12/03/2021

A qué viene el nuevo Fiscal General de Schiaretti

Juan Manuel Delgado ya apunta contra las organizaciones piqueteras y las protestas.

Juan Manuel Delgado, quien estará al frente del Ministerio Público Fiscal de Córdoba (MPF) dio las primeras señales de lo que será su gestión. El actual Procurador General de la provincia, y parte del ‘‘Círculo Rojo’’, ya permite establecer cuáles serán sus prioridades al servicio del poder y la represión.

Cabe recordar que el mandato del Fiscalía General de la provincia es de 5 años. De modo que Delgado estará prácticamente al frente de la política punitiva de la provincia durante todo el mandato de Schiarretti y gran parte del mandato del próximo gobernador. Delgado viene del riñón del PJ cordobés y del empresariado local. Así que quienes gobiernan la provincia se cubren las espaldas en tiempos en que cada vez más se nota un manejo discrecional de la Justicia.

Perfil accedió de manera exclusiva al documento de 4 puntos en el que trabajarán Delgado y su equipo: “La violencia hacia la mujer, la inseguridad, la protesta social y el narcomenudeo” serán los ejes de la Fiscalía General cuando Delgado asuma.

En relación al primer punto, venimos de una jornada masiva del 8M, en la que nos unimos a una lucha bajo la independencia política del Estado y de la Iglesia. La movilización denunció las responsabilidades del Estado y sus funcionarios ante el avance de la violencia, los femicidios, el hambre y la desocupación.

La forma de resolver la violencia de género, en los términos del gobierno, es poner al frente a un hombre “preocupado por las mujeres”. El interés del próximo fiscal general, en realidad, es defender la seguridad jurídica en los negocios e inversiones.

Nos quieren hacer creer que nombrar peritos especializados va a resolver la complejidad de la violencia patriarcal, cuando claramente esto es un maquillaje. La orientación del gobierno es resolver las consecuencias de la violencia de género y no las causas, no evita que nos violen, golpeen y maten.

El tema de la inseguridad es un problema que mantiene en agenda. Delgado propondría una política de prisión preventiva para los robos con armas de fuego. Esto para los casos de robos y hurtos, que en su mayoría no llegan a condena en la provincia. Esta propuesta choca con la situación de las cárceles, en donde lxs privadxs de libertad padecen todo tipo de vejámenes.

Sin embargo, el problema de cómo solucionar este flagelo social se enfoca desde el lado opuesto. Una política criminal basada en penas duras, en prisión efectiva, no ataca este problema que hunde sus raíces en la descomposición estatal, para lo cual Delgado no tiene salida. La inseguridad viene desde arriba y tiene a las fuerzas de (in)seguridad como un eslabón clave de toda la cadena delictiva.

La primera medida que debería proponer Delgado es la investigación de los desarmaderos de autos, de las bandas de poliladron, las redes de narco y trata, el gatillo fácil, donde la policía tiene participación por acción u omisión. En síntesis, desmantelar el aparato represivo descompuesto del Estado, que participa de un gran elenco de delitos del Código Penal. Pero no podemos pedirle esto al Fiscal General de un régimen descompuesto, corrupto y saqueador, donde el Estado, con todos sus poderes, está vinculado al crimen organizado a gran escala.

Delgado, como plantea en su tercer punto, impondrá la mano dura a la protesta social. Así reafirma la política que el gobierno provincial necesita para hacer pasar el ajuste en la provincia y que no es nada nuevo. Según Perfil, Delgado concibe que “es un incordio lo que sucede en Córdoba con los cortes permanentes”.

El 8 de marzo, la gran movilización del movimiento de mujeres, terminó con una detenida. La política de represión hacia el movimiento obrero ocupado en su lucha por salario y condiciones, y de desalojo a las ocupaciones de tierra de las barriadas, es parte de la política de criminalización de la protesta y represión al movimiento piquetero, que impone el PJ y la patronal.

Tampoco es sorprendente que este punto sea apoyado por un comunicado de la Cámara de Comercio Cordobesa, que plantea: “Se ponen en riesgo innumerables fuentes de trabajo. Necesitamos que se cumplan las normas vigentes”.  no cabe más que recordarles que el mayor riesgo para los puestos de trabajo no viene de las protestas sociales, sino de la política económica de ajuste fondomonetarista que lleva a cabo el gobierno provincial.

En relación al último punto que la Fiscalía General de Delgado tiene en agend, el narcomenudeo, tenemos que decir que este problema tiene profundas relaciones con el gobierno y la policía provincial. El historial de la policía de la provincia, con sus implicancias en el narcotráfico, sea liberando zonas o participando activamente en el delito, nos plantea grandes dudas al respecto de la política de narcomenudeo que se lleva a cabo en Córdoba, donde se imputa a ‘‘perejiles’’, y que valió el elogió de su antecesor Moyano.

Según Perfil, se parte de ‘‘una fuerza de 3.500 policías muy bien formados y entrenados que están haciendo un gran trabajo”. Lo que buscaría Delgado aquí es reforzar una fuerza policial que histórica y actualmente participa de manera activa en el negocio del narcotráfico.

La población de Córdoba debe repudiar la designación de Delgado en la Fiscalía General y entenderla como una maniobra del gobierno para mantener su poder sobre la Justicia provincial. Además de sus estrechas relaciones con los vocales del Tribunal Superior de Justicia, ahora el gobierno tendrá a una persona de confianza, del Opus Dei, y defensor de la familia De la Sota y empresarios en la cabeza del MPF, cuya independencia funcional es cada vez más puesta en duda, a la par de la constitucionalidad de su funcionamiento actual.

Córdoba tiene una parada clave este 24 marzo, aniversario del golpe militar en la Argentina, cuando coparemos las calles en una gran movilización. Para que no haya más impunidad ni de ayer, ni de hoy, para los miembros del poder, contra el gatillo fácil, por el desmantelamiento del aparato represivo del Estado y por la elección popular de jueces, fiscales, y fiscales generales. Al ajuste y la represión de la Justicia y del gobierno las enfrentaremos con un frente único en las calles por todos los reclamos populares.

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