El 10 de diciembre se cumplieron tres años desde que el Frente de Todos llegó al gobierno. Al acto de festejo, sin embargo, no fueron “todos” sino unos pocos funcionarios alineados con el Presidente. Las deserciones se explican porque nadie quiere hacerse cargo del fracaso de una política de gobierno que llevó a que Argentina tenga una inflación del 100% anual o más, un crecimiento de la pobreza y de la indigencia, un aumento de la precarización laboral, un salto en el endeudamiento, tanto en dólares como en pesos, que ha creado las condiciones para el estallido de un Rodrigazo -según lo ha advertido el propio viceministro de Economía. Para salvar la ropa e intentar cumplir la totalidad de su mandato, el gobierno ató su suerte al FMI y le entregó el timón del barco a Sergio Massa, un hombre ligado de modo abierto a la embajada yanqui y que hace las veces de gerente de relaciones públicas de un conglomerado empresarial que tiene ramificaciones en sectores clave de la economía.

Como era previsible, Cristina Fernández de Kirchner no concurrió al acto oficial. Con su ausencia, ella quiere dar la señal de que no es quien gobierna ni quien toma las decisiones. Pero visto de un modo objetivo, la participación en el gobierno de la vicepresidenta es mayor al pasado, cuando repetía de vez en cuando cuestionamientos al exministro Martín Guzmán o cuando parte de su tropa se negó a votar en el Congreso el acuerdo con el FMI. Ahora, en cambio, su apoyo a Sergio Massa es tan cerrado como contundente a pesar de que el ajuste que aplica es visiblemente superior. La misma actitud asumió su hijo Máximo Kirchner y La Cámpora, que ha votado mansamente el Presupuesto 2023, que fue pactado hasta en los detalles con el FMI.

Tres años de ajustes

Echando mano a distintos argumentos, todos los sectores del gobierno avalan esta política de ajuste. Alberto Fernández dice que es consecuencia de la pandemia y la guerra de Ucrania. Cristina Fernández de Kirchner dice que Massa está obligado a aplicar esta política dictada por el FMI dados los desbarajustes realizados por Martín Guzmán. Pero ambos omiten lo esencial: que el acuerdo con el FMI fue el objetivo N° 1 del gobierno, aún antes de que formalmente presten su juramento en la Casa Rosada. En diciembre de 2019, Alberto Fernández realizó una extensa gira que incluyó un seminario en el Vaticano junto con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y reuniones con los jefes de Estado de las potencias imperialistas de Europa. Bajo la estricta bendición papal pactaron un ajuste que tuvo su expresión más cabal en la eliminación de la movilidad jubilatoria por inflación. Los diputados y senadores que responden a Cristina Fernández de Kirchner apoyaron este nuevo robo a los jubilados. Más tarde, la vicepresidenta en persona intervino para que Martín Guzmán otorgue nuevas concesiones al capital financiero internacional y cierre la renegociación de la deuda privada que se había incrementado bajo con el macrismo. Este curso político orientado por los intereses del capital financiero llevó a la catástrofe electoral de 2021, cuando el Frente de Todos perdió más de 5 millones de votos. No fue el ajuste el que dividió al gobierno, sino la derrota electoral.

Las promesas originales del gobierno se cumplieron exactamente en un sentido inverso. Prometían terminar con la inflación del 54% que dejó Macri, pero la llevaron por arriba del 100%. La recuperación del salario real prometida concluyó en un nuevo retroceso, que bien visto lleva más de una década y abarcó a los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, de Macri y del Frente de Todos. Lo más ilustrativo fue lo que sucedió con las jubilaciones. La promesa de aumentar los haberes de los jubilados echando mano a los intereses que los bancos se embolsan por las leliq terminó en jubilaciones aún más reducidas, mientras los bancos cobrarán por los pasivos remunerados cerca de 1 billón de pesos mensuales en concepto de intereses. Otro tanto ocurrió con la promesa de aplicar un desendeudamiento. La deuda no solo no disminuyó, sino que pegó nuevos saltos, siendo en la actualidad la más alta en toda la historia nacional. La inviabilidad de este endeudamiento queda en evidencia cuando el gobierno no logra renovar la totalidad de los vencimientos, aún pagando una tasa de interés insostenible. El aumento de las tasas que viene aplicando la Reserva Federal de Estados Unidos echa más leña al fuego. Un reciente informe del Banco Mundial advierte de un default generalizado de los países periféricos. Argentina, claro, está a la cabeza de la lista.

Soja, litio y gas

La crisis del gobierno ha llevado a un alineamiento de todos sus componentes con la agenda más general que reclaman los sectores capitalistas. El llamado “dólar soja” es un ejemplo de ello. A través de este, Massa le ha transferido al capital sojero y sobre todo a las grandes cerealeras que tienen a su cargo el comercio exterior del país centenares de miles de millones de dólares. El negocio, que redunda en una pérdida directa para el Banco Central, consiste en que comprarles a los exportadores un dólar a 230 pesos, para luego venderlo a 170. La diferencia, que se cubre con emisión, alimenta directamente la inflación. Así, las ganancias del capital agrario son proporcionales a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

Las peleas interminables y choques violentos entre las coaliciones políticas principales, e incluso las que se dan al interior de cada una de ellas, contrastan con los intereses capitalistas que a su modo todos aspiran a representar. La gira de gobernadores del “norte grande”, que integraron por igual peronistas y radicales, presidida por el camporista Wado de Pedro, fue una muestra de ello. El gran capital internacional tiene reservado para la Argentina un estatus semicolonial en el cual sirva como proveedora de ciertas materias primas. El conjunto de la política económica e institucional debe adecuarse a generar las condiciones para asegurar esos negocios en el largo plazo.

La campaña electoral que se viene estará determinada por estos intereses. Tanto el peronismo como la coalición macrista-radical pelearán por ver quién los expresa de un modo más cabal. Los monopolios que buscan quedarse con estos recursos naturales condicionan sus inversiones a rebajas impositivas, pero por sobre todas las cosas a la libre disponibilidad divisas para poder girar dividendos a sus casas matrices sin restricciones. En las actuales condiciones, esto requiere una devaluación monetaria de proporciones, que implicará una mayor desvalorización de los salarios y los ingresos de los trabajadores.

La oportunidad del FIT-U ante la crisis política

La presión de Estados Unidos, del FMI y de los monopolios internacionales que quieren avanzar en el saqueo de los recursos naturales actúa como un punto de unificación de un régimen político quebrado y dividido. Esta división abarca tanto al gobierno como a la oposición de derecha, cruzada por choques violentos en su interior. De todos, la crisis mayor es la del peronismo gobernante y más específicamente la del kirchnerismo. La condena judicial a Cristina Fernández de Kirchner y su posterior renuncia a presentarse como candidata en 2023 equivale a un default político. Estrictamente le ha dejado libre el camino a Sergio Massa, el elemento más derechista del gobierno y más vinculado a los intereses de Estados Unidos. Pero las chances del ministro de Economía son remotas, porque dependen de que pueda revertir el retroceso económico y social. En caso de que eso no ocurra, el peronismo irá a las elecciones presidenciales con un candidato testimonial, mientras los gobernadores adelantarán sus comicios para intentar salvar sus reelecciones.

La crisis del peronismo ha acelerado las disputas dentro de la derecha macrista. Incluso se acelerarán los choques por intentar sumar a elementos del pejotismo disperso. La revelación del viaje a Lago Escondido de jueces, funcionarios de Larreta y servicios de inteligencia junto a directores del Grupo Clarín da cuenta de un régimen podrido hundido en la corruptela. La lucha despiadada por el manejo del Poder Judicial muestra que el destino del régimen se juega más en los tribunales que en las elecciones. El golpe reciente en Perú, con el apoyo de Lula y de la OEA, advierte que América Latina ingresa en una etapa de inestabilidad política que acelera los golpes, autogolpes, creando las condiciones para la irrupción de los trabajadores.

Para el Frente de Izquierda-Unidad, esta crisis de fondo plantea una oportunidad política enorme. El solo hecho de que el peronismo se debate entre Massa y un candidato testimonial da cuenta de su retroceso irreversible en tanto alternativa popular para los trabajadores. Las luchas que se están librando refuerzan esta tendencia. El recorte de los planes sociales, por ejemplo, llevado adelante por la ministra Tolosa Paz, está provocando una revulsión en la base de las organizaciones sociales cooptadas por el gobierno, mientras sus dirigentes buscan acomodarse también girando a la derecha. El “Chino” Navarro, del Movimiento Evita, acaba de respaldar una candidatura presidencial del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, un defensor acérrimo del capital agrario y de las terminales automotrices.

Partiendo de esta caracterización de conjunto, el Partido Obrero viene planteando al Frente de Izquierda-Unidad la necesidad de convocar a un congreso abierto para que el activismo y los luchadores del país participen de una deliberación política para construir una alternativa de poder de los trabajadores -“un movimiento popular con banderas socialistas”. El FIT-U tiene que ser el canal de los miles y miles de luchadores y luchadoras que a lo largo y ancho de la Argentina luchan contra el gobierno y la ofensiva de los capitalistas. Esta política es muy superior a las construcciones electoralistas, que se estructuran haciendo abstracción de la intervención en la lucha de clases. La renuncia de Cristina Fernández de Kirchner a una postulación electoral no debe explotarse con una kirchnerización de la izquierda, sino ayudando a los trabajadores a sacar las conclusiones sobre cuál es el contenido de clase que expresa el nacionalismo burgués para que emerja la necesidad de una alternativa socialista.

En los últimos meses, el Partido Obrero ha realizado actos en todo el país, de los que participaron decenas de miles de luchadores, en los que hemos llamado al Frente de Izquierda-Unidad a llevar adelante esta política en común. Para reforzar esta campaña realizaremos el 11 de febrero próximo un encuentro abierto a todos los luchadores populares, donde haremos un balance de la situación y a la luz del mismo tomaremos nuevas iniciativas.

El 2023 será un año de luchas.

https://prensaobrera.com/politicas/2023-peronismo-macrismo-y-reforma-laboral