El sábado 17 de abril la población de la provincia de Santa Cruz se enteró, por medio de una publicación en su cuenta personal de Facebook, que el vicegobernador Eugenio Quiroga se tomaba una licencia por 45 días ante una denuncia en su contra. La gravedad de la misma, por lo que filtraron distintos medios, podría implicar el abuso de un menor.

Licencia Vip

El vicegobernador en su posteo dice tomarse licencia de su cargo para “no entorpecer el trabajo de la Justicia”, en un intento de darle cierta credibilidad a un accionar que ha demostrado su amparo e impunidad ante hechos de abuso y violencia de género, en general, y particularmente cuando involucra a funcionarios. Sin embargo, esto no es lo que corresponde. En 45 días, Quiroga volvería a sus funciones, estando en proceso la investigación. Lo que vale para estos casos, es la separación preventiva del cargo hasta que se resuelva la situación judicial y no por escasos días, como informaron oficialmente desde el gobierno. Es una decisión que debe tomar la gobernadora Alicia Kirchner y ratificar la Cámara de Diputados.

El Estado encubre

Vemos entonces que el accionar judicial y político es de amparo y protección a los denunciados. Tal es el caso de la condena mínima por abusos a una menor al exconcejal Martínez en Caleta Olivia, a quien por los agravantes de reiteración y convivencia le correspondían 10 años y no 4 como lo sentenciaron. O el beneficio de prisión domiciliaria a un referente y excandidato del Frente Para Todos de Caleta Olivia, Claudio Pagano, con denuncias por abusos a dos mujeres de su círculo familiar. Cabe agregar también al comisionado de fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, denunciado por acoso, quien se mantiene en el cargo y promovió una caravana en apoyo a su persona, cuando la joven hacía pública las capturas de chats y denuncia penal realizada.

Eugenio Quiroga es parte de un gobierno que no ha solicitado un enjuiciamiento a jueces que han actuado amparando abusadores ni violentos, justamente porque son estos mismos magistrados quienes luego actúan judicialmente para procesar luchadores o desalojar conflictos, según considere el Ejecutivo provincial. Tal es el caso del juez Quelín en Las Heras que tenía una investigación por violencia de género, o que en 2016 su propio Juzgado lo dejara libre al atropellar en estado de ebriedad a una niña en Perito Moreno. Que la Justicia está ligada al poder político lo prueba también la designación del exgerente de Servicios Públicos de Caleta Olivia, Juan José Naves a juez de Paz, luego de estar al frente de los servicios públicos de una población que exige obras públicas para abastecerse sin inconvenientes de los servicios esenciales como lo son agua y electricidad.

Bozal mediático

La Justicia inmediatamente se aprestó a colocar un bozal judicial hacia los medios de comunicación, con la intención principal de que no se hable del vicegobernador. Es un bozal que incluso se les aplica a la víctima y sus familiares por si quisieran manifestarse públicamente. La resolución judicial debería haberse volcado solo en el sentido de que no se divulgue información referida a la identidad y filiación de la víctima, no como restricción mediática que bien puede ser utilizada en otros casos que involucran funcionarios.

Desde el Partido Obrero y el Plenario de Trabajadoras reclamamos a la gobernadora Alicia Kirchner y a la Cámara de Diputados que separe preventivamente del cargo al vicegobernador Eugenio Quiroga, hasta tanto se resuelva la acción judicial. Además, que la investigación en primer término resguarde a la víctima tanto en su privacidad como en impartir Justicia. Para ello y ante un accionar judicial ligado al poder político, y siendo el denunciado el vicegobernador, reclamamos que puedan intervenir abogadxs querellantes por parte de organizaciones de mujeres independientes del Estado. Como en el caso del exconcejal Emilio Maldonado en Río Gallegos, del que se logró la separación del cargo y su encarcelamiento a la espera del juicio, gracias a la acción de la movilización popular y de las organizaciones independientes de mujeres en apoyo a los familiares de las víctimas.

Llamamos además a las mujeres, disidencias y al conjunto de la clase obrera a movilizarse en reclamo de Justicia, no más impunidad ni privilegios hacia los funcionarios denunciados por abuso o violencia de género.