Independientemente del resultado del balotaje de este domingo 19 la economía argentina acumula una serie de problemas y contradicciones que se han venido agravando bajo el gobierno actual y que adelantan una ofensiva confiscatoria contra los trabajadores con una u otra variante patronal en el poder desde el 10 de diciembre.

La primera de ellas, y más evidente para el conjunto de la población, es la brecha cambiaria y las presiones de las patronales para proceder a una devaluación que liquide el poder adquisitivo de los trabajadores y ofrezca “mejoras competitivas” para los industriales y ganancias exorbitantes para los exportadores.

El crecimiento de la brecha cambiaria debido al congelamiento del dólar oficial contra la inflación resultante de la aplicación el acuerdo con el FMI ha dado lugar al descongelamiento del tipo de cambio oficial con “microdevaluaciones” y su consiguiente impacto en los tipos de cambio paralelos.

Aun así, la devaluación oficial se encuentra muy por detrás de las “expectativas del mercado” y los deseos de los capitalistas, desde donde señalan que solo para recuperar la situación impuesta con la devaluación post Paso del gobierno el dólar oficial debería ubicarse en $484, contra los $350 actuales.

Con una inflación que promedia el 10% mensual y devaluaciones proyectadas en un 3% para el mismo periodo está claro que el gobierno que asuma en diciembre deberá apelar a un ajuste abrupto en el tipo de cambio o profundizar la línea de desdoblamiento cambiario, mejorando el actual régimen cambiario especial para que los exportadores liquiden la cosecha retenida e ingresen los dólares. Algunos economistas prevén que de mínima debería pactarse un dólar exportador a $530, con su subsiguiente impacto en la economía local.

Claro que esto complicaría aún más la emisión monetaria y los precios locales que pagan millones de trabajadores. Además de agravar otro de los grandes problemas de la economía nacional: deuda remunerada del Banco Central que asciende a la friolera de $23 billones (12% del PBI).

El gobierno del Frente de Todos había asumido su gestión con el compromiso de terminar con este negocio de la banca privada, llegando incluso a comprometerse a destinar los recursos resultantes a mejorar las jubilaciones. Pasados cuatro años de gestión este pasivo se multiplicó 21 veces (partiendo de $1,1 billones), con intereses que superan lo que se paga mensualmente en jubilaciones (esto, cuando el monto de la mínima está por debajo de la línea de indigencia).

Ninguno de los candidatos que competirán en el balotaje ha podido explicar cómo desarmar esta bomba de tiempo de forma realista y sin afectar a los trabajadores. Más aún, el “respaldo” de esta deuda impagable son los depósitos en plazos fijos en pesos por un total de $13,6 billones: la banca privada tiene como garantía el ahorro de los trabajadores ante un eventual “default”, como ya ha sucedido en el pasado.

Más aumentos

Está claro que ante esta situación el tipo de cambio será materia prioritaria para quien gobierne. Todos los pasilleos económicos hablan de una “moderación” de Milei y una “melconización” de Massa, lo que supone en el “mejor” de los casos una devaluación más o menos moderada.

Esto agregará más presión inflacionaria sobre un esquema de precios que ya sufre la liberación de tarifas y el “descongelamiento” acordado por Massa y el FMI. Combustibles, salud, alimentos, servicios (luz, gas, agua, transporte, etc.) amenazan con un salto en los aumentos.

Para el caso de prepagas, el gobierno ya autorizó una suba de casi el 12% en diciembre, totalizando un 151% en el año. Mientras que sectores sensibles como alimentos manifiestan subas interanuales de casi el 160%, que se reflejan en el salto en la canasta básica alimentaria.

La verdadera lucha contra la inflación, la devaluación y el ajuste viene de la mano de la organización independiente de los trabajadores para enfrentar a los personeros políticos del FMI y las patronales, poniendo en pie una alternativa y una salida propia, con el desconocimiento de la deuda externa, el fin de los negocios de la banca privada y una reorganización económica e industrial sobre nuevas bases sociales.

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