La inflación de febrero, según el Indec, llegó al 4,7%, y el aumento interanual se ubica en 52,3%. Es la cifra más alta en once meses, pero “lo peor está por venir” puesto que el impacto de los tarifazos, del aumento de los combustibles y de la disparada en los precios del trigo y derivados repercutirán en marzo. Habiendo transcurrido solo dos meses de 2022, la inflación acumulada es del 8,8% y el relevamiento del Banco Central espera que llegue al 55% a fin de año.

El rubro alimentos sigue liderando el ascenso inflacionario, con el 7,5%. Las subas más elevadas se vieron en la lechuga (72,7%), el tomate redondo (40,8%), la cebolla (30,8%), la papa (16,3%), la docena de huevos (22,5%), la leche polvo entera (15,8%), el filet de merluza (7,7%) y el pan francés (7,6%). Sin contar los precios estacionales (con una variación promedio del 8,4%), la inflación núcleo exhibió un incremento del 4,5%.

Se ve el carácter inocuo de políticas como el Programa Precios Cuidados “ampliado”, considerando que la categoría “Precios Regulados” se encareció un 3,1%. Otras promesas nunca fueron llevadas a la práctica, como la compra adelantada de verduras y ni hablar de la mentada “empresa nacional de alimentos”. Los empresarios exigen al gobierno que la próxima actualización trimestral de Precios Cuidados sea del 12%.

La suba interanual de la carne del 58,6% -por encima de la inflación general- demuestra lo infructuoso de regular la exportación como medida aislada y por un breve período. El Indec destaca saltos muy importantes en cortes populares como la carne picada (11,7%), paleta (7,8%) y nalga (7,7%).

El gobierno se encuentra improvisando distintas variantes para asegurar que interviene para evitar que los altos precios internacionales del trigo y el maíz -que vienen en alza y el conflicto entre Rusia y Ucrania les dio un nuevo empujón- se trasladen a las góndolas locales, sin desnudar que se trata de un negociado del capital agrario que quiere precios internacionales cuando sus costos son locales. Podemos adelantar que sin terminar con el dominio privado del comercio exterior por los pulpos agroindustriales, toda determinación circunstancial está destinada al fracaso. Las multinacionales que acaparan el complejo agroexportador de Argentina seguirán sacando rédito mientras las familias trabajadoras tienen cada vez más dificultades para llenar la olla.

En tanto, el gobierno juega a deprimir los salarios con techos paritarios y ajustar las partidas sociales con el pretexto de reducir la emisión monetaria y las expectativas de precios, mientras utiliza la inflación para licuar el gasto público y alcanzar las metas fiscales acordadas con el Fondo. Sus políticas son profundamente inflacionarias, como la suba del combustible, el sendero devaluatorio y los tarifazos en la luz y en el gas.

Urge luchar por un salario mínimo de 130 mil pesos y por delegados paritarios electos en asamblea que reclamen aumentos indexados según la inflación. La movilización del Plenario del Sindicalismo Combativo y la Unidad Piquetera al Ministerio de Trabajo señaló la necesidad de un paro nacional.

Para combatir la inflación es preciso abrir los libros de toda la cadena de valor y someterlos al control obrero, eliminar impuestos al consumo como el IVA y reorganizar la economía sobre nuevas bases sociales, lo cual implica nacionalizar bajo control obrero los recursos estratégicos -banca, industria energética y comercio exterior-, poniéndolos al servicio del desarrollo nacional en beneficio de las mayorías. Romper con el FMI y repudiar la deuda usuraria son puntos centrales de este programa.