembre de 2020. Desde la Asociación de Investigación y Desarrollo para la Integración (AIDI) se  interpuso un amparo contra el Estado Nacional para que se considere inconstitucional. Dicha asociación carece de registros claros en internet sobre cuál es su naturaleza y alcance.

“El Juzgado Federal de Tucumán N° 1 rechazó in limine la acción de amparo presentada por una asociación, a los efectos de que se anule la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en virtud de inexistencia de un caso o controversia concreta y de la falta de legitimación procesal activa para accionar en la causa” (Palabras del Derecho, 17/3).

Cabe destacar que durante el mes de enero, una estrategia similar llevaron adelante desde FASTA (Fraternidad de Asociaciones Santo Tomás de Aquino) en la provincia de Chaco, aduciendo que el artículo 15 inciso 1 de la Constitución chaqueña garantiza el derecho “a la vida y a la libertad, desde la concepción” y por lo tanto se contrapondría con la norma nacional que legaliza y reglamenta la interrupción voluntaria del embarazo.

“La jueza de feria María Beatriz Aucar de Trotti, a cargo de un juzgado civil y comercial de Resistencia, dio lugar a la medida cautelar para la suspensión de la ley 27.610 sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), una maniobra esperada desde los sectores de antiderechos que en la provincia se encuentran encabezados por la exdiputada Clelia Ávila de la UCR y actual pastora evangélica y el gobernador Jorge Capitanich del PJ”, explicaba entonces una nota en Prensa Obrera.

Hace pocas horas un fallo firmado por las juezas Eloísa Barreto y Wilma Martínez de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia revocó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la mencionada medida cautelar.

En todas las provincias los sectores celestes (Iglesia católica y evangélicas) tienen una fuerte injerencia producto de los lazos políticos con los partidos gobernantes que incluye subsidios, lugares en oficinas estatales, en comités de bioética en los hospitales, otorgamientos de tierras, etc. La estrategia legal que llevan adelante es la misma operatoria que fuera anunciada en las exposiciones de legisladoras/es que se manifestaron contra la ley IVE en ocasión de su debate en el Congreso nacional.

Desde el Plenario de Trabajadoras llamamos a todas las organizaciones a tomar las calles toda vez que se intente avasallar nuestros derechos, así como a llevar adelante una campaña en regla por la separación de la Iglesia y el Estado. Basta de lobby clerical. Ningún bloqueo al aborto legal.