La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y varias organizaciones y universidades hicieron el relevamiento sobre la situación de los hogares inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Gran Buenos Aires. Los resultados arrojaron que, en el marco de un aumento sideral de los precios de los alquileres, el 63% de los hogares se ha endeudado con familiares y amigos para pagar el alquiler de la vivienda que habitan, algo que se agrava en situaciones donde el principal sostén son mujeres.

Los inquilinos se ven afectados por los aumentos que autoriza la Ley de Alquileres, los cuales se ejecutan de manera anual y se corresponden con la inflación del período, que ya se ubica por encima del 100%, un ritmo que claramente no es acompañado por los salarios. En 2021 el 24% de los hogares destinaba más de la mitad de sus ingresos al pago del alquiler, en 2022 esa proporción de hogares aumentó al 32%.

En paralelo, el 35% de las personas inquilinas respondió en la encuesta que no alquila una vivienda completa, sino una habitación, y más de la mitad, lo hace sin contrato escrito, quedando sin resguardo frente a cualquier arbitrariedad que el propietario decida aplicar. Según el informe, más de la mitad de los hogares inquilinos sufren aumentos por fuera de lo que establece la Ley de Alquileres, en el marco de una enorme especulación inmobiliaria. Algunos superan el 126% interanual, muy por encima del 95,93% que marcó el Índice de Contratos de Locación (ICL) que reguló el Banco Central para mayo.

Estos números demuestran que la Ley de Alquileres fracasó, puesto que no hay forma de conciliar los intereses entre propietarios e inquilinos, que demostraron ser antagónicos. En sólo un año se retiró del mercado el 30% de inmuebles, los cuales han ido a parar a la venta o a locaciones temporarias como Airbnb, que se cobran en dólares. Esto presiona sobre los precios de los alquileres, al igual que las construcciones de viviendas que quedan vacías y que solo son destinadas a ser reservas de valor, en beneficio de capitalistas y desarrolladores inmobiliarios.

Larreta, en el marco de esta crisis de vivienda, ha decidido lanzar tres programas (Garantía + Fácil, Alquiler + Fácil y Refacción + Fácil) enfocados en el endeudamiento de inquilinos y pequeños propietarios, que no afecta el negocio inmobiliario y que prepara nuevos beneficios para los especuladores del sector. ¿Qué se puede esperar de los mismos que vienen haciendo lobby, junto a los Milei y los Espert, por una liberalización del mercado de alquileres? Una medida que afectaría pura y exclusivamente al inquilino, dando vía libre al propietario para que aumente los precios a gusto y piaccere, y en nada resolvería la crisis de vivienda.

Además, en el paquete de medidas, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta propone llevar a la Legislatura porteña un proyecto de exención de plusvalía para la edificación en diferentes zonas de CABA, que apunta a seguir favoreciendo los intereses de los especuladores inmobiliarios.

Ojo que los aumentos en los alquileres no afecta solamente a la Ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, bajo la gobernación de Kicillof, se disparan los precios mientras crecen las inversiones inmobiliarias céntricas y, en las ciudades un tanto más distantes, aumentan los countries y barrios cerrados de lujo, desplazando a las familias obreras sin techo.

Hay que luchar contra aquellos que solo sugieren que los trabajadores sigamos endeudándonos para costear alquileres siderales a pedir de boca de los especuladores. Debemos ir por una recomposición los salarios e ingresos de la población, planes de vivienda e impuestos a la vivienda ociosa, un banco de tierras fiscales y créditos hipotecarios a tasas cero.