Luego del atentado perpetrado contra la vicepresidenta el jueves pasado, se conoció que su atacante, Fernando André Sabag Montiel, había protagonizado entrevistas donde destilaba “discursos del odio” contra aquellos que perciben planes sociales, una réplica de los ataques asestados por parte de todo el arco político contra el movimiento piquetero y los sectores combativos que salen a la calle contra el hambre y la miseria que sus políticas promueven.

Milei además de atacar en su discurso a los movimientos sociales que reclaman al Estado, publicitaba la conformación de un Movimiento Antipiquetero Argentino, es decir, un grupo de choque contra ellos. Esta campaña antipiquetera no quedó solo en el liberfacho, fue del conjunto del arco político patronal y los medios de comunicación con el objetivo de generar un desprecio social contra los que menos tienen y un enfrentamiento entre los trabajadores.

Larreta defenestró a las mujeres que llevan a sus hijos a las movilizaciones, aduciendo que los utilizan como “escudo”. Pero es el jefe de gobierno porteño quien utilizó a las infancias pobres para enarbolar un discurso de odio y desprecio contra las mujeres que salen a la calle contra el ajuste y no tienen con quién dejar a sus hijos, y así justificar un eventual despliegue represivo.

En la misma línea Cristina Kirchner reclamó el monopolio estatal de los programas sociales, con lo que coincidió Larreta, acusando a las organizaciones piqueteras de utilizar métodos punteriles. El único propósito fue poner a los beneficiarios bajo control de los verdaderos punteros: los de las intendencias y las gobernaciones, liquidar la precaria asistencia económica del Estado que perciben los desocupados y desmantelar su lucha contra el ajuste.

También pidió el procesamiento de quienes protagonizaran los cortes y agregó: “no son organizaciones sociales sino organizaciones políticas”, reforzando la línea macartista del discurso, y se pronunció contra una supuesta división entre pobres que trabajan y pobres que “están haciendo otra cosas” –“planeros” y/o piqueteros-, tratando de meter la cuña sobre cualquier posible unidad de los sectores empobrecidos, por las políticas de hambre de su gobierno, mediante un discurso discriminatorio.

Estas declaraciones se enmarcan en una campaña de allanamientos y persecución a dirigentes que se convirtió en una política de Estado para tratar de desarmar también al movimiento obrero y cuya orientación tiene su precedente en 2014, donde la propia vice, en una Asamblea Legislativa, reclamó una ley para impedir piquetes al tiempo que encabezaba el gobierno que tenía a Sergio Berni como ministro de Seguridad.

Este último dirigió una represión contra una toma en la Panamericana durante el gobierno de CFK y fue el encargado del operativo que desalojó, con una brutal represión, a centenares de familias sin techo de la toma de Guernica en 2020, luego de una operación política y mediática que criminalizaba a quienes ocupaban tierras porque no tenían donde vivir.

Ahora, el gobierno busca empezar a debatir una especie de “ley contra el odio” pero, en ese caso, ¿quién dictaminaría qué es el odio? Decir “nos gobiernan unos hijos de puta”, denunciando el ajuste de un gobierno hambreador, ¿sería un discurso de odio? ¿Quiénes serían las víctimas del odio? La experiencia más cercana, y que aparentemente el oficialismo tomaría de ejemplo, sería la de Venezuela cuyos principios son denunciados por varias ONG’s por ser tan amplios e inconsistentes que terminan viabilizando políticas de censura y persecución, fomentando la arbitrariedad en la aplicación por parte de funcionarios y promoviendo el abuso de poder y las violaciones a los derechos humanos.

Queda claro que el argumento del “discurso de odio” es una herramienta de la que se vale el oficialismo para colocarse como víctima e ir más a fondo con la falsa polarización, y para tratar de desbaratar cualquier reacción que combata las políticas de ajuste acordadas con el FMI.

El camino de la “paz social” que buscan imponer va en el mismo sentido, y es el que recorren cotidianamente los burócratas sindicales que no han convocado a un solo paro ante la caída de los salarios, los despidos, el robo a los jubilados o el aumento del empleo precario y sí se han puesto en alerta en defensa de Cristina Kirchner desde mucho antes del intento de asesinato.

La contracara es el crecimiento de la desocupación y la miseria, algo que se ha sucedido permanentemente durante todos los gobiernos (kirchnerismo, macrismo y actual Frente de Todos) y que rompe con cualquier tipo de paz porque pone en juego las condiciones de vida de la población que vive de su salario.

Repudiamos el atentado contra la vicepresidenta y exigimos su inmediato esclarecimiento, pero la tarea central sigue siendo organizar la lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones e impulsar la ruptura con el peronismo y su organización tras las banderas socialistas.

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