El gobierno planea cerrar el año legislativo con la aprobación del llamado “Programa Plurianual para el Desarrollo Sustentable”, con el objetivo de exhibir ante el FMI un plan económico votado por todos los bloques patronales, y, de esta manera, terminar de sellar un acuerdo con el organismo. Si bien aún no está publicado el texto del proyecto, trascendidos periodísticos adelantan que su contenido apunta a la “reducción del déficit (y a) una normalización del mercado cambiario” (El Cronista, 17/11); en criollo: el oficialismo se compromete a ofrendarle al Fondo más ajuste sobre las mayorías y cerrar la brecha cambiaria por la vía devaluatoria, licuando así los salarios y las partidas sociales.

La promesa oficial de que “bajarán el rojo con más ingresos y sin recortes del nivel general de erogaciones ni de aquellas más sensibles como las jubilaciones” (Diario Ar, 17/11) no tiene asidero en la realidad, considerando que este año creció la actividad económica (10,8% entre el período enero-agosto 2020 y enero-agosto 2021), el PBI (10,3% en el primer semestre 2021) -producto del “rebote” económico pospandemia- y la recaudación tributaria; de todas formas, el gobierno procedió a reducir el déficit fiscal aplicando un ajuste sobre el gasto público, atacando principalmente a las jubilaciones.

En ese sentido, según el último informe de Resultado Fiscal publicado por el Ministerio de Economía, el déficit fiscal primario en el mes de septiembre se ubicaba en el 1,9% del PBI, dando cuenta de un sobrecumplimiento de la meta fijada en el Presupuesto 2021, donde se proyectaba un déficit fiscal del 4,5% del PBI para todo el año. Y, a su vez, las consultoras privadas prevén que “este año el rojo de las cuentas del Estado no va a superar el 3,5% del PBI” (Ámbito, 17/11).

El mencionado informe es clarificador acerca de la política de ajuste que se llevó adelante. Mientras los ingresos tributarios en septiembre crecieron un 65,9% interanual, superando a la inflación del periodo (52,5%), debido a un aumento en la recaudación mediante el IVA (+81,3% interanual) y los derechos de exportación (+74,3% interanual), el gasto primario perdió 10 puntos en términos reales, y, por su parte, lo devengado para prestaciones sociales (entre ellas las jubilaciones) cayó 3,9% con respecto a la inflación.

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo ocurrido este año, a contramano del discurso gubernamental, podemos asegurar que el “Plan Plurianual” vendrá con más ajuste bajo el brazo en función de cumplir con las exigencias del FMI. El jefe de Gabinete Juan Manzur, consciente de los choques sociales que este rumbo antipopular traerá aparejado, no demoró en recibir en la Casa Rosada al nuevo triunvirato de la CGT -compuesto por Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano- para, según sus declaraciones, “trabajar de manera coordinada”, es decir, reforzar el papel de contención que ejerce la burocracia sindical sobre el movimiento obrero, con el objetivo de evitar una lucha generalizada en el próximo período por la recomposición salarial y contra la reforma laboral. Sin ir más lejos, el pacto establecido entre las centrales sindicales, el gobierno y las patronales ha sido clave a la hora de sumergir los salarios de los trabajadores a través de paritarias a la baja, en medio de una estampida inflacionaria.

El gobierno, además de liquidar las jubilaciones, los salarios estatales y las partidas sociales, atiende otros reclamos del Fondo, como por ejemplo, la reducción de los subsidios energéticos, compensando ese recorte con aumentos en las tarifas de los servicios públicos; algo previsto en el Presupuesto 2022 bajo la forma de “tarifazos segmentados”. Ahora también tomó nota de la principal demanda fondomonetarista en materia de política cambiaria, y, de este modo, el Banco Central desde ayer detuvo la venta de divisas en pos de contener la cotización del dólar financiero, lo que hizo que el MEP subiera de $180 a $200, acentuando la brecha cambiaria y generando una mayor presión devaluatoria sobre el tipo de cambio oficial.

Recordemos que las operaciones en la Bolsa para mantener a raya el dólar MEP y el Contado con Liquidación han insumido USD 2.500 millones de las reservas del BCRA en el transcurso de un año, lo cual encendió las alarmas del FMI, ya que al organismo le interesa que el gobierno tenga los dólares disponibles para hacer frente a los vencimientos de deuda, y, por lo tanto, se inclina por una devaluación de la moneda. En este punto, es preciso aclarar que tanto la sangría de divisas que venía impulsando el gobierno para evitar una devaluación abrupta como la liberación del tipo de cambio son variantes perjudiciales para la población trabajadora. La única salida a esta encerrona consiste cortar con la fuga de capitales en todas sus expresiones (pago de la deuda, dólar financiero, etc.) y recapitalizar el BCRA a partir de crear una banca única estatal bajo gestión de los trabajadores.

Ahora el gobierno, siguiendo los dictámenes del Fondo, parece haber optado por la mencionada “normalización del mercado cambiario”. Para lubricar la medida viene ensayando un discurso donde subestima los efectos inflacionarios que acarrea una devaluación. En ese sentido, el exdirector del Banco Central bajo el mandato presidencial de Cristina Kirchner, Alejandro Vanoli, declaró recientemente que “sin la negociación con el Fondo, cualquier devaluación del tipo de cambio oficial se iría a precios” (Perfil, 17/11). Esta curiosa reflexión no solamente omite que la brecha cambiaria actual también es inflacionaria, ya que la formación de precios tiene en cuenta las expectativas devaluatorias, sino que además, dicha afirmación es absolutamente falsa: un acuerdo con el FMI no evitará que la devaluación encarezca los insumos importados, trasladándose al precio final, ni que las patronales exportadoras busquen replicar en el mercado interno los mismos beneficios que obtienen a través de sus ventas al exterior con un dólar más caro; a su vez, liberar el tipo de cambio inexorablemente ejercerá presión sobre las tarifas de luz y gas, ya que el insumo base de toda la industria energética -el gas en boca de pozo- se encuentra dolarizado.

El actual presidente del Banco Central, Migue Pesce, fue más lejos en su optimismo y expresó, a través del informe sobre política monetaria publicado por el organismo, que “un acuerdo entre el país y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ayudará a calmar las expectativas y estabilizar el mercado cambiario”, a la vez que “a partir del crecimiento económico y una inflación más moderada, aumentará la demanda de pesos y se reducirán las necesidades de esterilización vía Leliqs”.

Lo expuesto por los voceros oficiales se funda en la idea de que el acuerdo con el Fondo atraerá un ciclo de inversiones al país, y asimismo, permitirá el reingreso de Argentina al mercado de crédito internacional, con lo que el déficit fiscal pasaría a cubrirse con deuda contraída en dólares sin la necesidad de recurrir a la emisión monetaria. Por otro lado, un robustecimiento de las reservas por esa vía revalorizaría la moneda local y desalentaría corridas cambiarias. Más que un pronóstico, lo anterior se reduce a una expresión de deseo, ya que choca de frente con la crisis capitalista más general y la potencial suba de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos que hará que los capitales se replieguen a sus casas matrices, retirándose de los países emergentes.

Además, omiten que la restructuración de la hipoteca con el FMI no hará más que acentuar la bancarrota del Estado por medio del pago de los sucesivos vencimientos de deuda, una de las razones por las cuales se evaporó el superávit comercial obtenido este año fruto del auge exportador; es decir, se agravarán las causas actuales del ascenso inflacionario. A su vez, implicará contraer nuevos créditos en dólares para cancelar vieja deuda, echando leña al fuego de un endeudamiento explosivo en el país, que hoy alcanza la friolera de USD 348.346 millones. Por otra parte, el costo de arribar a un acuerdo con el Fondo será un retroceso sin precedentes de las condiciones de vida del pueblo trabajador: significará más ajuste, reforma laboral, tarifazos, devaluación y destrucción de las jubilaciones, un ataque en regla.

Lo cierto es que el gobierno, al regirse bajo una orientación capitalista, no tiene plan B. Entrar en default -como acaba de insinuar en una entrevista la vicepresidenta del Banco Mundial, Carmen Reinhart, señalando que “no sería ni el primero ni el último en la historia del organismo”- desencadenaría un salto en la fuga de capitales y una oleada de quiebras, debido a la imposibilidad de las empresas de refinanciar sus pasivos. Basta con repasar las consecuencias devastadoras del default de 2001 en Argentina o el de 2015 en Grecia para darse cuenta que una cesación de pagos, para reconocer y restructurar esa deuda tiempo después, no le otorga ningún beneficio a la población.

Por lo tanto, la única salida positiva a esta crisis proviene de un programa de los trabajadores, que rechace de manera soberana la deuda usuraria, rompa con el FMI y nacionalice bajo control obrero las palancas de la economía -banca, comercio exterior e industria energética- para concentrar el ahorro nacional y dirigirlo al desarrollo productivo y a la satisfacción de las necesidades populares.

Alberto Fernández, tras su derrota electoral, reafirmó el rumbo reaccionario que venía transitando y llamó a toda la oposición patronal a colaborar en llegar a un acuerdo con el FMI, a costa de mayores penurias para los sectores populares. Los trabajadores debemos organizarnos para derrotar esta ofensiva y luchar hasta imponer una alternativa política propia, opuesta a las que nos gobernaron y gobiernan hundiéndonos en la pobreza. La elección histórica de la izquierda y las bancas conquistadas configuran un punto de apoyo para avanzar en esa dirección.