Laura Iglesias era trabajadora social y trabajaba en el Patronato de Liberados de Miramar (PDL). En una de sus tantas visitas domiciliarias fue violada y asesinada.  Su crimen desnudó las condiciones de precariedad laboral a la cual estamos sometidas diariamente las y los trabajadores sociales: trabajaba sola acompañando a sus tutelados, todos hombres que habían pasado por el sistema penitenciario, por quienes trabajaba por su reinserción social.

 

Laura había denunciado en varias ocasiones, junto a sus compañeras, que la Policía Bonaerense organizaba el delito de forma extorsiva con los liberados en la zona. Sus denuncias la dejaron expuesta, a punto tal que la misma Policía liberó la zona donde ella trabajaba el día de su asesinato. El Estado nunca reconoció que su muerte sucedió durante su jornada de trabajo. 

 

En el 2015 se desarrolló el juicio, del cual sólo se logró la condena de uno de los acusados: Esteban Cuello. Su familia y compañeros denuncian la complicidad policial. Pero nunca se investigó completamente ni se abrieron líneas complementarias. En la zona hay policías presos por los femicidios de Natalia Mellman y Mara Matheu. Los responsables políticos, Daniel Scioli (gobernador en ese momento), Ricardo Casal (ministro de Seguridad) y Alejandra López (presidenta del Patronato de Liberados) quedaron impunes.

 

Las y los trabajadores sociales -que trabajamos con los sectores más oprimidos de la sociedad, que viven, trabajan y estudian en las peores condiciones-  lo hacemos sin condiciones necesarias.  Al día de hoy seguimos sufriendo profundamente la precarización laboral: trabajos temporales realizados en soledad, sin asistencia y con un enorme esfuerzo personal; ausencia de derechos laborales;  trabajo en negro; salarios que requieren que sostengamos varias actividades para llegar a fin de mes. 

 

Las y los trabajadores sociales debemos movilizar este 29 de mayo a las 15:30 a Plaza Congreso exigiendo justicia para Laura Iglesias. Por nuestras condiciones de trabajo.