Políticas
17/1/2025
Acerca de los anuncios del gobierno sobre Salta Forestal
Sáenz sigue sin explicar si le va a cobrar a los concesionarios los 100 millones de dólares que deben por la explotación de tierras públicas.
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Salta Forestal.
En lo que varios medios interpretaron como una respuesta a las denuncias del Partido Obrero, el gerente de Salta Forestal presentó en Casa de Gobierno una serie de medidas acerca del destino de estas 320.000 Has. fiscales concesionadas en su mayor parte al grupo Elsztain, el financista de Milei, y al grupo Ruiz (dueño del ingenio San Isidro y de varios más en Tucumán) que comprara la concesión a la familia Olmedo.
El debate sobre este caso emblemático de robo al pueblo de Salta, repleto de complicidades de los gobiernos de Romero, Sáenz y Urtubey, se retomó a partir de la reapertura de la causa penal contra el exgobernador Urtubey impulsada por Claudio Del Plá por fraude a la administración pública cuando firmara una condonación millonaria a favor de los concesionarios por el pago del canon establecido en la ley 7623.
En diciembre hemos actualizado la denuncia con una presentación pública, fundada en los datos oficiales de la recaudación del canon desde la vigencia de la ley hace 14 años hasta el presente y en la estimación del valor de la producción obtenida por los concesionarios privados. De esos cálculos surge la estimación de que estas empresas acumulan una deuda con el Estado salteño de unos 100 millones de dólares.
Los anuncios: no aclaren que oscurece
Acerca del tema del canon se anunció que, por 2024, las empresas han acordado el pago de unos 3,5 millones de dólares a partir de una auditoría realizada sobre la producción de los adjudicatarios. No se informó sobre cuantas Has en producción surge esta cifra y mucho menos sobre la deuda histórica. La responsabilidad del cobro de este canon es del gobernador que lleva 6 años en el poder, como antes lo fue de Urtubey, que designa a las autoridades de Salta Forestal encargadas de establecer su valor para cada año.
El gerente de la empresa, el contador Haddad, anunció también que se ha iniciado una negociación que volvería a modificar las condiciones del contrato original y que el propósito sería recuperar 160000 Has que los concesionarios no están explotando para proceder a concesionarlas a otros privados. De este modo, afirmó, se incorporarían más recursos por canon para el Estado. Así, quedaría definitivamente fuera de cualquier responsabilidad empresaria la preservación integral ambiental y social en el predio que establecía el contrato original, que no habilitaba la explotación económica, ni mucho menos los desmontes, que además fueron ejecutados ilegalmente al menos sobre 60.000 Has. Se habló, sin más detalles, de un plan de colonización de estas tierras “recuperadas” que llamativamente, por ahora, no serían de interés de los poderosos grupos económicos que representan los concesionarios que están entre los terratenientes más grandes del país.
El destino de los puesteros
Se dijo también que atenderán los reclamos históricos de los puesteros, que son unas cien familias poseedoras legitimas a las que se les otorgaría el derecho de propiedad. Claro que el principal reclamo de estas familias es que puedan hacer viable su actividad económica que hoy se desarrolla en condiciones penosas, que el Estado invierta en caminos e infraestructura, que se les garantice el uso de las tierras, que puedan colocar su producción, incluso abasteciendo al Estado . Al contrario, la mayoría de ellas tuvo que apelar a juicios para evitar desalojos y reivindicar sus derechos.
En estos casos, como en un eventual plan de colonización sobre otras superficies recuperadas, el problema es que se va a repetir la historia de otras colonizaciones como las de la zona de Tolloche, bajo el gobierno de Romero, en donde los campesinos terminaron vendiendo sus tierras ahogados por las deudas. Los terrenos se habían valorizado luego de inversiones estatales realizadas en nombre de “ayudar al pequeño productor” y fueron a parar a manos de grandes propietarios. Es decir que la colonización no fue una salida para los pequeños productores campesinos sino “una estación intermedia” para una concentración de la propiedad en una provincia donde, según el último censo agropecuario del año 2019, solo 70 propietarios tienen la mitad de las Has. productivas.
Conclusiones
Los anuncios dejan claro que el gobierno no quiere revisar ni ejecutar la deuda millonaria de los concesionarios, que no quieren hacer público cuál es el valor real de la producción sobre el que debe calcularse el 10% de canon para la provincia. Que mucho menos quiere que se investigue, se exponga y sancione las responsabilidades penales de los funcionarios por el perjuicio al pueblo de Salta con los negociados sistemáticos con estas tierras públicas.
Sáenz no tiene ningún plan para recuperar Salta Forestal para los salteños, no puede tenerlo, porque igual que sus antecesores gobierna para los grandes grupos económicos de la minería y para los dueños de la tierra. No es casualidad que el nuevo presidente de Salta Forestal, Ignacio Lupión, haya sido hace poco presidente de la Sociedad Rural o que su presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat, sea a la vez presidente de la Cámara del Tabaco.
Desde el Partido Obrero seguiremos batallando, como lo hacemos desde hace décadas, para que vayan presos los responsables políticos de los negociados con Salta Forestal. Reclamamos, como lo hicimos desde nuestras bancadas, que estas 320.000 Has. de tierras públicas sean recuperadas por el Estado, que se establezca un plan integral de uso productivo y preservación ambiental gestionado por los trabajadores y pobladores. Solo en este marco podrán satisfacer sus legítimos reclamos los puesteros y el 100% de la renta se aplicará a la creación de trabajo de calidad, viviendas e infraestructura para sacar de la pobreza a la enorme mayoría de los habitantes del departamento Anta donde se ubican estas tierras.
