El atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández ha sido contundentemente repudiado, de eso no cabe duda. Las multitudinarias concentraciones que se produjeron este viernes en todo el país son una clara demostración de que el repudio es popularmente compartido. Las fuerzas políticas se manifestaron casi unánimemente en el mismo sentido, lo cual ha hecho más notorias las negativas a hacerlo de Javier Milei, Patricia Bullrich o las declaraciones abiertamente provocadoras de Amalia Granata, Yamil Santoro y Martín Tetaz. El Senado sacó una declaración común de todos los bloques, y la Cámara de Diputados de la Nación acaba de votar el mismo texto con el voto de todos los bloques y la abstención del FIT-U (que presentó su propio proyecto de repudio al atentado), en disidencia con sus términos.

Hay que sumar, y no es menor, el repudio de todo el arco empresarial, las centrales obreras y las iglesias. Más aún, hubo pronunciamientos contundentes a nivel internacional, entre ellos el de EE.UU. cuyo embajador en la Argentina lo hizo inmediatamente.

En general, tanto el oficialismo como la oposición (y también los medios de comunicación) agitaron que, más allá de la gravedad del hecho en sí, era necesario pronunciarse porque están en peligro la democracia y las libertades. Seguramente muchos de los que se manifestaron lo hicieron bajo esta consideración.

Pero cabe preguntarse, ¿quién estaría interesado en un golpe? Los “conspiradores habituales” (el imperialismo, grupos capitalistas, militares, etc.) no solo se han encolumnado detrás del repudio a un hecho tan grave, sino que están sosteniendo al gobierno en su política, y más aún consideran que es necesario apoyarlo en su rumbo profundamente ajustador. Los recortes al gasto, los tarifazos, la apertura de los negocios como la minería y el petróleo, son banderas de la propia clase capitalista. Lejos de sabotear al gobierno que lo hace, enfrentando a su propia base electoral, y aunque ese apoyo no resuelve la crisis económica ni cierra los reclamos capitalistas, la preocupación mayor es cómo blindarlo para impedir que una reacción popular frente al agravamiento de sus condiciones de vida se lo lleve puesto.

Y esa es la esencia del pronunciamiento del Senado y de diputados que acordaron todos los bloques donde se llama a la “dirigencia toda y a la población a buscar todos los caminos que conduzcan a la paz social”. La paz social se ve afectada por la inflación que come los salarios, por la pobreza, por la precarización laboral, por el derrumbe de las condiciones sanitarias, educativas, etc. Es decir, la paz social está jaqueada por el acuerdo con el FMI y los reclamos capitalistas. Pero el planteo de paz social del gobierno no tiene nada que ver con todo esto: apunta contra la reacción popular contra el ajuste. La reacción popular en las calles frente a esa realidad está en el centro de la “campaña del odio” contra las organizaciones piqueteras, los trabajadores desocupados que reciben planes, los trabajadores provenientes de otros países, los derechos obtenidos por las mujeres y las diversidades sexuales. Y esa campaña de odio ha sido alimentada por los referentes de todas las fuerzas políticas, desde la oposición de ultraderecha como Milei hasta el propio gobierno, usando desde mensajes estigmatizantes hasta colocar a aquellos -con análisis más “sesudos”- como un impedimento para el desarrollo del país, como hizo la propia Cristina. El atacante a la vice y los grupos fascistas, aún minoritarios, se alimentan de esa campaña y son protegidos por el propio Estado a través de sus lazos con las fuerzas de seguridad. Los ataques a locales partidarios de la izquierda, patotas contra militantes, entre otros, son una prueba de ello.

Las centrales obreras, en todas sus variantes, han amenazado con mayor o menor fuerza con intervenir con un paro para repudiar el atentado y apoyar al gobierno. Finalmente, el paro fue desechado. La declaración de feriado nacional postergó la definición. Ni el gobierno, ni la propia burocracia están interesadas en promover una intervención organizada de los trabajadores por más controlada que esté. La gravedad de la crisis que vive la inmensa mayoría de la clase obrera no ofrece garantías, cuando de lo que se trata es de sacar de las calles las luchas como la del Sutna, los docentes o el movimiento piquetero. La paz social se refiere a esto último.

El gobierno ha decidido aprovechar el repudio al atentado para colocarse como víctima de la tan mentada campaña del odio, quiere ir más a fondo en un intento de polarizar la situación que comenzó luego del pedido de condena a Cristina por parte del fiscal Luciani, que según Mariano Recalde, senador por CABA y presidente del PJ porteño, “algo generó, despertar al peronismo y fortalecer la unidad del Frente de Todos”, nada despreciable para una fuerza política cuyo gobierno se ha ido desbarrancando hasta el borde del abismo.

Por eso, exprofeso, el gobierno, que recorta los fondos a la discapacidad, convirtió la movilización repudiando el ataque a CFK a Plaza de Mayo en un acto en apoyo a su política, con Sergio Massa en el escenario, ejecutor central del ajuste y del ataque a los trabajadores.

El Partido Obrero sostuvo la necesidad de que el repudio al atentado no se convierta en un apoyo al gobierno. Por eso no fuimos a la Plaza de Mayo el viernes 2. Rechazamos la “paz social” por parte de un gobierno que todos los días ataca los salarios, las jubilaciones y las condiciones de vida de los trabajadores y llamamos a enfrentar este plan de ajuste. La tarea central sigue siendo organizar la lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones e impulsar la ruptura de los trabajadores con el peronismo y su organización tras las banderas socialistas.

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