Políticas
3/7/2026
Acuerdo provincia del Neuquén con YPF
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Los gobiernos siguen un libreto que se repite entrega tras entrega de los recursos naturales, apelando a un armado de tramas legales. Les sobra experiencia en el tema. No se repiten por ingenuos, sino porque la clase capitalista exige seguridad jurídica en las normas que se emitan. Por eso aunque los gobiernos y los Estados se las rebusquen con textos enredados, finalmente deben dejar sus huellas dactilares en la entrega y el saqueo. Es lo que acaba de ocurrir con el reciente Acuerdo firmado por la provincia de Neuquén y la empresa YPF S.A. y aprobado por decreto y luego refrendado mediante una ley de la Legislatura.
Aunque se armó mucho ruido de parte de quienes se opusieron en el recinto y fuera de él (paro de ATE y Aten) acerca de la rebaja de regalías y eximiciones impositivas a YPF S.A., en general pasó desapercibido un artículo clave, el corazón, de ese acuerdo. Se trata de una cuestión clave, porque era evidente que los beneficios de la “muleta” estatal a favor del gran capital no eran solo para YPF S.A.
Esto está plasmado en el artículo 9 del acuerdo. En este artículo, como aquel artículo 10 del acuerdo de la provincia con YPF S.A. en 2013 para la entrega a Chevron, se establece que los derechos y beneficios que recibe YPF S.A. los puede transferir a terceras empresas. Con lo cual si la rebaja de regalías y otros beneficios (no tributar impuestos provinciales) ya es pavimentar la ruta al saqueo, transferir esos derechos y beneficios a petroleras extranjeras es, además, un acto de coloniaje y sometimiento nacional.
Porque la rebaja de regalías e impuestos en beneficio de empresas extranjeras en tanto se pagan salarios bajo la línea de pobreza y se aplican un tarifazo brutal a los sectores populares en las facturas de gas es una transferencia a favor del capital.
No hay, como afirma el gobernador, ninguna defensa de las y los neuquinos y muestra con toda claridad que cuando hablan de “nuestros recursos” es una ficción.
Se confirma: el acuerdo era para ENI y XRG
El proyecto de YPF S.A. de exportación de GNL por la costa rionegrina tiene cinco áreas asociadas como proveedoras del gas a procesar y exportar. La producción de esas cinco áreas son las que han recibido todas las ventajas impositivas y de baja de regalías. Por lo tanto ser parte de la empresa concesionaria de las mismas es adquirir todas las ventajas que el Acuerdo de la Provincia con YPF S.A. le otorga a ésta, ya que se considera que los derechos adquiridos por YPF S.A. como parte del acuerdo son inescindibles de las concesiones sobre las cinco áreas (según el Decreto 0796/2026).
Para eso se montó todo un operativo político-normativo y legal para que esos derechos terminen también en manos de las multinacionales.
Partiendo de que YPF S.A. es el titular de la concesión de las cinco áreas que gozan de los beneficios, se fue produciendo un pasamanos entre sociedades, habilitado por el acuerdo (artículo 9).
La empresa petrolera con mayoría estatal había formado una sociedad específicamente para el proyecto (UPCO ARLNG i S.A.U.).
Las siglas UPCO significan que tal sociedad es creada específicamente para un proyecto puntual. Se trata de los VPU (Vehículos de Proyecto Único) que creó la Ley Bases.
Al ser una SAU (Sociedad Anónima Unipersonal) es una sociedad que se puede formar en cinco días hábiles y se trata de sociedades anónimas que tienen un solo socio que, además de la celeridad para su conformación, limita la responsabilidad patrimonial del único socio al capital que invirtió a través de esta sociedad en el proyecto puntual y no debe responder con todo su patrimonio ante quebrantos, pérdidas, deudas impagas, etc..
La creación de otra sociedad por parte de YPF S.A., donde ella como sociedad anónima es la única socia (una creación artificial permitida por la Inspección General de Justicia para negocios turbios) es el vericueto legal al que recurrió YPF S.A. por un lado, pero que tiene la complicidad del gobierno provincial.
Cuando apenas han pasado unos días de aprobado el acuerdo y votada la ley por parte de la Legislatura (seguridad jurídica), YPF S.A. decide (no se sabe cómo) transferir a la sociedad armada específicamente para el proyecto (UPCO ARLNG i S.A.U.) sus derechos de concesión sobre las cinco áreas.
Y luego anunció que vendió a la italiana ENI y a XRG (subsidiaria de la empresa de Abu Dhabi) un 32% a cada una del capital accionario de UPCO ARLNG I S.A.U. Por lo cual estas multinacionales terminarán recibiendo todos los beneficios y embolsando lo que las y los trabajadores estatales y docentes padecemos como salarios bajo la línea de pobreza y lo que las barriadas populares padecen con las tarifas del consumo de gas exorbitante que están recibiendo en estos días, en un marco de una ola polar de frío.
Se termina entregando por chirolas cinco áreas a una entelequia legal. El gobierno y la Legislatura conocían perfectamente que dicha sociedad no responderá más allá de un límite en casos de remediación ambiental o pasivos que deje la explotación de esas áreas. Otra vez la ingeniería normativa al servicio de la entrega. Mas cipayo no se consigue.
UPCO ARLNG I S.A.U: a lo Adorni
Nadie pone el grito en el cielo por cómo YPF S.A. cedió a esa tercera sociedad anónima con un solo socio la titularidad de explotación No Convencional de las cinco áreas en cuestión y luego vendió el 29 de junio a ENI S.A. y XRG S.A. el 32% a cada una de su “participación accionaria” (Comunicado oficial de YPF S.A.) en una sociedad de un solo socio. Porque ya no sería una SAU sino una sociedad anónima como tantas otras, pero disfrazada de SAU para limitar la responsabilidad patrimonial ante futuros casos que demanden pagos o resarcimientos, por ejemplo, ante derrames o pasivo ambiental.
Que estaba cantado ese pasamanos lo expone el hecho que la participación accionaria en UPCO ARLNG i S.A.U. al final del camino guarda exactamente la proporción del acuerdo que YPF S.A. tenía con ellas para todo el proyecto, lo cual prueba que todo lo aprobado por el gobierno de Neuquén y la Legislatura local, es un acto servil de escribanía de las exigencias de las multinacionales, y que los beneficios de baja de regalías y la eximición de impuestos termina por favorecer a esas multinacionales y sale del bolsillo del pueblo laburante.
Tanto cacareo con la seguridad jurídica, tanto chamuyo de las diputadas y diputados que aprobaron esta maniobra, y terminan armando un mecanismo societario con menos sustento que las excusas de Adorni. Tan oscuro como el pacto con Chevron hace 13 años atrás.
Estamos ante la demostración que los negocios hidrocarburíferos son una maraña de fraudes fiscales, “muletas” estatales y entramados societarios de corte mafioso.
Razones que legitiman la lucha por la nacionalización bajo control obrero de toda esa industria, como un acto que también sería un golpe a la corrupción de los Milei-Adorni y sus socios en la provincia.
