En el peor momento de su mandato, Alberto Fernández decidió realizar una gira europea con una parada obligada en el Vaticano. Pero los consejos del papa Francisco difícilmente le sean de utilidad para enfrentar el impasse que afecta al esquema económico y político que sustenta su gobierno. Lo sabe perfectamente su ministro Guzmán, que hace solo un par de semanas realizó su propia gira europea, que incluyó, como corresponde, un encuentro con el monarca vaticano.

En ese encuentro fue a buscar la bendición para aplicar el programa que le dictaron los funcionarios de los países que manejan el FMI y el Club de París como condición para lograr un acuerdo de refinanciación de los pagos con ambos organismos. Dicho plan no pasaba de un ajuste clásico: mayores tarifazos, reducción de los subsidios y un compromiso de que no se aplicarán restricciones a la actividad económica por más que la pandemia siga fuera de control. Ya en tierra argentina, el discípulo del Papa aplicó como primera medida un recorte de unos 50.000 planes de asistencia a trabajadores desocupados, que ya habían sido asignados por el Ministerio de Desarrollo Social. Este golpe artero fue rechazado de inmediato por el Frente de Lucha Piquetero, pero contó con el aval del kirchnerismo, que ocupa cargos de importancia en dicho ministerio.

La otra medida comprometida en su gira, referida a un mayor aumento de las tarifas, abrió una grieta, pero esta vez dentro del propio gobierno. Con aval de Alberto Fernández, Guzmán quería aumentar las tarifas de gas y electricidad en un 15%, mientras el sector que responde a Cristina Fernández de Kirchner se plantó en un 9%. Los argumentos esgrimidos por unos y otros tuvieron su interés. El sector K planteó que un aumento del 15% echaría más leña al fuego de una inflación que ya ronda el 50% anual, esto cuando se anualizan los guarismos de los últimos meses. Guzmán respondió que un aumento del 9% requeriría incrementar la emisión monetaria para subsidiar a las empresas de energía, lo que también impactaría en la inflación. El problema es que ambos tienen razón. Y ahí radica justamente el impasse de la política oficial. Los bloques que aparecen enfrentados coinciden en el objetivo pero difieren en el cómo. El objetivo es asegurarle a las empresas energéticas beneficios extraordinarios. Pero mientras unos quieren que esos beneficios tengan como fuente principal las tarifas, otros pretenden que la fuente principal sean los subsidios del Estado. La salida de nacionalizar el conjunto de la cadena energética y hacerla funcionar sobre la base de un plan centralizado no forma parte de la perspectiva ni de unos ni de otros.

Crisis general

La disidencia por unos puntos de aumento de tarifas no puede alcanzar para explicar la crisis que se desató. La pelea por el desplazamiento de un subsecretario como Federico Basualdo dejó casi sin trabajo al ministro de Economía y, según muchos conjeturan, también al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Cuando las cosas adquieren este voltaje es evidente que lo que ha estallado es la crisis de fondo del esquema económico. Esta crisis tiene varias manifestaciones, entre ellas el salto inflacionario que el gobierno agrava con su política económica. La emisión sigue siendo el principal recurso de financiamiento del Estado, pero en tanto esos pesos no pueden reciclarse en un proceso productivo, terminan agravando el salto de los precios y obliga al Banco Central a tomar una deuda cuasifiscal de un potencial explosivo, llevando la bola de intereses por Leliqs y pases a los 100.000 millones de pesos mensuales. El atraso cambiario del dólar oficial no ha logrado tampoco reducir la inflación, mientras agrega presión para una mayor devaluación en los próximos meses, sobre todo cuando se acaben los dólares de la cosecha. De los dólares extras que ingresan por el aumento de los precios de las materias primas solo una pequeña parte van a las reservas, esto porque la mayor parte va a pagar intereses de deuda o a financiar las importaciones. Los desequilibrios de fondo de la economía argentina se hacen sentir a cada paso y tienen su máxima expresión en un endeudamiento impagable, la falta de financiamiento y una tasa de inversión que está por el piso.

La esperanza del oficialismo de que una reestructuración de la deuda despejaría el peligro de default y facilitaría el acceso al financiamiento internacional quedó desmentida con una velocidad inusitada. La tasa de riesgo país que registra el Estado argentino muestra que el escenario de default en el mejor de los casos solo se postergó por un par de años. Tampoco aseguró un acuerdo con el FMI y el Club de París para los pagos que deben realizarse en los próximos meses. Los países centrales, empezando por Estados Unidos, no solo piden un ajuste en regla y mayores concesiones a sus monopolios. También reclaman un alineamiento internacional más definido en la guerra comercial y los choques entre Estados que domina el panorama mundial. El desfile de funcionarios yanquis por nuestro país tuvo esa función política. Estos choques tienen como un elemento fundamental la provisión de vacunas e insumos contra el Covid. La reapertura de negociaciones con Pfizer debe verse en este contexto. Una llegada más o menos masiva de vacunas del laboratorio yanqui está condicionada a un acuerdo más integral, que incluya relegar a China de ciertos negocios en el país. Por lo pronto, el nuevo ministro de Transporte, designado por Massa y nombrado por Alberto Fernández, acaba de anunciar que la hidrovía no será estatizada. El anuncio le sigue a la reunión que el propio Massa tuvo con el enviado de Biden, Juan González. El actual presidente de la Cámara de Diputados le prometió que la licitación que está en marcha no tendrá ninguna cláusula que favorezca a la empresa china de dragado Shangai Dreding, que ya opera el dragado del canal Martín García y otros accesos al Puerto de Buenos Aires.

Monstruo de tres cabezas

El agravamiento de la crisis económica, y asociado a ello de la propia pandemia, revela la fragilidad del ensayo político armado por el oficialismo. Desde estas páginas lo hemos caracterizado como un “bonapartismo tricéfalo”, en tanto necesita adoptar medidas de arbitraje clásicas del bonapartismo, pero en vez de concentrar esa función en una sola persona, que se eleva por encima del resto e incluso de las instituciones establecidas, aquí debe compartir el poder entre las tres cabezas del gobierno: Cristina, Alberto y Massa. Bien visto, Alberto no tiene tribu propia, porque opera como un cacique sin indios. Para los pocos combates que da, debe pedir ayuda en el aparato justicialista del interior, que también le recela apoyo. Es lo que ocurrió con la cuestión del DNU presidencial que suspendió las clases presenciales. Alberto Fernández llamó a los gobernadores a adherirse a las medidas establecidas en el decreto, pero la mayoría le dio la espalda. Mientras hablaban contra Larreta, actuaban como Larreta. Con seguridad, esos mismos gobernadores del peronismo vieron con buenos ojos el fallo de la Corte Suprema que avala las llamadas “autonomías provinciales”. Claro que para la Corte Suprema la autonomía solo vale cuando está en juego una medida reclamada por los capitalistas, como ser las clases presenciales. En cambio, sigue sin pronunciarse sobre la reducción de los fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, ya que se trata de una medida de ajuste para reducir el déficit fiscal.

Así, tanto la crisis abierta con las tarifas como la que suscitó con el fallo de la Corte Suprema contra el DNU que suspendió la presencialidad en el Amba golpean en el mismo punto: un debilitamiento de la ya muy debilitada autoridad presidencial. El requerimiento de un aval permanente de los gobernadores y la intervención de la Corte Suprema de Justicia y de otros estamentos judiciales en temas de política gubernamental van configurando un régimen político débil, en relación a las tareas y desafíos que le plantean el manejo de un pandemia, la aplicación de un ajuste contra el pueblo y la necesidad de arbitrar entre los distintos intereses capitalistas.

La oposición de derecha huele sangre pero su capacidad de aprovechar la crisis del gobierno se ve condicionada por sus propias divisiones internas. El ala más bolsonarista del macrismo, encabezada por Patricia Bullrich, la emprende contra el gobierno nacional pero también contra Larreta, a quien acusa de tibieza. Bullrich cuestionó la “bimodalidad” dispuesta por Larreta para la educación media en la Ciudad de Buenos Aires, reclamando una apertura aún más desenfrenada. Este sector derechista, partidario de un planteo de ofensiva antiobrera más directa, requiere métodos de guerra civil para llevar adelante sus planteos. La rebelión del pueblo colombiano, en un país donde la derecha gobierna con un fuerte apoyo del imperialismo yanqui, que ha convertido al país en su principal base militar de la región, advierten a la clase capitalista que esta derecha puede generar más riesgos que beneficios.

Colombia y Argentina

La rebelión en Colombia se inscribe en la misma línea que las grandes revueltas en Chile, Paraguay y Bolivia, por nombrar solo algunas de las más recientes. Es cierto que Argentina está en un escalón más abajo, pero la rebelión de los trabajadores de la salud de Neuquén, que logró doblegar al gobierno gracias a una lucha implacable que reunió un gran apoyo popular, o las luchas que libran los trabajadores del citrus en Tucumán, o los vitivinícolas en Mendoza, o las grandes manifestaciones de masas del movimiento piquetero deben ser analizadas en este contexto. Estamos ante movilizaciones y acciones directas de las masas contra el intento de los capitalistas y sus gobiernos de descargar la crisis sobre las espaldas populares. Un crecimiento de las luchas en Argentina representará un debilitamiento del kirchnerismo, que tiene como principal activo político ofrecerle a la clase capitalista una capacidad de contención que la derecha no detenta.

La situación política ingresa en una fase caracterizada por la alta volatilidad, pues combina una pandemia fuera de control, una crisis económica de fondo, una división en el campo gubernamental y una oposición que por su propia naturaleza es reactiva a las capas populares más explotadas. Para la izquierda revolucionaria, este escenario reclama una intervención política redoblada, que supere el marco actual. Nuestra propuesta formulada en el acto del 1° de Mayo de convocar un Congreso del Frente de Izquierda, para ofrecer un canal de intervención política a los sectores más activos de las masas, es una respuesta política a esta nueva situación. La colocamos a debate y haremos todos nuestros esfuerzos por concretarla.

 

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