Nota extraída de https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/563194083861457 

 

El despido laboral es el punto más alto del antagonismo entre el capital y el trabajo, porque priva al obrero de la posibilidad de conseguir los medios de vida. El despido descarga sobre la fuerza de trabajo las dificultades que enfrenta el proceso de acumulación capitalista o su interrupción lisa y llana.

En tanto que en el periodo de ascenso del capitalismo, la desocupación laboral adoptaba un carácter más o menos cíclico, en la etapa de la madurez y de la decadencia se manifiesta una tendencia hacia el desempleo crónico. En los países de desarrollo menor, el capital es incapaz de absorber la población expulsada por la crisis agraria o la disolución de las formas pre-capitalistas.

El 'pleno empleo' es incompatible con la explotación capitalista y por eso es una fantasía querer establecerlo por medio de la legislación.

 

Legislación y lucha de clases

En los países avanzados se estableció, en especial a partir de la última guerra mundial, un seguro universal al parado, como consecuencia de las presiones ejercidas por las revoluciones de ese periodo, así como por el margen que ofrecieron las ganancias extraordinarias que suscitó la reconstrucción económica. Con el agotamiento de estas condiciones aparecieron los parados de larga duración, carentes de cobertura, y el seguro empezó a sufrir restricciones en casi todos esos países.

En el curso de la presente crisis, la desocupación ha alcanzado niveles de cerca del 30% de la población activa en lugares como Grecia o España, y llegó a un pico del 12/15% en Estados Unidos. En el mundo desarrollado supera el 10% -en muchos casos disimulado por el número menor de personas que buscan empleo, la proliferación del trabajo parcial o la inscripción en cursos de reinserción laboral. En la Argentina, los millones que se encuentran en distintos planes sociales son registrados como población ocupada.

Los despidos masivos solamente pueden enfrentarse por medio de la lucha de clases; una legislación prohibitiva seria contradictoria con el funcionamiento del capitalismo y el derecho de propiedad. No existe en estos casos el remedo parlamentario.

Viene a cuento lo ocurrido con los Talleres Nacionales, una forma de planes de trabajo –la gran reivindicación del movimiento obrero de la época- que fueron disueltos por la contrarrevolución triunfante en Francia, en 1848. La desocupación masiva fue superada luego por el ascenso de la economía mundial a partir de 1850.

Marx escribió páginas memorables acerca de la ilusión de plantear una "Republica social", garante del derecho al trabajo, sobre la base del capitalismo.

El combate a los despidos por medio de la lucha de clases, o sea con un carácter general y con métodos de acción directa plantea, sin embargo, en último término, una cuestión más estratégica – que no es otra que el poder de decisión sobre la economía y la producción, o sea el poder político. El parlamentarismo no solamente es incapaz de asegurar el derecho al trabajo -su función histórica es impedir que se manifieste esa lucha de clases (y sus consecuencias políticas), para lo cual recurre a una legislación engañosa.

La legislación pretende en este caso disuadir la acción directa y el parlamento sustituir la función histórica defensiva de los sindicatos. Una legislación progresista ocurre cuando consagra una conquista popular ya obtenida por la vía de los hechos, no cuando la intención es reemplazar la posibilidad de esas victorias arrancadas por medio de la organización y la movilización, por subterfugios legales, que todavía deberán pasar, además, por la criba de la reglamentación del Poder Ejecutivo y el visto bueno del Poder Judicial en todas y cada una de sus interminables instancias.

En la crisis de 2001/2, los trabajadores ocuparon las empresas para frenar despidos y vaciamientos e incluso las pusieron a funcionar, con el apoyo de enormes movilizaciones del movimiento piquetero. Los desocupados organizados salieron en defensa de los obreros despedidos, neutralizando la competencia entre el empleado y el desempleado.

Recién después de la victoria esas luchas fueron convalidadas por una batería de expropiaciones legales, sin reparar incluso que violentaban la Constitución Nacional, aunque de todos modos con limitaciones colosales para la acción ulterior de esas empresas cooperativas. La doble indemnización establecida por el gobierno de Duhalde procuró neutralizar esta tendencia de los trabajadores y respaldar en esa indemnización la represión contra las fábricas ocupadas. Cualquier posición realmente socialista debe partir de esta caracterización.

 

‘Anti-despidos’ y Tregua

En el debate en curso en el Congreso, en Argentina, sobre la llamada “emergencia ocupacional”, ninguno de los bloques patronales disputa el derecho de la patronal a despedir; simplemente abre una mediación judicial. El macrismo y Cambiemos rechazan cualquier limitación a ese derecho, aunque Macri acabó reuniendo a las grandes patronales para que admitan una 'autorregulación' temporal.

La opción a la "reintegración laboral" que establecen los proyectos de la 'oposición' patronal solo pueden valer, en la práctica para casos individuales; Héctor Recalde ya dejó en claro que las patronales podrían evocar la ley de “procedimientos preventivos de crisis” para esas ‘emergencias’, cuyas cláusulas, lejos de defender los derechos de los trabajadores, admiten suspensiones y reducciones de salarios.

Ninguno de los proyectos patronales se refiere al tema de las suspensiones, que afectan a un número igual o incluso mayor de trabajadores que las cesantías (Peugeot, por ejemplo, está suspendiendo tres días a la semana). Bajo el gobierno 'nacional y popular', los despidos fueron 'combatidos' a fuerza de suspensiones y Repros: el pago por el Estado (los contribuyentes, en su mayoría trabajadores) de los salarios del personal suspendido. En el caso de los despidos en Lear (y muchísimos otros), la patronal desacató las resoluciones judiciales de reincorporación, con la complicidad del Ministerio de Trabajo.

Lo fundamental, sin embargo, es la función política de esta legislación 'opositora': evitar que se produzca una lucha de clases contra los despidos y las suspensiones y relevar a la burocracia de la tarea de movilizar a los sindicatos. La llamada oposición busca desviar hacia 'la política' una tendencia o la eventualidad de una reacción popular contra el rodrigazo en curso, como la que tuvo lugar en 1975.

El escollo que enfrenta el macrismo para acompañar esta maniobra, con cuya finalidad coincide en un cien por ciento, es que llegó al gobierno para hacer valer la completa discrecionalidad para el capital: un recule significaría su amortización política fulminante.

A la finalidad frenadora de esta legislación ‘trucha’, hay que añadir las dilaciones del parlamentarismo y su función de bloqueo político, que sirven para alargar el tiempo de tregua de la burocracia sindical. El dictamen de comisión de Diputados, que establecía una "emergencia ocupacional” de casi dos años, quedó desplazado por un proyecto diferente, que se apresuró a votar el Senado, que redujo el periodo a 180 días.

Este sustituto desvalorizado fue producido por el FpV (no por el massismo o el macrismo), al que se subieron en el acto los cristinistas de las dos Cámaras. Pero aquí intervino una segunda modificación y una mayor dilatación del trámite, porque Massa y la burocracia sindical (los Moyano), que primero habían apoyado un dictamen de 'emergencia' de año y medio, rechazaban ahora este de 180 días, con el argumento de que había que incorporarle subsidios a las patronales Pymes para que no despidan -o sea una invitación a que lo hagan para reclamar la subvención. El proyecto 'antidespidos' comienza a convertirse en uno de subsidios a las patronales -que pagan los trabajadores con impuestos. “Hecha la ley, hecha la trampa.”

 

Parlamentarismo

La incapacidad de la legislación para dar una salida a los despidos se potencia con la incapacidad del parlamentarismo para tratar a tiempo los problemas que urgen al pueblo y con su tendencia a distorsionar y a adulterar cualquier proyecto que incorpore alguna medida popular.

Una lucha parlamentaria socialista arranca con la advertencia acerca de los límites del parlamentarismo; con la denuncia de todos los bloques parlamentarios patronales sin excepción; y con una campaña para que los trabajadores tomen sus reivindicaciones y objetivos en sus propias manos. Arranca con la denuncia de partida de la burocracia sindical, que se vale de un proyecto de ley como taparrabos de la paralización de los sindicatos frente a los despidos y la inflación.

Las ilusiones en el parlamentarismo o en algunos aspectos de él, deben ser apoyadas solamente cuando tienen un carácter progresista para las grandes masas, y no cuando son presentadas como tales por la burocracia sindical o los partidos democratizantes. En el caso presente, los trabajadores no han manifestado ninguna clase de expectativa en el Congreso; sostener lo contrario es adulterar la realidad. La acción parlamentaria socialista debe servir al desarrollo de una experiencia necesaria para poner en la agenda de la clase obrera el gobierno de los trabajadores.

La burocracia sindical no solamente está entregando la lucha contra los despidos y las suspensiones, para lo cual se vale del distraccionismo parlamentario, sino también lo está haciendo con la lucha contra el 'ajuste' de los salarios. No son luchas diferentes cuando se trata de alcanzar objetivos comunes a todos los trabajadores. Aquí también la burocracia paraliza la lucha de los sindicatos, mientras, repetimos, pretexta defender el empleo en el Congreso.

Con una inflación de precios que ya es del 40% anual, se han firmado convenios por debajo del 30% de aumento, disimulado por el cobro en cuotas. La tregua de la burocracia sindical tiene un carácter estratégico; no en vano votó por el pago a los fondos buitres. El acto del 29 de abril pasado de esta burocracia tuvo un carácter de aparato, no importa el elevado número de personas que fue llevado al evento, como ocurre con los paros aislados.

El acto fue utilizado para encubrir el pago a los fondos buitres y la tregua sindical al 'ajuste'. Lo mismo que ha ocurrido con la ley 'antidespidos'. Finalmente, bajo la presión del macrismo y de las grandes patronales, la burocracia sindical boicoteó la sesión especial del 12 de mayo, ¡con el planteo de convertir el proyecto de ‘emergencia ocupacional’ en una ley de subsidios a las patronales!

 

Campaña

En oposición a los despidos y a la inflación los socialistas revindican el reparto de las horas de trabajo (sin afectar el salario corriente) y el ajuste inmediato de los salarios. Que la crisis la paguen los capitalistas.

El ‘ajuste’ va a abarcar una prolongada etapa de crisis económica y de crisis política. No es, de modo alguno, un acto único. Por eso es necesario que el movimiento obrero (y el clasismo primero, como es obvio) presente un plan económico y político alternativo. Una campaña sistemática sobre estos ejes contribuiría enormemente, no ya a enfrentar el ‘ajuste’ y trabajar por su derrota, sino a desarrollar la conciencia política y la organización de la clase obrera – que es, en definitiva, lo más importante.