Este 1 de septiembre en la Sala 6 - juicio por jurado de la oficina judicial de Cipolletti se llevó a cabo la audiencia de revisión de la prisión preventiva para el único imputado en la causa por el femicidio de Silvia Cabañares, Gonzalo Segovia. La jueza a cargo fue la abogada María Florencia Caruso Martín, quien confirmó la extensión de la prisión preventiva que hubiera resuelto la jueza de garantías el 22 de agosto pasado, por dos meses, hasta el 25 de octubre.

La defensa de Segovia pretendía el levantamiento de la prisión preventiva, porque consideraba que los motivos por los cuales se había dictaminado ya no se sostenían: no había ningún indicio que comprometiera a su cliente en haber sido partícipe del femicidio. Señaló que en los 4 meses no habían llamado a los testigos, que no había ni huellas digitales ni ADN en las pruebas relevadas ni otro dato que implicara a Segovia.

Por su parte, el fiscal y el abogado de Flavia Currumil señalaron que aun faltan los informes de análisis de la apertura del celular y la notebook del imputado, informe de análisis de los casquillos encontrados en el basural donde fue asesinada Silvia y si se corresponden con las armas encontradas en los allanamientos de las casas ligadas a Segovia, como así también, que testifiquen las personas que propuso la querella.

Sucede que quienes podrían testificar viven en “situación de calle” con alto grado de vulnerabilidad social, con problemas de consumo. La posibilidad de hallarlos corre por cuenta de la policía de investigaciones de Neuquén, que hasta ahora no ha hecho ningún esfuerzo en este sentido, a pesar de que hemos denunciado la situación con el ministro de Seguridad, Matías Nicolini.

Por eso, la consideración de que la responsabilidad es de ambos gobiernos provinciales no es antojadiza o forzada. Sucede que el poder judicial en cabeza de los jefes de fiscales (Gerez en Neuquén y Crespo en Río Negro) está sujeta a que si bien el proceso es competencia de Río Negro, los femicidas y sus cómplices son de Neuquén capital. Y además, porque Segovia ya contaba con una causa en el poder judicial de Neuquén, en su allanamiento encontraron un arsenal de armas de fuego y no hay proceso que avance. Entonces, Neuquén puede y debe aportar al esclarecimiento y castigo por el femicidio ya que obran pruebas contundentes en la causa de su autoría y que una libertad constituye un retroceso monumental al dejar en riesgo a posibles testigos, o una fuga de Segovia. La impunidad requiere de una colaboración que se hace bajo las narices del poder político de ambas jurisdicciones.

Este operativo de impunidad lo venimos denunciando con la familia de Silvia Cabañares y las organizaciones de mujeres y sindicales solidarias que acompañan la lucha por justicia. Esta solidaridad se expresó en el acompañamiento que hicieron el día de la audiencia, en las puertas de la oficina judicial. Se hizo presente Alexandra Sabio, madre protectora que se encuentra luchando fuertemente por la recuperación de su hijo, a quien la justicia se lo dio con tenencia unilateral a su padre, Claude Staicos empresario multimedia y funcionario del gobierno de Figueroa en Neuquén.

Tambien se expresaron en solidaridad, actorxs reconocidxs como Laura Azcurra, Nicolás Goldschmidt, Iván Moshner y Mónica Raiola.

Debemos iniciar una fuerte campaña que supere los límites provinciales para que queden expuestos los gobiernos de Rio Negro y Neuquén como responsables del entramado que dio lugar al feminicidio de Silvia. No debemos soslayar que hay otra situación de impunidad como el caso de la desaparición de Luciana Muñoz (causa que ya lleva un año y no hay ningún imputado).

Crespo, Gerez, Figueroa y Weretilneck son responsables si el femicidia queda en libertad. Justicia por Silvia Cabañares. Basta de impunidad. Ni una menos. El Estado es responsable.

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Editorial de Gabriel Solano en 14 Toneladas T2E31 -

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