Los tarifazos de Milei y las energéticas empujan otra vez la inflación

La inflación volvió a subir en octubre pese al deterioro industrial y del consumo, empujada por los tarifazos que el propio gobierno autoriza. Milei garantiza el negocio energético mientras licúa salarios, sostiene una medición que subestima el peso de los servicios y acumula tensiones cambiarias que amenazan con descargar otro salto de precios sobre los trabajadores.

El Indec informó un aumento mensual del 2,2%, frente al 1,9% de septiembre, con un acumulado del 26,3% en el año y con el mes de octubre con el mayor incremento mensual desde abril. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó las subas con un 4,2%, seguido por Recreación y cultura, con el 3,3%.

Los precios aumentan sobre una economía donde las familias restringen sus compras y la industria retrocede. En septiembre, el consumo cayó un 0,8% interanual según la Cámara Argentina de Comercio, mientras la producción manufacturera acumuló una baja del 2,6% en nueve meses. El sacrificio impuesto a los trabajadores tampoco garantiza la prometida estabilidad.

Un índice viejo para disimular los tarifazos

La canasta básica de pobreza aumentó un 3,5% mensual, ubicándose en $1.690.000, mientras que la canasta alimentaria de indigencia subió 3,1%, llegando a los $761.261. El gobierno mantiene ponderaciones basadas en consumos de 2004/2005 y sigue bloqueando la actualización con la encuesta de 2017/2018, que daría mayor peso a los servicios, por lo que estos montos serían más elevados. Milei y Caputo acomodan la medición para intentar esconder lo indisimulable..

Caputo se limitó a “celebrar” que la inflación núcleo fuera del 1,5%, excluyendo los precios regulados y estacionales, que subieron 2,9% y 5,5%. También atribuyó parte del resultado a los cambios en Zona Fría. Su explicación señala al propio gobierno: las modificaciones tarifarias y los recortes en el gas subsidiado encarecen un servicio indispensable para millones de hogares.

La a distribuidora de gas del norte y el oeste del conurbano bonaerense Naturgy viene de aprobar dividendos por $35.900 millones mientras adeuda unos $45.000 millones a Enarsa. Edenor, que expande sus negocios, mantiene alrededor de $387.000 millones en deudas refinanciadas con Cammesa. Los usuarios pagan facturas cada vez más caras mientras estas patronales reparten ganancias o compran empresas sin cancelar sus obligaciones. Los tarifazos contra la población siquiera redundan en beneficios fiscales para el Estado: es todo para las patronales.

El atraso cambiario prepara otra confiscación

La persistencia inflacionaria también agrava las contradicciones del esquema cambiario. Con un dólar contenido y precios internos que siguen aumentando, se encarece la producción local medida en dólares y se refuerza la presión por devaluar. El gobierno utiliza el tipo de cambio para contener los precios mientras sus tarifazos erosionan esa misma política.

Una devaluación impactaría de lleno contra los trabajadores, no solo depreciando aún más los salarios, sino trasladándose al encarecimiento energético y a toda la cadena de valor, convirtiendo el salto cambiario en otra confiscación de salarios e ingresos populares.

Mientras las patronales energéticas aseguran sus ingresos y los acreedores cuentan con mecanismos de actualización, los trabajadores quedan expuestos a cada aumento. Necesitamos recuperar los salarios frente al costo de vida y terminar con los tarifazos que financian estas ganancias. Sostener los negocios capitalistas a costa del consumo popular profundiza la crisis que el gobierno dice resolver.

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