La pueblada contra el narcotráfico en un barrio de la zona norte de Rosario, protagonizado por la comunidad qom luego del asesinato del niño Máximo Jerez, mostró que la población trabajadora más empobrecida es capaz de hacer con sus manos lo que no hacen los gobiernos y el Estado. El desmantelamiento de un búnker por la acción directa de vecinos y vecinas, demostró que si “ganó el narcotráfico” es por la complicidad de los políticos capitalistas de siempre, que son pasivos ante el copamiento de las bandas, pero muy rápidos para reprimir la protesta social que se les opone. Cuentan con el apoyo de la Policía de Santa Fe, que opera en los barrios como la seguridad privada del narcomenudeo.

Ante la rebelión, el presidente Alberto Fernández anunció el envío de más fuerzas federales a Rosario y que el Ejército iría a los barrios con “un cuerpo de ingenieros para la urbanización”. Es decir, un nuevo reforzamiento represivo de la mano de Gendarmería, que ya fracasó una y otra vez con los Kirchner, los Macri y el progresismo, porque se dedicaron a requisar motitos humildes en el ingreso de los barrios, mientras se tapaban los ojos ante las balaceras, las extorsiones y los asesinatos. La novedad sería el ingreso de las Fuerzas Armadas en las tareas de represión interna, porque el bolazo de la urbanización a manos de los milicos no se lo cree nadie, menos en medio de este brutal ajuste contra la obra pública.

El anuncio, que aún no se verificó ni se sabe cómo se come, no deja de tener enorme impacto político en las vísperas de un nuevo 24 de marzo, cuando se cumplen 47 años del aniversario del golpe genocida y habrá inmensas movilizaciones en todo el país repudiando el terrorismo de Estado y reivindicando la lucha de los 30 mil compañerxs detenidxs-desaparecidxs.

El Frente de Todos quema la bandera de los derechos humanos y pone en marcha la campaña fascista de la jefa del PRO, Patricia Bullrich, que saludó la medida. El peronismo que ya gobierna al servicio del FMI se alinea consecuentemente con la política que impulsa el imperialismo yanqui en materia de “lucha contra el narcotráfico”. No se conoce una palabra de Cristina Fernández de Kirchner en contra de eso; ella busca hacer de este 24 una jornada en defensa propia para blindarse de sus causas por corrupción y viene de reunirse con la Jefa del Comando Sur de Estados Unidos “para cooperar en materia de defensa”.

Milicos en las calles nunca más

La pretensión de que la Policía de Santa Fe es cómplice del narco, pero no así las fuerzas federales o el Ejército, lo que justificaría el enroque, va en contra de toda evidencia. Son estas fuerzas las encargadas de fiscalizar las diversas fronteras del territorio nacional que son un colador para el ingreso de la cocaína, de marihuana, de los precursores químicos que sirven de base para producir otras sustancias psicoactivas ilegales, así como de las armas y explosivos que llegan al país.

Cuando las avionetas aterrizan en los campos privados de Santa Fe desde los países limítrofes o cuando parten desde Entre Ríos para entregar cocaína a Uruguay, eluden el control de la Dirección General de Seguridad Operacional Aeroespacial Militar, es decir, de la Fuerza Aérea. La cocaína y la marihuana que llegan a la Argentina desde Bolivia y sobre todo desde Paraguay atraviesan los pasos fronterizos por tierra de Salta, Formosa y Corrientes, que están a cargo de Gendarmería. El tránsito fluvial del río Paraná está bajo control de la Prefectura Naval Argentina. Son muchas las fuerzas de seguridad que hacen la vista gorda ante el contrabando de granos y del uso de cereales como camuflaje para la exportación de cocaína a Europa por los puertos del Gran Rosario. Esta complicidad también está presente en el Servicio Penitenciario tanto en los penales provinciales y federales, donde el personal carcelario es el que le habilita los teléfonos a los jefes de las bandas narco. Como se ve, es todo el cajón de manzanas el que está repodrido.

Las llamadas fuerzas de seguridad del Estado son el apoyo sin el cual no podría desarrollarse el narcotráfico. La sensación de alivio que puede aparejar para un sector de la población la llegada de efectivos cederá pronto, cuando nuevamente usen su poder de fuego para apretar a la juventud que usa gorra, abrir la mochila de los albañiles que vuelven de la obra o empiecen a ver cómo paran en los negocios del barrio a cobrar coimas. En los barrios más sumergidos en la pobreza la desconfianza es total y existe un rechazo a la criminalización de la juventud, que está siendo masacrada.

La campaña de reforzamiento represivo tiene patas cortas y es un búmeran para el gobierno así como para la oposición de derecha que la agita, porque en medio de la campaña electoral la población podrá verificar que son unos fracasados. No solo no resolverá el problema de fondo, sino que al contrario, como sucedió en el pasado, se reforzará el poder de las bandas y la penetración del narcotráfico a partir de la creación de nuevas “cajas negras” de la corrupción con la que se soborna “a la gorra de todos los colores”, como declaró en un juicio un importante narcotraficante que operaba en connivencia con todo el poder de la ciudad de San Lorenzo, por donde sale el 85% de las exportaciones del país.

Tampoco evitará nuevos levantamientos vecinales contra las zonas liberadas, porque lo ocurrido en Rosario tendrá un efecto contagio, como ya sucedió en Mar del Plata. Si el Ejército interviene para reprimir al pueblo estaremos frente a un salto en la crisis política abierta en torno a Rosario.

Narcoestado

Es falso que estemos frente a “un Estado ausente” que dio lugar a que bandas “ocupen el territorio”. Por el contrario, el núcleo del problema es la descomposición creciente del Estado capitalista, con los funcionarios de todos los estamentos organizando activamente el delito. Es precisamente este entrelazamiento del Estado con el narcotráfico lo que fortalece a las bandas y explica cómo Argentina llegó a ser uno de los principales exportadores de cocaína a nivel mundial, y a ocupar el tercer lugar en el ranking de la ONU en 2013.

Si se introduce el ejército van a agravarse estas contradicciones, como podemos verlo en el espejo retrovisor de otras experiencias latinoamericanas. En la fusión entre el ejército y las bandas narco nacieron los cárteles en México; es el caso de “Los Zetas”, la sanguinaria banda del cartel del Golfo, originada en la cooptación de un grupo de tareas del ejército organizado específicamente por el gobierno y la DEA para combatir al narcotráfico. En Colombia, los paramilitares a cargo de la exportación de la pasta base al mundo son desprendimientos del ejército que combatió a la guerrilla.

Al rol organizador de las fuerzas represivas en el gran delito, se suma el de la justicia y el poder político. Es interminable la cantidad de causas que involucran a políticos, fiscales y jueces en la protección de las cuevas financieras donde se lava el dinero del narcotráfico, que incluso tiene una cotización especial en Santa Fe, el “dólar banana”, más caro que el dólar blue. En el fomento del juego online, que es un gran canal de lavado. Lo vemos en cada votación que aprueba un cambio en el código de planeamiento urbano para construir megatorres, que encarecen el suelo, expulsan a los trabajadores del centro y permiten blanquear en ladrillos el dinero negro.

El entramado que lleva a la protección del narcotráfico tiene fundamentos capitalistas. Se extiende en todo el territorio nacional y a nivel mundial, pero se concentra en Rosario precisamente por el tipo de desarrollo capitalista que tiene la región alrededor del agronegocio y los puertos privados. Al narcomenudeo, que se estima mueve 9 millones de dólares al mes en Rosario, debemos sumarle la exportación de drogas ilegales, que es la parte del león que nadie contabiliza. También el lavado en los puertos secos, vía la compra de granos en negro que luego se introducen en el circuito comercial en blanco a gran escala, con la Bolsa de Comercio de Rosario como plataforma que permite convertir estos negocios en activos financieros.

Un caso paradigmático de esta asociación es el holding de Vicentin, que combina denuncias por exportar cocaína desde el Puerto Rosario que gestiona, y tener directivos (Gustavo Shanahan) procesados por lavar dinero narco en financieras y por comprar y vender granos de manera ilegal, como pantalla de otros negocios. Es sintomático que este cúmulo de delitos, a los que se suma el default, haya terminado en la más completa impunidad, garantizada por el gobierno y la oposición, dando cuenta de que protegen un régimen narcosojero que financia sus campañas electorales y para el que gobiernan.

Tenemos que intervenir los trabajadores

Esta descomposición generalizada se traduce en una cantidad de agravios cotidianos contra la población trabajadora. Compañeras y compañeros del Polo Obrero de Rosario reciben a diario amenazas de balaceras, de secuestros, de asesinatos, para quedarse con sus casas e instalar búnkers. La juventud perdió la plaza para jugar al fútbol, la esquina para encontrarse con sus amigos, porque vive encerrada para evitar ser una víctima más de las bandas narcopoliciales, que los quieren captar para el narcomenudeo.

Las madres que han perdido a sus hijos e hijas, los familiares de las víctimas, no reciben ningún tipo de respuesta de parte del Estado, ni atención psicológica gratuita, ni la posibilidad de ser relocalizadas en una nueva vivienda, obligados a convivir en la misma cuadra con los asesinos de sus seres queridos. No existe siquiera ayuda para garantizar el velorio y el entierro de las personas asesinadas. El aumento del consumo problemático de sustancias psicoactivas –un fenómeno mundial- está totalmente ligado a la falta de trabajo, de vivienda y de una perspectiva de futuro, problema que profundiza la penetración de las redes narco y para el cual no existe asistencia gratuita de calidad, dejando a los pibes y pibas pobres a la deriva.

Frente a esta catástrofe la izquierda no puede tener una actitud prescindente, muchos menos callarse la boca frente a las zonas liberadas, porque denunciar este aspecto es en primer lugar una agitación antirrepresiva, que desnuda la naturaleza de clase del Estado. Para que esto no quede en una agitación abstracta, la tarea militante pasa por desarrollar la organización independiente de los trabajadores y de la juventud contra un régimen narco, contra sus punteros y sus políticos, que tiene en Santa Fe una asociación directa con el régimen sojero. Esa organización crece en la lucha por el acceso a la educación, a las becas, al trabajo genuino, por la urbanización y la vivienda, para que ingresen los colectivos a los barrios, por el derecho al deporte y al ocio, como lo viene haciendo el Polo Obrero, que forma parte de una historia de lucha de las organizaciones sociales combativas que son el verdadero contrapoder del narcoestado. Un programa de medidas transitorias que choca de frente con la política del conjunto de los partidos patronales, que es apoyar el ajuste del FMI.

Tenemos que explicar que solo una fuerza política verdaderamente revolucionaria va terminar con el río Paraná privatizado como Hidrovía desde la época de Menem y que es esta la palanca económica que hace del Gran Rosario un enclave estratégico para el narco. Que se impone la nacionalización de los puertos privados y su puesta bajo control obrero, la nacionalización de la banca y la estatización del casino, el fin de la especulación inmobiliaria, medidas anticapitalistas que no va a tomar ningún político de la casta capitalista y que solo puede ser impulsada por los socialistas. Este agitación penetrará en la medida en que avancemos con la organización real y concreta de las problemas de la población trabajadora, organizando asambleas en los barrios, votando un pliego de reivindicaciones que movilice contra el poder político y tomando medidas de defensa colectiva allí donde podamos, como el apoyo en el acompañamiento de la denuncia y la lucha contra la impunidad de los crímenes contra el pueblo.