Se están realizando importantes actividades de lucha por la absolución para Yolanda Vargas, la joven madre salteña que perdió a sus hijos en un trágico incendio de la casilla de madera en la que vivían. La justicia de Salta la culpabiliza por la muerte de los niños y, sin pruebas concluyentes, se elevó el caso a juicio.

Desde el principio, el caso de Yolanda estuvo marcado por un fuerte sesgo clasista y machista; el día que ocurrieron los hechos Yolanda fue inmediatamente detenida y trasladada en un fuerte operativo de seguridad con chaleco antibalas y esposada, esgrimiéndose peligro de fuga o de resistencia violenta, siendo que ella se encontraba devastada por la pérdida de sus dos hijos. No se le permitió ningún duelo, ya que estuvo detenida por 23 días. Gracias a la movilización, fue puesta en libertad.

La fiscal insiste en que hubo abandono de personas, desconociendo la realidad de pobreza en la que vivían. Yolanda se retiró de su domicilio para hacer compras, ya que vive de vender comidas en ferias y el siniestro se produjo en ese momento; los bomberos dan cuenta que fue un desperfecto eléctrico el responsable.

¿Acaso la fiscal no vio el entorno general del barrio, donde decenas de familias viven en las mismas condiciones, en casas precarias de madera, y que las probabilidades de accidentes domésticos son más altos? ¿No sabe acaso que las trabajadoras precarizadas se ven obligadas a dejar a sus hijos solos para trabajar porque apenas comen y no tienen la posibilidad de pagar una niñera?

Encima, la fiscalía presenta como testigo al padre de los niños fallecidos siendo que nunca se hizo cargo de sus hijos, ni económicamente ni afectivamente.

No es la primera vez que la justicia salteña se ensaña con las mujeres y las criminaliza por ser pobres. Es costumbre que el Estado les saque los niños a mujeres pobres y los mande a hogares estatales indignos donde terminan fugándose para escapar de malos tratos; no se conoce antecedentes de que un juez ordene al Estado resolver la situación de pobreza en la que viven miles de niñes ni de que entreguen una vivienda.

Solo una vez ocurrió que mediante un amparo la justicia le ordenó al Estado provincial entregar una vivienda a una madre y dos niños que sobrevivieron a un incendio de una casilla de madera, porque los niños necesitaban condiciones habitacionales higiénicas elementales como baño de primera para poder recuperarse; en ese entonces el gobierno de Juan Manuel Urtubey le entregó una solución habitacional de dos piezas y un baño en un medio terreno. Tampoco le dieron una casa del IPV, mezquinos hasta el último momento.

El juicio a Yolanda Vargas empieza el 3 de febrero en los tribunales de Orán, justamente la localidad donde la justicia está infiltrada por los narcos; se sienta en el banquillo de los acusados a una madre pobre para encubrir la responsabilidad del Estado en la pobreza de miles de salteños y de niñes.

Abajo esta infame criminalización de una mujer pobre, absolución para Yolanda Vargas ya.

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