El último informe epidemiológico del Ministerio de Salud dio como resultado que el suicidio es la cuarta principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años. Las últimas estadísticas oficiales corresponden al año 2019, previo a la pandemia, lo cual de por sí da indicios de la poca atención que se le da al problema. A su vez, la pandemia dejó un saldo más que negativo en cuestiones de salud mental en comparación a los años anteriores.

Con estos últimos datos, el Observatorio Internacional contra la Violencia y el Suicidio de Bullying Sin Fronteras y la OMS infieren que es posible que Argentina haya llegado al límite de los 4.000 suicidios anuales. Esto, teniendo en cuenta la mayor población certificada por el Censo 2022 y el aumento de las enfermedades mentales con posterioridad a la pandemia.

Según la ciencia, cada intento de suicidio puede provocar al menos tres intentos más, además de repercutir seriamente en los entornos sociales de la persona afectada, llegando hasta al menos 100 personas la conmoción.

Las cifras avisaron

Todos estos datos no son sorpresivos, ya que la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, aprobada hace más de 12 años, establece que se debe destinar un 10% del presupuesto total de salud a salud mental, pero en los hechos se destina solo un 2%. Todos los dispositivos ambulatorios y comunitarios en el área de prevención y rehabilitación, ya sean hospitales, salitas o talleres de apoyo terapéutico, se ven fuertemente golpeados por el ajuste que existe hoy en día sobre la salud.

Además, la precarización total y la falta de oportunidades para la juventud, sumadas a la represión y persecución que existe contra los más postergados, empujan a los jóvenes a las peores condiciones de vida y por ende de salud mental.

Ni oportunidades, ni sueños para la juventud

Nuestra juventud se ve diezmada de oportunidades, ya no puede soñar con tener una casa propia, un trabajo estable, ahorros o poder estudiar sin tener que trabajar. Lxs pibxs cada vez más se ven empujados a luchar por nuestra existencia individual. Son lxs que tienen que trabajar en las condiciones más precarias y sin derechos; les es imposible acceder a un terapeuta calificado en la temática, debido a la privatización del sector y los altos costos que ya casi nadie puede pagar.

Los adictos son perseguidos como criminales y son abandonados completamente por el Estado, que no les ofrece una mínima chance de rehabilitación. Esto, en muchos casos, llega a empujar a jóvenes a participar en el narcomenudeo y el consumo problemático de drogas.

Claramente el sistema público de salud se ve colapsado y cada vez recibiendo más y más pacientes. Esta crisis puede solo agravarse debido a la falta de presupuesto y de políticas que  solucionen el problema de fondo y le den una perspectiva de crecimiento a esta juventud.

En este sentido, los diferentes sectores políticos que nos han gobernado los últimos 40 años son responsables del vaciamiento y el agravamiento de la crisis de salud mental en curso. No solo atacan a los usuarios, sino también a los profesionales de la salud, muchos de los cuales están precarizados. Sin ir más lejos, residentes y concurrentes protagonizaron una gran lucha para defender sus condiciones laborales.

Ningún gobierno se ha ocupado de atacar los intereses privados de las corporaciones de la salud y tampoco de crear planes integrales que le oportunidades a lxs jóvenes para encontrar una salida. Este recorte en la salud mental y la prevención del suicidio viene claramente de la mano al ajuste exigido por el FMI.

Luchamos por un sistema de salud único integral, estatal, público y gratuito; que integre todos los niveles de atención sanitaria, los centros públicos comunitarios y preventivos (APS), el hospital público y las obras sociales; y promovemos la nacionalización de los laboratorios medicinales bajo control de sus trabajadores. La pelea por una vida digna para la juventud va de la mano de la defensa de nuestros derechos y oportunidades en las calles.

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