Durante su aberrante discurso en Davos, el presidente, Javier Milei, arremetió contra las mujeres y diversidades y, entre otras cosas, confirmó que desde el Ejecutivo están impulsando la derogación de las leyes contra la violencia de género, entre ellas la figura legal de femicidio, los cupos laborales para minorías sexuales, la paridad de género en listas electorales y los documentos de identidad no binarios.

Para justificarlo, el presidente desconoció, una vez más, la violencia hacia las mujeres: «si uno mata a la mujer se llama femicidio y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima». También, con un comentario que además de la fuerte misoginia denota la absoluta ignorancia del mandatario sobre el tema, negó que exista la brecha salarial de género: «Es evidente que no hay desigualdad para una misma tarea, sino que la mayoría de los hombres tienden a profesiones mejor pagadas que la mayoría de las mujeres».

Posteriormente lo confirmó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien sostuvo en redes social: «Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal. Porque esta Administración defiende la igualdad ante la ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra. Durante años han usado a la mujer para llenarse los bolsillos y desmedrar al hombre».

El gobierno, nuevamente, desconoce (y estimula) la violencia de género para justificar el avance sobre los derechos conquistados sobre el colectivo de mujeres. Le declara la guerra al movimiento que abre conciencias sobre la naturaleza reaccionaria de su política y entre el que recoge menor apoyo electoral, para regimentarlo como apoyatura de su política hambreadora.

Para eso pretende impostar una equidad artificial entre hombres y mujeres como si no hubiera todo un régimen que somete a las mujeres trabajadoras a la pobreza, a la discriminación en el trabajo, en la vida doméstica y en la familia, y las condena a perpetuar un rol subalterno al del hombre que tiene únicamente una función social: servir a la reproducción del sistema dominante, el mismo que hoy mantiene en la pobreza a más de la mitad de la población mientras enriquece a un puñado de capitalistas, y cuyas principales víctimas son las mujeres, que paran la olla en sus hogares, que poseen los salarios más bajos y los trabajos más precarios.

Según un informe preliminar del Observatorio Lucía Pérez, en 2024 hubo 291 femicidios en Argentina, un asesinato cada 30 horas. Desconocer que la violencia hacia la mujer existe y se extiende en el mundo al ritmo de la crisis económica y el derrumbe de las condiciones de vida de la población, es subestimar a una población que no deja de luchar contra estos vejámenes hace décadas detrás de la bandera de Ni Una Menos, denunciando al Estado que reproduce la violencia contra las mujeres y a sus lazos con el clero.

Tampoco es cierto que se condena por femicidio a todas las causas que se denuncian, eso cuesta incansables luchas, movilizaciones y protestas por parte familiares de la víctima y del colectivo de mujeres. Según informes y estudios de organizaciones como La Casa del Encuentro, más de un 40% de los casos de femicidio en Argentina quedan impunes o no reciben una condena efectiva. Es el caso de Luna Ortiz, Cecilia Basaldúa o Lucía Pérez.

Este último caso, que derivó en la primera huelga de mujeres, es un caso emblemático de impunidad, puesto que los jueces, Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, absolvieron a los culpables de violar, empalar y asesinar a Lucía argumentando que «se trató de un encuentro sexual consensuado». Estos jueces fueron denunciados, y la denuncia se viabilizó solo gracias a la lucha de los familiares y del colectivo de mujeres. Sin embargo, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, integrado en su mayoría por senadores afines al gobernador Kicillof, por unanimidad resolvió absolverlos, sosteniendo que el fallo solamente careció de perspectiva de género.

Este caso es la muestra cabal de que la historia es al revés de como la plantea el gobierno. Es el Estado el que garantiza la impunidad de los femicidas y la justicia es un elemento clave de este engranaje, con jueces electos por nadie, con fallos cargados de misoginia, prejuicios y lobbys políticos de encubrimientos.

Por otro lado, no solo que la brecha salarial existe, sino que se ha agravado durante el gobierno libertario. Según los datos del Indec, entre el cuarto trimestre 2023 y el primer trimestre de este año, la tasa de desocupación general pasó del 5,7% al 7,7%. Ahora bien, el crecimiento más pronunciado del desempleo se produjo entre las mujeres menores de 29 años: allí el porcentaje escaló del 13,4% al 17,3%.

Como vemos, las jóvenes fueron las más afectadas por la ola de despidos que desató el gobierno en las dependencias estatales y que continuaron las patronales, habituadas a descargar el peso de la recesión económica sobre las espaldas de sus trabajadores. Finalmente, los capitalistas priorizan dejar en las calle a aquellas que están en edad de gestar, para ahorrarse «costos» vinculados a las licencias por maternidad; una discriminación laboral que también se agrava al calor de la crisis.

Por otra parte, las mujeres de ese rango etario siguen presentando la tasa más baja de actividad (41,1% vs. 52,3% para los varones de la misma franja etaria), la cual está compuesta por aquellas personas que tienen empleo o están buscando uno. Esto revela una mayor propensión de las mujeres jóvenes a salir del mercado de trabajo remunerado para abocarse a la crianza de sus propios hijos, o bien, de sus hermanos menores durante la jornada laboral de los mapadres; lo cual constituye un factor de empobrecimiento para ellas. 

Que el grueso del trabajo doméstico no remunerado repose sobre las mujeres, sumado a que el retroceso salarial y la precarización es mayor en las ramas más feminizadas (como por ejemplo el gremio de las trabajadoras de casas particulares, la docencia, enfermería o la industria textil), hizo que la brecha de género del promedio del ingreso de la ocupación principal aumentara del 25,4% al 27,4% entre el cuarto trimestre 2023 y el primer trimestre 2024, según el último informe sobre distribución del ingreso publicado por el Indec. A su turno, en los primeros tres meses del año, el ingreso medio de los varones se situó en $429.741, mientras que el de las mujeres fue de apenas $197.467. El presidente no solo niega la existencia de esta desigualdad, sino que se ocupó de profundizarla desde que asumió con sus medidas inflacionarias y techos salariales.

A pesar de las contundentes cifras, Milei se anima a hacer estas declaraciones valiéndose del caldo de cultivo reaccionario contra las mujeres y disidencias, algo a lo que le allanaron el camino los gobiernos anteriores con promesas incumplidas, dando paso al desprestigio de todas las demandas del movimiento por parte de estos sectores.

Es el caso del Ministerio de Mujeres y Diversidades, que no ha servido más que para “empoderar” a un puñado de funcionarias con abultados sueldos, mientras la enorme masa de mujeres y diversidades es hundida en la pobreza y los casos de femicidios siguen creciendo. Funcionarias que ni mencionaron a la educación sexual porque integran un gobierno que pactó con las iglesias el dominio en este terreno y que, más allá de discursear sobre una “reforma judicial feminista”, no hicieron absolutamente nada para garantizar el derecho y el acceso a la Justicia que sigue siendo tremendamente expulsiva y revictimizante, por citar algunos ejemplos. Superar el fracaso de los gobiernos anteriores implica necesariamente abrir paso a organismos independientes de los gobiernos de turno, electos por las propias mujeres y cuyas políticas sean fijadas por ellas mismas.

Si bien estos organismos y dispositivos jamás resolvieron las demandas del movimiento de mujeres, lo cierto es que fueron conseguidos a causa de la incesante lucha popular. El gobierno de Milei arremetió contra ellos desde su asunción, en el marco de un ataque feroz contra los derechos de las mujeres y disidencias y de la aplicación del brutal ajuste fiscal. Así redujo al mínimo la línea telefónica 144 de acompañamiento a las víctimas de violencia y desfinanció los programas destinados a ayudarlas; prohibió la perspectiva de género y el lenguaje inclusivo en toda la Administración nacional; arremetió contra la educación sexual integral en las escuelas eliminando materiales y contenidos por considerarlos «ideologizados» e incluso Argentina fue el único país que votó contra una resolución de la Asamblea General de la ONU para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas.

La defensa de nuestros derechos deben partir de la lucha contra este gobierno y toda su política misógina y de ajuste, que absolutamente incompatible con nuestras demandas. Es el camino que trazó la comunidad LGTBIQ+ con la asamblea masiva que realizaron en Parque Lezama y que votó una gran movilización para este sabado. Vayamos con todo.

Milei «respeta el proyecto de vida del prójimo», llamando a perseguir a las diversidades

Sobre la respuesta del presidente a la reacción popular que generaron sus dichos homoodiantes. –

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