El director del Banco Nación y dirigente de Unidad Popular, Claudio Lozano, junto a otros sectores vinculados en su mayoría a la centroizquierda integrada al Frente de Todos, presentaron ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 5 una cautelar para suspender los pagos al FMI, incluido el desembolso de casi USD 1.900 millones previsto para el día de hoy, “hasta que el Congreso nacional analice la legalidad y constitucionalidad de dicho endeudamiento y trate nuevos acuerdos con el FMI” (Ámbito, 22/12). Estamos ante una reacción frente a la crisis política que golpea al oficialismo, que sin embargo muestra el callejón sin salida de quienes se jactan de postular un rumbo alternativo sin romper con el gobierno.

En primer lugar, llama la atención que Lozano dirija su reclamo hacia el Poder Judicial y el Congreso, en lugar de exigirle al propio gobierno -en el cual ocupa un cargo como funcionario- que ponga fin al pago de la deuda con el FMI, cuando es el Ejecutivo nacional el que emite las órdenes de pago para honrar cada uno de los vencimientos con el organismo y se apresta a rescatar el conjunto del préstamo solicitado bajo el mandato macrista.

Además de caer en saco roto, el planteo esgrimido no podría ser más inconducente, dado que los legisladores del oficialismo optan por reconocer la totalidad de dicha hipoteca y por pagarla hasta el último centavo a sabiendas de su carácter fraudulento, en acuerdo con la oposición derechista. Los bloques patronales que dominan el Congreso nacional ya tienen una decisión tomada sobre este punto, desdeñando que, como señala la misma cautelar, se “violó numerosas leyes, la Constitución nacional y tratados internacionales” y que “los organismos estatales que dictaminaron (Oficina Anticorrupción, Sindicatura General de la Nación, Banco Central y la Procuración del Tesoro) sostuvieron la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad; malversación de caudales públicos; y defraudación por administración infiel, en perjuicio de la Administración Pública Nacional”.

Por otra parte, la cautelar circunscribe su crítica al pago de vencimientos al Fondo, pero no dice una sola palabra acerca del carácter usurario de la totalidad de la deuda contraída durante la década kirchnerista, el pacto buitre del macrismo o la emitida en la gestión actual; cuando finalmente parte del megapréstamo otorgado por el FMI tuvo como destino cancelar vieja deuda. Es un recorte arbitrario, que deja en pie el grueso de la deuda pública récord, parte vertebral del régimen de saqueo del país, y por lo tanto demuestra los límites de la centroizquierda que intenta presentarse con un planteo alternativo sin sacar los pies del plato de la coalición gubernamental, en la que todas sus vertientes -incluida el ala cristinista- bregan por un acuerdo con el FMI. Por lo demás, Lozano observa la ilegalidad de dicho endeudamiento para plantear meramente su suspensión, en contraposición al repudio soberano que merece tamaña estafa contra el pueblo.

Lozano incurre en un acto de autoincriminación cuando afirma que “el Estado no debería estar pagando una deuda con el FMI (…) esto implica reconocer una defraudación pública, pero continuar con los perjuicios económicos derivados de ella”. Se acordó tarde, porque el gobierno del cual forma parte viene cumpliendo a rajatabla desde que asumió cada uno de los vencimientos con el Fondo, por más de USD 4 mil millones en total, con sobretasa incluida, languideciendo las reservas del Banco Central. El motivo de que recién ahora recurra a la Justicia para suspender los pagos obedece al cuadro de crisis política, agravada tras el hundimiento del Presupuesto 2022 y la inquietud popular creciente, como mostró el Chubutazo contra la megaminería.

El objetivo de la cautelar no es organizar una oposición para luchar contra el pacto con el FMI, sino que se reduce a un intento por parte de la centroizquierda devenida en oficialista de contener a una base progresista del Frente de Todos, decepcionada con el rumbo de ajuste que ha asumido el gobierno. El hecho de que la presentación judicial haya sido firmada por los dirigentes de la CTA Autónoma, inclusive “Cachorro” Godoy, no puede esconder que optan por esta vía para evitar promover un curso de acción directa y organizar a los trabajadores contra el acuerdo en puertas con el FMI.

En definitiva, para enfrentar este pacto de ajuste, saqueo y sometimiento nacional es preciso romper con las variantes políticas que abrevan en la fuente del FMI, y así ganar las calles con un programa propio. Fuera el Fondo Monetario, no al pago de la deuda usuraria, por una salida de los trabajadores a la crisis. Ese fue el mandato que dejó la multitudinaria Plaza del 11 convocada por Frente de Izquierda, el cual debemos desenvolver hasta el final.

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