En las últimas horas se ha hecho pública la circulación de cocaína de alta toxicidad en el conurbano bonaerense. Las cifras oficiales reconocen más de 70 internados y de 20 víctimas letales. Tiene que comprenderse como un mínimo, porque se trata únicamente de la cantidad de personas inspeccionadas luego de haber sido encontradas sin vida en su hogar o aquellas que estuvieron dispuestas a acercarse a un hospital y admitir el consumo. La cantidad total de muertes debe ser aún mayor. Si se toma como antecedente el fallecimiento de cinco jóvenes en la fiesta Time Warp en 2016, se puede comprender mejor aún que las cifras actuales significan que estamos ante un escenario sumamente grave, sin matices. Se trata, lisa y llanamente, de una masacre.

La responsabilidad del Estado

Los opinólogos derechistas suelen complacerse en criticar la falta de mano dura para afrontar el problema del narcotráfico. Sin embargo, estas versiones son desmentidas por la abundancia de casos de gatillo fácil. El caso de Lucas, donde se encontraron audios de los comisarios de la zona planeando el encubrimiento, ha sido uno de los más resonantes; pero está lejos de ser el único. Según las cifras de Correpi, la policía comete un nuevo asesinato cada 21 horas.

La retórica reaccionaria también es desmentida por la propia figura del ministro de seguridad de la provincia, Sergio Berni. Se trata de un experto en el acoso contra la juventud y en exigir mayores dosis de represión. En definitiva, una figura central del populismo punitivo local, bajo el amparo del “progresista” Axel Kicillof. Si Berni no puede desbaratar al narcotráfico en general, ni para ir detrás de los responsables de este caso de cocaína adulterada en particular, no es por falta de mecanismos de mano dura. Por el contrario, esta incapacidad se debe fundamentalmente a que el crimen organizado proviene de arriba, son las fuerzas represivas quienes lo controlan. Desde las páginas de Prensa Obrera hemos señalado repetidas veces que las redes de narcotráfico operan ante los ojos de las distintas fuerzas policiales, y la complicidad de todos los partidos del régimen. Tanto la Policía Bonaerense y la Federal como la Policía de la Ciudad, bajo las provincias y municipios del peronismo como bajo el poder de Juntos por el Cambio. Por todo esto, el Estado es el principal responsable de la masacre en curso.

Estos fallecimientos revelan la descomposición del conjunto del régimen social capitalista y la incapacidad de las distintas alas de su régimen político para ofrecer una salida a los trabajadores.

Por un lado, el reclamo de mayor reforzamiento represivo contra los consumidores sólo puede aumentar la fuerza de extorsión del aparato del Estado en contra del conjunto de las masas y de la juventud en particular. El populismo punitivo no puede brindarle ninguna solución a las familias que se ven desamparadas por el desfinanciamiento de los dispositivos de salud. La defensa de esta atención es una orientación que necesariamente nos lleva a chocar con el pacto colonial con el FMI, que exige, precisamente, una asfixia presupuestaria cada vez mayor.

Por el otro, distintos sectores (en particular los “progresistas”) están dispuestos a blanquear la administración de las drogas duras a través de figuras como el “control de daños”. Para defender estos intereses, pasan a declarar las peores miserias de la sociedad capitalista como males eternos e incurables. Ésta es la posición que el macrismo planteó en su momento, frente a la masacre de Time Warp. Paradójicamente, Sergio Berni es una síntesis de lo peor de ambos mundos. A pesar de que ser uno de los principales promotores de la agenda represiva del Estado, también se ha mostrado numerosas veces a favor de que el Estado avance hacia una administración oficial del narcotráfico.

https://prensaobrera.com/politicas/cocaina-adulterada-la-responsabilidad-estatal-detras-de-la-masacre

Polémica en la izquierda

Frente a esta situación, los compañeros del PTS han vuelvo a plantear la legalización de todas las drogas como una receta instantánea para enfrentar los problemas relativos a las adicciones y al narcotráfico. Esta vez, han agregado el corolario de los beneficios de la regulación y el llamado control de daños.

Esta posición es peligrosa por muchos motivos. Su error fundamental es que plantea depositar una confianza profunda en el Estado actualmente existente. Es decir, en el Estado burgués, el Estado de la clase dominante, el Estado de los Berni y la maldita policía. Su propuesta consiste en confiar en que el aparato estatal esté a cargo de garantizar una producción y una distribución “eficiente” y “saludable” de cocaína y otras drogas para uso recreativo. Peor aún, las medidas regulatorias “en blanco” que propone el PTS, como cualquier otra regulación, deberían descansar en el poder punitivo del Estado para hacerlas cumplir. Repiten el libreto de la prensa oficialista, que había hablado de una “policía del cuidado” cuando este poder punitivo quedó a cargo del control de la cuarentena a partir del 2020. El resultado inevitable fue un tendal de casos de abusos policiales, gatillo fácil, y desapariciones. El rol de la Izquierda no puede reducirse al triste papel de repetir un libreto ajeno, sino que debemos ser la punta de lanza de una intervención independiente de la clase obrera frente a cada episodio de la crisis capitalista.

Esto significa que los compañeros del PTS no apuntan a una campaña que se dedique a desenmascarar el carácter de clase del Estado, sino que lo ocultan. Si le plantean a la población trabajadora que la respuesta a esta crisis es una intervención aparato estatal, están disolviendo el hecho de que en la actualidad las fuerzas represivas ya son quienes controlan y administran este enorme negociado clandestino. Podemos encontrar aquí un eco del lugar común del progresismo burgués según el cual la legalización de la cocaína significaría “quitarle el negocio a los narcos” (otra vez, como si “los narcos” y el Estado fueran dos entidades separadas y hasta enfrentadas). Los compañeros del PTS son conscientes de que no se trata de un mercado libre de toda injerencia, o que subsista al costado del aparato estatal; sin embargo, no sacan ninguna conclusión de esto. Este tipo de planteos lo único que proponen es blanquear la existencia de un narco-Estado y poco más.

Estas ilusiones también se basan en una fetichización y una exageración de la capacidad del aparato estatal burgués para regular y absorber las contradicciones sociales en general. La producción de medicamentos legales ya constituyen en la actualidad un negocio donde prima la lógica del lucro. Los marxistas comprendemos que esto es así porque “el capital tiende a invadir todos los ámbitos de la vida económica y social”(1). Los intereses capitalistas afectan incluso la investigación misma para hacer posibles nuevos productos médicos: las farmacéuticas bloquean el desarrollo de aquellos que serían beneficiosos para la salud pública, pero no para sus intereses mercantiles. Peor aún, los trabajadores sufrimos el vaciamiento de nuestras obras sociales a manos de la burocracia sindical, tarifazos en las prepagas, el ajuste en salud en general, etc. El Estado es el garante del orden capitalista, su función consiste en mantener a resguardo estos negocios, no disolverlos. La gratuidad y la calidad ya deberían haber sido garantizados, por caso, para los medicamentos para el VIH. Sin embargo, el curso de ajuste de Alberto Fernández (que sólo es una estación más de todo  el régimen de hambre y saqueo de los que gobernaron en las últimas décadas)  ha generado una escasez de retrovirales en los centros de salud. La idea de que a pesar de todo esto el Estado sí podría controlar los precios de un producto tan particular como lo es la cocaína es irreal. También constituye una apelación a recetas mágicas para enfrentar problemas sociales más complejos.

Los compañeros del PTS dicen mostrar preocupación por la calidad de la droga que circula en los barrios más precarizados. Resulta curioso, puesto que el PTS carga un historial de desprecio contra la organización independiente del movimiento piquetero. No estamos siendo facciosos ni gratuitos cuando traemos a cuento esta hostilidad, porque guarda profunda relación con la posición del PTS en el debate sobre las drogas duras: Al respecto de los productos que llegarían a los sectores más golpeados de la clase trabajadora, hay que decir que, de mínima, serían de la misma calidad que los alimentos que nos intentan colar en los merenderos y comedores populares. La lucha contra la entrega de productos en mal estado y contra la reducción de los gramajes de los platos de comida (o, directamente, de las raciones) es permanente. El PTS la desconoce por completo, y por eso guarda tantas ilusiones.

En última instancia, todo el edificio de argumentaciones del PTS puede ser tomado también como un mero rodeo para no plantear la consigna más importante. Si la responsabilidad por estas muertes es de la policía bonaerense, se debe exigir el Fuera Berni. Los compañeros del PTS ya se habían opuesto a plantearlo frente a la desaparición de Facundo Castro, para no espantar a la base electoral del kirchnerismo. Más bien, deberían confesar que están haciendo seguidismo a la dirección (el gobierno nacional) y que no se animan a disputarle esa base, a desarrollar un trabajo político para que los trabajadores rompan políticamente con el nacionalismo de contenido burgués.

https://prensaobrera.com/politicas/kicillof-y-berni-sostienen-la-impunidad-del-narcotrafico-y-la-bonaerense

Conclusiones

El debate que debería abrirse no es el de la mejor gestión de la descomposición capitalista, sino la discusión sobre el rol de Sergio Berni y el conjunto de las fuerzas de represión en la organización del delito, incluyendo en particular el narcotráfico. Más aún, debemos colocarla en nuestros barrios, puestos de trabajo, y puestos de estudio.

Las salidas punitivas o de controles transparentes son una ilusión si la represión o la gestión son ejercidas por quienes se alimentan de las cajas de la corrupción policial y sus negociados. Discutamos luchar por el Fuera Berni. Las comisarías deben ser intervenidas a manos de organismos de derechos humanos independientes del Estado y a manos de organizaciones y asambleas de trabajadores y vecinos. Junto con lo anterior para solidarizarnos con las víctimas de esta masacre y con sus familiares debemos insistir en que el problema de las adicciones se trate como un asunto de salud pública. Esto requiere, además, exigir la despenalización del consumo y organizarnos contra el vaciamiento en los programas de salud. Por estas reivindicaciones, finalmente, también necesitamos ponernos en pié de lucha contra el pacto colonial con el FMI, desde una perspectiva de independencia política de la clase obrera frente a la estructura mafiosa de nuestros verdugos.

1. Heller, Pablo. Capitalismo zombi. Crisis sistémica en el siglo XXI, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2016, p. 53. Un libro que forma parte del acervo teórico del Partido Obrero.

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