El gobierno nacional acumuló en los primeros ocho meses del año un déficit fiscal primario de $2,3 billones (1,3% del PBI), según informó la Secretaría de Hacienda, cumpliendo con las metas pactadas por el FMI a base de un ajuste sobre el gasto público y social y contra los trabajadores, y al tiempo que avanza el desfinanciamiento y la fuga de capitales con el pago de los servicios de deuda.

El acumulado hasta agosto “sobrecumple” las metas fiscales en unos $30.000 millones, con un último mes donde el déficit primario alcanzó los $36.964 millones (0,02% del PBI). El gobierno aún debe llagar al objetivo de déficit fiscal del 1,9% de meta anual fijado por el Fondo, lo que adelanta que seguirá promoviendo beneficios a las patronales para garantizar el ingreso de recursos a costa de los trabajadores, como sucedió con las distintas versiones del dólar soja.

Este sobrecumplimiento muestra a las claras que las medidas limitadas y de temporada como la devolución parcial del IVA en alimentos u otras como Ganancias se hacen con parte de lo que el gobierno le quita a los trabajadores por otro lados, y no con una afectación de los intereses capitalistas.

Como dato relevante, el déficit financiero, que integra los pagos de servicio de deuda pública y entre los montos significativos de la deuda externa, ascendió en el mes de agosto a $384.504,5 millones, siendo la principal fuente de desfalco de la economía nacional.

Para el mes de agosto el gobierno acusa una reducción del gasto primario interanual del 8,5% junto a un crecimiento de los recursos, particularmente vía una recaudación favorecida por la disparada inflacionaria y la continuidad del impuesto más regresivo: el IVA. El gasto primario acumulado alcanza una caída del 5,2% en términos reales.

Ya en el informe elaborado por el FMI el organismo estipulaba que el gobierno debía avanzar en una reducción del gasto público del 11% para el segundo semestre del año, lo que redunda en más recortes a la asistencia social y a los comedores populares, liberación de tarifas, restricciones a la obra pública, etc.

Una muestra de esta política de ajuste contra los que menos tienen es lo que ocurre con la caída real del salario mínimo, que algunas consultoras privadas miden en una baja del 55% del poder adquisitivo desde 2015 hasta la actualidad, como resultado de un ataque sistemático de los distintos gobiernos capitalistas.

Algo similar ocurre con las jubilaciones, con la minina en $114.000 más el bono de miseria del Pami que se paga en tres cuotas de $15.000: un total que se encuentra muy por debajo de la canasta básica de pobreza de $284.687 (agosto) y una canasta de jubilados que supera esta cifra.

El crecimiento interanual de las prestaciones de la seguridad social “creció” un 134,3%, incluyendo todos los bonos y recursos extraordinarios, contra una inflación interanual en los alimentos del 146,4%.

En la medición interanual del periodo enero-agosto caen las transferencias al sector energético un 20,7% y los del transporte un -16,8%, pero no a costa de las patronales de ambos sectores, sino a costa de los trabajadores con tarifazos en las boletas y aumentos periódicos en el transporte público.

En este cuadro de cosas, el gobierno postergó la presentación el Proyecto de Presupuesto 2024 con el compromiso de negociar los términos del ajuste con la fuerza que resulte ganadora en las próximas elecciones presidenciales.

Massa, Milei y Bullrich discuten como cumplir o sobrecumplir las metas del FMI contra los intereses de los trabajadores, destruyendo los salarios e ingresos populares, el empleo y atacando a las condiciones de vida de la población trabajadora. La clase obrera precisa de un programa de intervención independiente ante la crisis, terminando con el desfalco del FMI y el capital financiero y con la orientación ajustadora de este gobierno y los que se proponen para suceder a Massa en la ejecución del ajuste.

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