En el día de hoy el juez de Garantías 1 de Orán, provincia de Salta, Francisco José Oyarzú, determinará si llevará a juicio a Yolanda Vargas, una trabajadora rural de Colonia Santa Rosa acusada de homicidio culposo por la muerte de sus dos hijos, quienes fallecieron el pasado 9 de febrero víctimas de un incendio producido en la casilla precaria en la que vivían, a causa de una falla eléctrica. Por este motivo, se llevará adelante una jornada de lucha nacional rechazando la criminalización a Yolanda y exigiendo su sobreseimiento.

Apenas ocurrido el trágico episodio en el que los hijos de Yolanda, de 4 y 6 años, perdieron la vida, la fiscal de graves atentados contra las personas de Orán, Claudia Carreras, pidió que Yolanda Vargas fuera a juicio, acusada de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. La joven fue inmediatamente detenida y recién logró su excarcelación en el mes de marzo. Sin embargo, continúa imputada bajo la carátula de homicidio culposo.

La criminalización de Yolanda consiste en un ataque por parte de la Justicia de Sáenz hacia el conjunto de las mujeres trabajadoras. Es el propio Estado el que debería estar en el banquillo de los acusados, ya que es el único responsable de que Yolanda y sus hijos se vieran obligados a vivir en un contexto de absoluta precariedad, sin acceso a una vivienda digna, sin estabilidad laboral y sumergidos en la pobreza más extrema. Ella era jefa de hogar, y, en medio de la pandemia, tenía que elegir entre dejar en su casa a sus hijos para salir a trabajar o que su familia muriera de hambre.

De este modo, Yolanda no solo tuvo que padecer la pérdida de sus hijos fruto de una tragedia evitable, sino también cargar con un proceso judicial que la criminaliza por ser pobre y por ser mujer. En ese sentido, reclamamos su sobreseimiento inmediato, exigencia que viene ganando un amplio apoyo popular ante tamaña injusticia de que quienes menos tienen paguen los platos rotos de un régimen que hunde en la miseria a la población.