En el mes de enero, la Secretaría de Empleo aprobó el “Protocolo de Actuación e Implementación de la Licencia por Violencia de Género” para las trabajadoras del Estado. A través del mismo se establece una licencia de 15 días corridos para las trabajadoras que hayan sufrido violencia de género, prorrogable por igual período por única vez.

 

La incorporación de la licencia por violencia de género al régimen de licencias es un reclamo histórico de las estatales y es el resultado de la gigantesca lucha del movimiento de mujeres que se ha pronunciado de manera contundente por este y tantos derechos más que se nos niegan a las mujeres, empezando por el aborto legal, seguro y gratuito. Sin embargo, la medida representa una conquista parcial, y la lucha por su pleno alcance tiene todavía un largo camino por recorrer. 

 

Límites

 

En primer lugar, deja por fuera a las miles de trabajadoras que nos encontramos fuera del Convenio Colectivo de trabajo de la Administración Pública Nacional, es decir, quienes desempeñamos tareas mediante contratos de monotributo, por convenio con Universidades o tercerizadas. 

 

Pero incluso en los casos en que sí está contemplada la licencia, se incorporan una cantidad de elementos que implican una traba para su concreción, ya que requiere para poder acceder a ella la existencia de una denuncia policial o judicial, lo que la dificulta en términos de exigencias burocráticas, y además es instancia de revictimización para las mujeres. El antecedente que tenemos en este sentido, es el de las docentes de la CABA, que luego de una feroz lucha consiguieron que se modificara el requisito contemplando la presentación de una certificación emitida por la Oficina de Violencia Doméstica o un Centro Integral de la Mujer. 

 

Otro gran problema se encuentra en que aquellas mujeres que soliciten esta licencia perderán el presentismo, en un contexto de ajuste y de enorme pérdida salarial para los estatales. Una vez más, somos las mujeres las que sufrimos los mayores ataques.

 

El rol del Estado

 

El primero que violenta nuestros derechos como mujeres trabajadoras es el propio Estado, quien nos contrata por años de manera precaria, negándonos coberturas y los derechos laborales más básicos además de encubrir sistemáticamente la falta de lactarios y reducción de jardines maternales, la precarización y el ajuste, maquillando con perspectiva de género la brutal desvalorización salarial que han impuesto a los y las estatales, en general, y a las mujeres, en particular.

 

Sin ir más lejos, tan solo dos semanas después la aprobación de esta resolución, Valeria Coppa, trabajadora de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Bariloche, fue asesinada por su ex pareja, Mariano Cordi, en la vía pública y a plena luz del día. Había comenzado a trabajar bajo un régimen de contratos precarios para, tras su separación, poder independizarse económicamente de Cordi.

 

Este caso, que expresa la violencia contra las mujeres trabajadoras en toda su dimensión, es una clara prueba de la necesidad de una política integral dirigida a terminar con la violencia de género. La licencia es un gran logro, pero no alcanza. Faltan refugios, programas de asistencia, ayuda económica, y una cantidad de dispositivos que un Estado clerical, patronal y ajustador difícilmente pueda o tenga la voluntad política de llevar a cabo. Proponemos que el movimiento de mujeres impulse la puesta en pie de un Consejo Autónomo de las Mujeres para que gestione, fiscalice e implemente políticas inmediatas en favor de las mujeres de manera independiente del Estado, sus intereses de clase y de las iglesias con las que gobierna. 

 

La lucha por nuestros derechos

 

El proceso abierto por el paro nacional de mujeres, la gran lucha que hemos dado por el aborto legal, seguro y gratuito y la denuncia realizada por Actrices Argentinas han marcado el camino: será a través de la organización de las mujeres en los espacios de trabajo que lograremos conquistar plenamente nuestros derechos. Que los compromisos que las burocracias, desde ATE a UPCN, tienen con el Vaticano no sean un palo en la rueda para nuestros reclamos: desarrollemos asambleas en todos los espacios de trabajo, sin distinción de afiliación, para discutir un plan de lucha por esta y todas nuestras reivindicaciones

 

¡Preparemos un gran paro nacional de las estatales este 8 de marzo! Vamos por la derogación del requisito de la denuncia policial para acceder a la licencia y por su aplicación a todas las trabajadoras del Estado. Por la incorporación de esta y todas las licencias en el régimen de presentismo. Por la ampliación de las licencias por maternidad y paternidad, y por familiar enfermo. Por el cumplimiento de la ley de jardines materno-parentales. Por un salario mínimo igual a la canasta básica familiar, por el pase a planta permanente y el fin de la precarización. Contra la reforma laboral, el ajuste y el tarifazo. Por un Consejo Autónomo de Mujeres, el aborto legal, seguro y gratuito y la separación de la Iglesia del Estado.