Las economistas Julieta Maure, Daiana Serpa y Natsumi Shokida publicaron recientemente un informe para “Economía Feminista” que da cuenta cómo las mujeres somos las principales víctimas de las políticas de ajuste llevadas adelante por los sucesivos gobiernos. Los cálculos están basados en información recopilada a través de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, realizada durante el primer trimestre de 2020, previo a la pandemia de Covid-19.

El informe refleja, en primer lugar, cómo la falta de empleo perjudica particularmente al colectivo femenino. La tasa de empleo (proporción de ocupadxs entre la población total) en los varones es del 62%, mientras que en las mujeres es del 43.9% (18.1% menos). Por otra parte, la tasa de desocupación es de un 9.7% para los varones y de un 11.2% para la población femenina; algo similar ocurre con la tasa de subocupación, que está compuesta por un 10% de varones y un 13.7% de mujeres. Esta realidad golpea fuertemente a las mujeres más jóvenes, ya que un 23% de ellas se encuentran desocupadas. A su vez, sale a la luz cómo el 37% de las asalariadas trabajan en la informalidad y no poseen aportes jubilatorios.

Otro aspecto del informe es la brecha existente en la percepción de ingresos entre varones y mujeres. Las mujeres ganan en promedio un 25% menos que los varones, y si contabilizamos ingresos extra salariales (jubilaciones, subsidios, etc) esta brecha se reduce solo un 3%. Sin embargo, la brecha aumenta un 6% en el terreno del trabajo informal. Si bien frente a iguales niveles de calificación laboral, el salario percibido dista entre varones y mujeres (en el ámbito profesional esta brecha ronda el 22%, mientras que en los puestos de trabajo no calificados la misma es del 32.5%), esta desigualdad también responde a que los puestos de trabajo más precarios son los más feminizados; a modo de ejemplo, la rama del servicio doméstico está compuesta en un 98.5% por mujeres y el ingreso mensual promedio de dicha actividad ronda los $9600, muy por debajo de canasta básica que se encuentra en los $44.521,25. Es un dato alarmante ya que el 16% de las mujeres ocupadas son empleadas de casas particulares.

El informe también pone de manifiesto que del total de personas que realizan las tareas domésticas, un 73% son mujeres. El hecho de que se deposite sobre las mujeres esta carga, trae aparejado que tengan que relegar horas de trabajo remunerado. Se señala cómo el promedio de horas semanales en el “mercado de trabajo” es un 21% menor para las mujeres. Frente a esta situación, las políticas públicas tendientes a una socialización de las tareas domésticas son nulas. Evidentemente, la matriz que explica la doble opresión que vivimos (al interior del hogar y en el ámbito laboral), es la de un régimen social que educa en la discriminación hacia las mujeres para aumentar los ritmos de explotación hacia las grandes mayorías.

Como podemos ver, la existencia de 1 femicidio cada 27 horas en la actualidad, hunde sus raíces en la realidad material que vivimos las mujeres, descripta anteriormente. Esta desigualdad económica coloca a muchas mujeres violentadas entre la disyuntiva de permanecer en el hogar junto a su verdugo, o huir y no contar con los recursos para solventar su vida. Cabe mencionar, que la suma de $16.000 por 6 meses dispuesta por el Ministerio de Mujeres y Diversidades para víctimas de violencia de género condena a las mujeres a la indigencia. Es imposible pensar en una asistencia acorde, cuando la preocupación principal del gobierno radica en concentrar los recursos del país para el rescate de una deuda usuraria.

Frente al pacto social en curso, donde el gobierno, las patronales y todas las alas de la burocracia sindical acuerdan descargar la crisis sobre las espaldas del conjunto del movimiento obrero, a través de despidos y suspensiones, congelamiento salarial y flexibilización de convenios; las condiciones de vida de las mujeres se van a ver cada vez más deterioradas. La lucha por las reivindicaciones femeninas al interior de los lugares de trabajo está atada a la pelea por la recuperación de los sindicatos y a la organización independiente frente a los gobiernos capitalistas, responsables de la desigualdad económica y de todas las formas de violencia que sufrimos.