Tras haber fracasado en el intento de sancionar el Presupuesto 2022, el gobierno dejó en claro que la negociación con el FMI no se detiene. Por lo pronto el miércoles volverá a gatillar cerca de 1.900 millones de dólares por vencimientos de capital con el organismo, y tanto el presidente como el ministro de Economía enfatizaron que lo sustancial de la política económica será plasmado en el plan plurianial…  que va a ser definido con el propio Fondo.

Esto basta para notar la impostura de Martín Guzmán al acusar a la oposición de “dejar a la Argentina sin presupuesto”. El único valor del proyecto no estaba en sus números, carentes de respaldo por la subestimación de la inflación, sino de la hoja de ruta que insinuaba. Esta era la antítesis de lo que afirmó el ministro en su hilo de Twitter, acerca que ahora trabajan para “administrar los recursos de modo que el 2022 sea otro año de recuperación, con más capital público, educación, salud y conocimiento”, cuando este año subejecutó un tercio de lo asignado para obra pública y preveía para 2022 recortes del 13% en salud y 7% al presupuesto universitario en caso de que se cumpliera la pauta inflacionaria del 33%.

Pero incluso el ajuste es mucho mayor. Es que las estimaciones sobre la ejecución presupuestaria del 2021 que figuraban en el mensaje del Presupuesto perdieron sentido con otra ampliación presupuestaria más de fines de noviembre. La Oficina de Presupuesto del Congreso suma que las ampliaciones significaron un 30% más de erogaciones que lo previsto por la ley. El método de subestimar la recaudación impositiva por la vía de fijar pautas inflacionarias sin asidero ya implicó este año un manejo enteramente discrecional de los recursos; debido a que el grueso de los ingresos tributarios se incrementa con las subas de precios, ya que la estructura regresiva otorga la mayor carga a los impuestos al consumo como el IVA (que paga la población trabajadora y representa casi un tercio de la recaudación tributaria).

Esa discreción en cuanto al uso de recursos no fue empleada, como acusa la oposición derechista, para gastos irresponsables. Fue utilizada para ejecutar el ajuste, de manera que -en medio de una crisis social que se agrava e incluso de una doble derrota electoral- achicó el déficit primario presupuestado en un 40% (del 4,5 del PBI al 2,7). Horacio Rovelli estima que el “ahorro” total supera los 9.500 millones de dólares, equivalente a más de un billón de pesos al tipo de cambio oficial (Radio Gráfica, 18/12).

Como sea, el dibujo en cuestión no convencía a los directores del Fondo Monetario. Su titular Kristalina Georgieva volvió a reparar, tras una videollamada con Alberto Fernández y Guzmán, en que los funcionarios argentinos que viajaron a Washington volvieron con la directiva de proceder a una suba de las tasas de interés por encima del IPC (para ofrecer mayor rentabilidad a las inversiones financieras y desalentar el pasaje a dólares), achicar la brecha cambiaria (mayor devaluación) y un rumbo más preciso para “equilibrar las cuentas públicas”.

La preocupación explícita del FMI es que el programa que se firme tiene que permitir una baja del riesgo país para que Argentina vuelva al mercado de crédito internacional y así poder tomar nueva deuda que asegure el repago al Fondo. Esto por lo leonino del pacto en ciernes, cuando un número importante del directorio fondomonetarista rechazó ya rever la sobretasa de interés del 4% que ya paga Argentina. Es decir que el ajuste y el acuerdo no despejarán la carga del endeudamiento sino que la perpetuarán.

De hecho, el Presupuesto 2022 estimaba un financiamiento por parte de los organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID del orden de los 12.500 millones de dólares, cuando se estima que en el mejor de los casos apenas lograrían concretar la mitad de esa cifra. Esta pose de mendigo ante el gran capital financiero internacional refuerza a su vez la tutela del imperialismo (que controla dichas instituciones) sobre la economía nacional.

El apuro del gobierno por acelerar de todos modos la negociación con el FMI, a pesar del salto en la crisis política que implica su derrota en el Congreso, responde al cuadro crítico del Banco Central que, tras este nuevo pago al Fondo consumirá lo que le queda de los DEG, debe afrontar abultados vencimientos en el verano. Esta orientación reafirma la necesidad de enfrentar la hoja de ruta de recortes presupuestarios, tarifazos y ataques al salario y las jubilaciones.