Con el objetivo de ganarse la “confianza” de los empresarios, Alberto Fernández les aseguró que “jamás” tocará los depósitos en dólares de los ahorristas y descartó una próxima devaluación. Su discurso en la apertura del Coloquio de Idea (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), de todas maneras, no concitó mucho entusiasmo.

Es que el panorama es cada vez más sombrío. El presidente finge ignorar que las reservas internacionales del Banco Central no revierten su caída: durante la primera quincena de octubre se contrajeron unos 530 millones de dólares, con supercepo y todo. Esta sangría no se detuvo siquiera por el hecho de que, luego de que el gobierno decretara la rebaja de las retenciones a la exportación, los acopiadores de soja y sus derivados hayan vendido 636 millones de dólares y pagado al fisco unos 178 millones por ese concepto. Una vez más se prueba falso el supuesto de que el problema del país es la escasez de divisas.

Es que si la brecha cambiaria entre el tipo de cambio oficial y las cotizaciones paralelas -del 100% con el contado con liqui y del 115% con el blue- alcanza para paralizar la economía, no llega sin embargo a detener la marcha de la fuga de capitales. “Las casas matrices de las empresas extranjeras están pidiendo a sus filiales que giren todo lo posible, y por eso se abalanzan sobre el contado con liqui”, habría dicho un operador financiero a Infobae (15/10).

Esta presión tiene su expresión sobre los depósitos. Esos que Alberto Fernández asegura que no tocará, para ahuyentar al fantasma de una corrida bancaria. El retiro de depósitos en moneda norteamericana rondó los 380 millones de dólares en la primera mitad de octubre, tras un septiembre en que superó los 1.000 millones. Es un ritmo inquietante. Varios analistas estiman que el gobierno ya se encuentra recurriendo a los depósitos porque las reservas netas líquidas están en 0.

Para los capitalistas, lo preocupante es que la política oficial parece incapaz de lograr los objetivos que se propone. El gobierno ha perdido la capacidad de efectuar una devaluación “ordenada” del peso, algo que en este cuadro será impuesto por el propio mercado y agravará todas las contradicciones de la política económica. Los platos rotos, por supuesto, serán facturados a los trabajadores.

Es lo que revelaron las declaraciones de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, quien afirmó -tras la misión de los funcionarios del organismo para relevar el cuadro del país- que la profunda recesión y la tensión cambiaria son “desafíos dramáticos” que deberá encarar el gobierno. Cuando Martín Guzmán y el propio presidente expresan públicamente que apuestan a un rápido acuerdo con el Fondo para reestablecer la confianza de los empresarios, Georgieva les contestó que deben fijar una política económica “comprensible” y “creíble”, es decir una devaluación en regla y sincerar la “sarasa” del Presupuesto 2021 esclareciendo el ajuste que prevén.

A pesar de todo, para posar de optimista ante el coloquio de Idea, Fernández aseguró que la construcción será una excelente posibilidad de inversión porque permitirá obtener mayores beneficios que el ahorro en dólares, y que la obra pública motorizará la economía. Faltan aún los detalles del plan, pero el enorme déficit fiscal genera dudas sobre esta promesa. Las consultoras se inclinan a estimar que a la brevedad el Banco Central deberá subir nuevamente las tasas de interés para aumentar el atractivo de ahorrar en pesos y desincentivar la corrida al dólar; una medida que acrecentaría la losa recesiva sobre la economía.

Vinculado a este último punto, la misión del FMI apuntó otra preocupación. No se llevó ninguna claridad de cómo pretenden los funcionarios locales contener la emisión monetaria y la inflación. El índice de precios arrojó en septiembre una suba del 2,8%, la más alta del año, y seguirá acelerándose lo que queda del 2020. Según economistas, en el último trimestre el déficit fiscal primario rondará los 700.000 millones de presos, que se suman a 1,3 billones de pesos en vencimientos de deuda, lo cual sería cubierto en un 40% con emisión (800.000 millones de pesos) y el resto con nueva deuda. Si los nuevos títulos se linkean al dólar, se habrá configurado un cuadro explosivo.

Por ese motivo el riesgo país creció un 30% desde la reestructuración de la deuda, trepando hasta los 1.450 puntos. La calificadora Moody’s, por su parte, estimó que una devaluación para licuar la deuda en pesos no resuelve el problema, porque el 80% del endeudamiento sigue estando en dólares; por ello estima que los riesgos de incumplimiento en el pago de los bonos recién canjeados sigue siendo alto. El país va derecho a la quiebra, como producto del rescate a los bonistas y al FMI.

En estas condiciones, la devaluación impuesta por el mercado es una amenaza seria de Rodrigazo. Sobre todo cuando ya ha comenzado el cronograma de naftazos, se anuncia un Plan Gas que incluirá incrementos en los servicios de energía y gas a los hogares, y en el proyecto de Presupuesto 2021 se anticipan tarifazos en el transporte. La confiscación a los trabajadores recién empieza. Para detenerla, es necesario derrotar toda la inviable política oficial.

Esa es la única alternativa al desastre. El presidente prometió en su discurso que el mencionado Plan Gas va a generar “mucha inversión y empleo”, cuando en realidad los pulpos petroleros están produciendo casi a niveles prepandemia pero con la mitad del personal, es decir que están doblando la explotación obrera. Esa es la única vía de recomposición que ofrecen los capitalistas. Vale como modelo general.

Fernández concluyó afirmando que “el capitalismo puede garantizar el desarrollo social si no pierde su concepción solidaria”. Como vemos, en realidad el desarrollo social capitalista en esta etapa de bancarrota y decadencia solo puede significar para la clase obrera la profundización de un régimen de hambre al servicio del saqueo del país.

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