El gobierno nacional impulsa una agenda de 10 puntos de “consenso”, discutidos previamente con las patronales, para implementar a partir del mes de diciembre, en lo que sería una profundización de la línea de ajuste que se viene desarrollando, en línea con las demandas del FMI.

La iniciativa se presentaría en el Congreso de la Nación en diciembre, bajo el nombre de Programa Económico Plurianual para el Desarrollo Sustentable, y si bien aún no se conocen los detalles del proyecto oficial, se incorporarían varios puntos de las demandas de las patronales que el Frente de Todos fue asumiendo directamente como parte de su programa en las vísperas de la derrota electoral.

Un dato a tener en cuenta es que previo a la convocatoria del Consejo Económico y Social de este jueves, donde el gobierno busca obtener la aprobación de las cámaras patronales y el acompañamiento de la burocracia sindical, el presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, recibieron en Olivos a dirigentes de empresas multinacionales, entre los que estuvieron Antonio Aracre (Syngenta), Sergio Kaufman (Accenture) y Daniel Herrero (Toyota), entre otros.

El plan, pactado con las patronales, reforzaría la iniciativa de transformar los planes sociales en un subsidio a las patronales, la supuesta generación de nuevo empleo sobre beneficios y exenciones a las cargas patronales, facilidades fiscales e incluso una mayor injerencia de las patronales en la currícula académica de las universidades y lugares de estudio para la generación de “carreras cortas” al servicio de las necesidades del mercado.

Esto último ofrece luz respecto a la reciente campaña patronal y de los medios responsabilizando a las juventud trabajadora por la falta de capacitación para adquirir un trabajo: detrás de esa operación mediática se esconde la pretensión de seguir destruyendo las carreras y adaptándolas a sus necesidades empresariales, con el propósito de abaratar la mano de obra calificada en determinados sectores.

Se trata de una camino que el gobierno viene recorriendo hace rato, pero que no le ha servido para destrabar la huelga de inversiones de las patronales, las cuales demandan un avance más profundo sobre los convenios colectivos de trabajo y sobre la política asistencial que oficia de piso a la caída de los salarios obreros.

La presencia de Daniel Herrero, presidente de la multinacional Toyota, da cuenta del carácter del paquete de medidas que prepara el gobierno, en sintonía con la reforma flexibilizadora aplicada recientemente por esta empresa en su planta de Zárate. Cabe recordar que el rol de la burocracia sindical en esos hechos fue más que lamentable, siendo un canal de validación de la propuesta ajustadora, llegando a hilvanar un discurso festejado por las patronales.

Guzmán también aprovechó la reunión con los cabecillas de las multinacionales para asegurarles que el gobierno no entrará en default y que se encaminarían las negociaciones con el FMI, sector desde el cual reclaman un acuerdo político amplio contra la inflación y un plan económico que siga la ruta del ajuste fiscal: ambas variables que plantean más recortes del gasto público y penurias para los trabajadores.

A su vez, el gobierno tendrá que refrendar todo este paquete en el Congreso, por lo que Alberto Fernández ya anticipó su propuesta de un pacto con la oposición para articular esta nueva ofensiva antiobrera.

La izquierda, que vienen de realizar una elección histórica, será la encargada de desnudar este paquete de medidas antiobreras y el acuerdo ruinoso con el FMI, como lo vino haciendo durante toda la campaña, reforzando su intervención parlamentaria y política con la movilización obrera y popular.