Según un informe reciente, elaborado por el Observatorio “Ahora que sí nos ven”, durante el período de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo) y el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Dispo), se perpetraron 288 femicidios en total. Es decir, desde el 20 de marzo de 2020 al 19 de marzo del 2021 se ha perpetrado un asesinato por razones de género cada 30 horas.

Los datos registrados dan cuenta que el 42% de los femicidios fue cometido por la pareja de la víctima, mientras el 21,9% por exparejas; a su vez, el 65% de los mismos ocurrió en la vivienda de la víctima. Por otra parte, 46 mujeres asesinadas -el 16% del total- habían radicado la denuncia, y 20 -el 7%- contaban con medidas judiciales. En 25 casos los agresores pertenecían a las fuerzas represivas.

Estas cifras alarmantes son el caldo de cultivo de la indignación popular que suscitó la escalada de femicidios, reconociendo al Estado como el principal responsable de este flagelo. Al mismo tiempo, el gobierno -que había encontrado en la agenda de movimiento de mujeres un terreno de demagogias-  utilizó como tabla de salvación atribuirle la raíz del problema exclusivamente al Poder Judicial, batiendo el parche sobre la necesidad de una reforma feminista en la Justicia, la cual nunca impulsó.

La impostura del planteo se puso rápidamente de manifiesto con la presentación realizada por la Asociación de Abogadas Feministas de Argentina (Abofem Argentina), donde denunciaba al Consejo de Magistratura de la Nación por haber presentado pliegos con jueces y juezas, que luego fueron nombrados en el 2020 por el Poder Ejecutivo y el Senado (comandado por Cristina Kirchner), de los cuales 52 integrantes no contaban con capacitación en perspectiva de género. Esto demuestra que las críticas hacia la Justicia por parte del gobierno en materia de género son completamente oportunistas y brillaban por su ausencia hasta ayer nomás, tiempos en que Alberto Fernández y su bloque político votaban nóminas de jueces sin reparar en el asunto.

Tampoco aparece mayor avance de lo que se votó en el Consejo de Magistratura el pasado 8 de marzo, acerca de crear un registro único de magistrados y magistradas denunciados por mal desempeño en la actuación de casos de violencia de género; junto con la realización de auditorías en los juzgados para monitorear las respuestas que se brindaron a las denuncias que involucran hechos de violencia de género y el cumplimiento de la Ley Micaela. Como se ve, estamos hablando de una aspirina, en la medida que proliferan fallos aberrantes, como la vuelta a prisión de María Ovando, o la revinculación a la fuerza de Lucio con su padre, denunciado de abuso; mientras lxs juecxs que toman estas determinaciones infames continúan en sus puestos.

No solamente se trata de medidas inocuas frente a la magnitud del problema, sino que además, naufragan en su totalidad. La misma suerte corrió el proyecto de ley presentado por la diputada nacional del Frente de Todos, Cristina Álvarez Rodríguez, en el que proponía liberar a la víctima de violencia de género de la carga de notificar al agresor de las medidas preventivas urgentes dispuestas por el juez -como sucede hoy en día- colocando esta responsabilidad en el Poder Judicial; y al mismo tiempo, disponía la obligatoriedad de que el juez revea y modifique medidas de protección en caso de incumplimiento de las mismas, como así también, se planteaban “una serie de sanciones destinadas a compeler al agresor a cumplir con las medidas dispuestas, como la retención de la licencia de conducir, el pasaporte, la prohibición temporal de ingreso al club de interés del agresor y/o a eventos sociales o la realización de trabajos comunitarios” (Télam, 12/3). Ni siquiera se llevaron adelante estas modestas iniciativas, lo cual deja claro que la voluntad política del gobierno para combatir los femicidios es nula.

A los anuncios incumplidos, se le suma la reedición de los mismos presentándolos como novedosos. En esta práctica vergonzante incurrieron Alberto Fernández y la ministra Gómez Alcorta cuando prometieron en julio 2020 construir apenas 14 centros territoriales para asistir a las víctimas de violencia de género, lo cual no sucedió, y el mismo aviso fue relanzado en marzo 2021. Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lanzó el programa “Comunidades sin Violencia” en octubre 2020 -contemplando un fondo miserable de $60 por mujer- que no se implementó, y en marzo de este año volvió a realizar un acto sobre la misma iniciativa.

 

 

La precariedad en la asistencia a las víctimas no es patrimonio exclusivo del oficialismo. Allí donde gobierna Juntos por el Cambio ocurre lo mismo, como en Ciudad de Buenos Aires, donde los Centros Integrales de la Mujer (CIM) recibieron en cuatro años tan solo un 39% de aumento en el presupuesto asignado, mientras que la inflación en ese período fue del 277% y, por lo tanto, tienen graves problemas edilicios, el personal se encuentra precarizado y el patrocinio jurídico que ofrecen es muy limitado. Además, existen tan solo 15 CIMs (9 de ellos gestionados por ONGs) en la ciudad, lo cual ni siquiera alcanza para cubrir lo que estipula la ley, que es la existencia de uno cada 50 mil mujeres. (Página 12, 22 /3).

Las responsabilidades compartidas entre todos los poderes del Estado en torno a los femicidios están a la vista. Un ejemplo que ilustra esta cuestión es lo que sucede con los dispositivos duales (“tobilleras”) para monitorear al agresor: la Ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta,  salió a denunciar hace poco tiempo que la Justicia solo solicitó el 45% de los dispositivos disponibles para casos de alto riesgo, es decir, se encuentran “activos” 649 de los 1439 con los que se cuenta. Lo anterior, no solo habla de un desprecio hacia la vida de las mujeres por parte del Poder Judicial, que no utiliza ni siquiera los recursos que tiene al alcance de la mano para prevenir femicidios, sino también, pinta de cuerpo entero a un gobierno cuyo Ministerio de Justicia sabía de esta situación y no hizo nada al respecto; y que además, solo puede garantizar una cifra irrisoria de dispositivos duales, cuando solo en la Provincia de Buenos Aires y CABA, 5.555 denuncias realizadas por violencia de género durante el 2020 respondieron a casos de alto riesgo. (Página 12, 1/3).

Este feminismo “low cost” obedece a una gestión supeditada al FMI y a las patronales, que sume en la pobreza a la población laboriosa, afectando en lo particular a las mujeres. Según datos del Indec sobre el tercer trimestre del 2020, el promedio salarial de las trabajadoras en blanco es de $25.000 (menos de la mitad de la canasta de pobreza), mientras que las que las que se encuentran en negro (el 29,2% de la fuerza laboral femenina) reciben un ingreso promedio de $12.800. Sin ir más lejos, el salario de una trabajadora de casa particular, que abarca a un millón  y medio de mujeres (el 22% de las asalariadas), ronda los $23.000. Por otro lado, la tasa de desocupación femenina es del 13,1%. A su vez, el déficit habitacional en la Argentina alcanza al 36% de sus habitantes. El escenario descripto coloca a las mujeres en una situación de extrema fragilidad, impidiéndoles salir del espiral de violencia doméstica en el cual se hallan inmersas.

En definitiva, quienes nos gobiernan son responsables de que no se imparta una educación sexual en el país, libre de estereotipos de géneros que inferiorizan a las mujeres. Finalmente, los femicidios son una manifestación hiperbólica de la masculinidad hegemónica en la cual el Estado, de la mano de las iglesias, educan a los varones de esta sociedad. Se trata de un régimen social que postula la propiedad sobre el cuerpo y la vida del colectivo femenino, como puntal para explotar al conjunto de la clase obrera. Por lo tanto, la cultura capitalista de la violencia se erradica terminando con el capitalismo.

Es por este motivo que el Estado ni siquiera contempla un abordaje del violento que no sea a partir de medidas punitivas, que por lo general, llegan cuando el femicidio ya fue cometido. No existe en el horizonte estatal  la aplicación de lo que se conoce como “justicia restaurativa” o “justicia transformativa”, que consiste en un seguimiento del agresor con el objetivo de reparar, rehabilitar y reintegrar a la comunidad, a través de prácticas que “cambian el foco de la violencia desde actores individuales a comunitarios, que toma colectivamente el papel tanto de víctimas como de perpetradores así como las causalidades de la violencia”(Cosecha Roja, 2021). Avanzar en este tipo de iniciativas implica, por un lado, destinar recursos, y por otro, buscar reeducar a la sociedad en vínculos igualitarios; dos aspectos que están por fuera de los intereses del poder político.

Las mujeres tenemos un programa integral para enfrentar la realidad que se nos presenta, donde matan a una por día, y la experiencia de que ningún organismo estatal feminista está dispuesto a aplicarlo. De modo que es necesario la puesta en pie de un Consejo Autónomo de Mujeres independiente de los gobiernos, electo y revocable, que convierta nuestras demandas en medidas concretas. Luchemos por eso.