La proclama del gobierno de eliminar el déficit fiscal prescindiendo del ajuste y apelando al crecimiento aparece a todas luces como una farsa. Contrasta con la realidad, donde crecen los ingresos tributarios y el superávit comercial, sin embargo, las tijeras del oficialismo se blanden contra las jubilaciones y partidas sociales. Es inocultable que el plan plurianual para exhibirle al FMI está plagado de medidas contra el pueblo.

El Resultado Fiscal del mes de octubre, publicado por el Ministerio de Economía, es elocuente al respecto. El mismo refleja un déficit primario de apenas el 1,8% del PBI, cuando la meta oficial establecida en el Presupuesto 2021 proyectaba un rojo del 4,5% del PBI para todo el año. Este sobrecumplimiento se debe, por un lado, al aumento en los ingresos tributarios, del 67,6% interanual. La incidencia de las retenciones en la recaudación fiscal ha sido un elemento clave, ya que crecieron un 128,8% entre octubre 2020 y octubre 2021, a causa del auge exportador impulsado por los altos precios internacionales de las commodities del agro. Dichos aumentos se encuentran por encima de la inflación del período, ubicada en el 52,1%.

Como contrapartida, si bien en octubre se incrementó el gasto público un 83% interanual, lo único que crecieron fueron las erogaciones en beneficio del capital, como los subsidios energéticos, los cuales se duplicaron en comparación al mismo período del año anterior, pasando de $808.197 millones a $1,67 billones. En cambio, la partida dirigida al pago de prestaciones sociales (entre ellas las jubilaciones) cayó un 2,5% al cabo de un año, en términos reales. No sorprende, considerando, por un lado, la perdida que sufrieron los haberes previsionales contra la inflación a causa de la nueva movilidad confiscatoria, y, por otra parte, la negativa oficial a otorgar un mísero IFE en función de paliar la crisis social. Como vemos, las causas del rojo en las cuentas públicas hay que buscarlas en los montos millonarios destinados al bolsillo de los capitalistas y no en la precaria asistencia económica que reciben las familias trabajadoras hundidas en la pobreza.

Mención aparte merece el hecho que el gobierno, con el objetivo de cumplir con las exigencias del FMI, prevé una reducción de los subsidios energéticos para 2022, pero sin perjudicar a las petroleras y a las empresas distribuidoras, sino compensando el recorte con subas en la tarifas de la luz y el gas, perjudicando a los usuarios. La apertura de los libros de toda la cadena comercial a fin de evaluar los costos reales y fijar tarifas acordes a las necesidades de la población se vuelve una prioridad para enfrentar este nuevo golpe al salario de los trabajadores.

En ese sentido, las recientes declaraciones de Martín Guzmán en las Jornadas Monetarias del Banco Central afirmando que “es virtuoso que, sobre la base de la recuperación económica y de un fortalecimiento de los ingresos públicos, se continúe en la senda de la reducción del déficit fiscal” están impregnadas de cinismo. Ocultan lo innegable: el gobierno mientras más recauda, más ajusta sobre los sectores populares.

Esta política de austeridad convive con un superávit comercial en Argentina, del orden de los USD 13.940 millones en los primeros diez meses del año. En octubre, las exportaciones medidas en dólares tuvieron un aumento del 46,5% interanual, mientras que las importaciones crecieron en menor porcentaje (31% en un año), dando como resultado un saldo comercial favorable para el país de USD 1.601 millones. A la cabeza del boom exportador siguen estando los productos primarios, con una suba del 73,7% interanual, y las manufacturas de origen agropecuario. Lo anterior se explica por los altos precios internacionales que siguen experimentando las materias primas.

Ahora bien, de ese superávit comercial al país no le queda nada. Las reservas líquidas del Banco Central se hallan en estado crítico como resultado de haber destinado las divisas disponibles en el pago de vencimientos de deuda y en financiar la fuga de capitales, incluyendo las operaciones para contener la cotización del dólar financiero. Los partidos del régimen, cuando nos presentan el acuerdo con el FMI como una destino inapelable en pos de retomar el endeudamiento en dólares, lo que proponen en realidad es seguir perpetuando el mismo esquema de saqueo que nos ha conducido a la bancarrota nacional y al empobrecimiento de capas enteras de la población.

Como vimos, dólares no faltan en el país, sino que es necesario terminar con el drenaje de recursos a manos de la clase capitalista. Para ello, debemos nacionalizar bajo control obrero la banca y el comercio exterior, romper con el FMI y repudiar la deuda usuraria, y, de este modo, dar paso a un plan de desarrollo nacional que priorice las necesidades populares.

Por otro lado, el escenario actual, donde coexiste un ajuste en regla con un superávit comercial y achicamiento del déficit fiscal, demuestra la impostura del gobierno en prometer un plan fondomonetarista sustentado en el crecimiento y no en la reducción del gasto público. Enfrentemos en las calles el acuerdo con el FMI y los ataques venideros, oponiéndole un programa de salida a la crisis por parte de la clase trabajadora.