05/10/2020

¿A qué viene el FMI?

Llega al país la misión de funcionarios del organismo internacional. El FIT-Unidad realizará un acto en repudio el martes 6 a las 16:30 en las puertas del Banco Central.

Arriba una nueva misión del Fondo Monetario Internacional al país. El gobierno presentará a los funcionarios del organismo el estado de las cuentas públicas -probablemente algo más serio que el dibujo que muestran a la población en la «sarasa» del Presupuesto 2021. Alberto Fernández se manifestó urgido por firmar un programa con el FMI para «despejar muchas dudas de algunos sectores de la economía». El ministro Martín Guzmán, por su parte, asegura que la llegada de la misión va a calmar la volatilidad cambiaria. De esta manera, la mayor cueva del capital financiero internacional es presentada como la principal aliada en el intento del gobierno por frenar la corrida al dólar y aminorar la marcha de la crisis.

En el relato oficial, septiembre habría marcado el inicio de la recuperación económica, cuyo síntoma más alentador sería que la recaudación tributaria se ubicó en el mes por encima de la inflación -por primera vez en el año. Este es en teoría el número que importa al FMI, y que allanaría el camino para un acuerdo. Sin embargo, la precariedad de este «logro» es muy visible. Los impuestos de los que depende el grueso de la recaudación fiscal siguen en caída, como el IVA que se cobra al consumo y se ubicó 13,3% por debajo de la inflación. Ello se compensó por vías excepcionales, como el Impuesto País a la compra del cupo de 200 «dólares ahorro», el cual no obstante será menor este mes al compás de la exclusión del 80% de los posibles compradores.

Más aún, en este septiembre «auspicioso» el Tesoro recibió del Banco Central transferencias por 193.500 millones de pesos -totalizando 1,7 billones en lo que va del año. Es decir que sigue firme un enorme déficit fiscal que es cubierto mediante emisión monetaria, la cual a su vez financia la corrida hacia el dólar y por lo tanto presiona sobre la cotización de la divisa. Este es entonces uno de los puntos sensibles sobre los que el gobierno deberá rendir cuentas al Fondo Monetario.

Resulta que el costo que se paga por absorber estos pesos y sacarlos de circulación es demasiado elevado. El paquete anunciado por Guzmán el jueves 1 incluye la suba de las tasas de interés que pagan a los bancos los pases diarios del Central (instrumentos que, como su nombre indica, se renuevan todos los días) de 19 a 24%. Esto hará crecer una nueva bola de nieve al lado la de Leliq, cuya tasa es del 38%. Con esto el gobierno pretende hacer más atractivo el ahorro en pesos, pero al precio de poner una losa sobre la economía. En especial porque semejante tasa, cuando está cerrado el crédito internacional, ahuyenta la inversión y agudiza la recesión industrial (y por ende la pérdida de puestos de trabajo).

El esquema es leonino. En los primeros nueve meses de 2020 el Banco Central lleva pagados casi 500.000 millones de pesos en intereses de Leliq y pases diarios. Es decir que el costo de «esterilización» de la emisión monetaria representó casi un tercio de los giros al Tesoro para cubrir su déficit. Como los bancos reinvierten otra parte de los intereses en estos instrumentos, que se renuevan cada semana y cada día respectivamente, sigue engordando una bola de nieve que ronda los 2,6 billones de pesos, de manera que estos pasivos superan a toda la base monetaria en circulación.

Esta situación pone en tela de juicio la premisa del Presupuesto 2021 que se está tratando en el Congreso, porque estima seguir financiando con emisión la mayor parte del déficit fiscal. Al FMI preocupa esta ecuación porque es una promesa de inflación futura. La única fórmula para proceder a un desarme de esta bomba de tiempo es mediante una megadevaluación y un ajuste sin atenuantes del gasto público. Lo demás es «sarasa».

Con todo, la premura de Alberto Fernández por suscribir un nuevo programa con el organismo responde a la aceleración de la crisis. Luego de que las expectativas en «mejorar la macroeconomía» tras el canje con los bonistas se esfumara en un santiamén, ahora el gobierno se juega a un acuerdo con el FMI antes de que se produzca un desmadre generalizado, que incluiría el pasaje a un corrida bancaria. De ser «parte del problema», el Fondo se ha convertido en la última carta del oficialismo para evitar un colapso.

Esto es claro cuando los planes del gobierno fracasan cada vez con más rapidez. En el debut de las medidas de estímulo a las exportaciones -en especial la baja de retenciones al complejo sojero y otros rubros, y la aceleración de la depreciación del tipo de cambio oficial-, el Banco Central perdió otros 150 millones de dólares de sus reservas. Esto luego de una fuga récord en septiembre (el mes post-canje) de 1.600 millones, y de un retiro mensual de los depósitos en moneda extranjera de casi 1.000 millones de dólares.

El panorama es sombrío. Según calcula un economista, si se descuentan de las reservas brutas el swap con China, los lingotes de oro, seguros y otras colocaciones la cuenta arroja que las reservas netas líquidas del Banco Central son un rojo de 1.866 millones de dólares. «Lo que esto indica es que el BCRA ya está usando, en la práctica, parte de los encajes de los depósitos en dólares del sistema financiero. Es decir, se quedó sin reservas propias» (Ámbito Financiero, 5/10). En medio de esta vorágine, mientras se instaura un supercepo para impedir a los trabajadores comprar moneda estadounidense, se sigue pagando intereses de deuda al FMI y otros organismos internacionales; después de cancelar en agosto unos 570 millones de dólares, en septiembre gatilló casi 200 millones.

Peor aún, y contrariando todo el verso de que el canje permitía recomponer la sustentabilidad de la deuda externa, el gobierno ha vuelto a un curso de endeudamiento en moneda dura. Es que finalmente la Anses y el Central salieron el viernes a vender parte de sus bonos reestructurados para deprimir la cotización del contado con liqui, en la búsqueda de reducir una brecha cambiaria del 90%. Si los logros en este terreno fueron fugaces, sus consecuencias no lo son, porque de esta manera se convierte una deuda intraestatal en una deuda del Tesoro con privados. El rendimiento de estos bonos se ubica en torno a 14,5%, una rentabilidad incomparable para los inversores, por lo que estamos ante un negoción que funciona como emisión de nueva deuda -a intereses que duplican los niveles usurarios del macrismo.

Por todo lo dicho, Alberto Fernández se aferra a las faldas de Kristalina Georgieva. En este programa se juega mucho más que el estado de la balanza de pagos; está en juego la suerte del propio gobierno. La reunión que mantendrá en la previa, juntando a la UIA y la Cámara de la Construcción con las burocracias sindicales de la CGT y las CTAs, tiene por único fin mostrar que concita el respaldo necesario para encarar el «plan económico» necesario para el repago de la deuda.

Esta demostración importa porque, como no podía ser de otra manera, el FMI exigirá las reformas laboral, previsional e impositiva, aunque no sea abiertamente. YPF ya hace punta con la primera de ellas, el robo de la movilidad ya puso en marcha la confiscación a los jubilados, mientras que la baja de las retenciones y la mutilación del pobre «aporte solidario» son indicios del futuro tributario. Los anunciados tarifazos en los servicios públicos para el año próximo, y los recortes a salud, educación y asistencia social del Presupuesto 2021, configuran a su vez las señales de la austeridad.

Contra esta unidad antinacional, en repudio al pago de la deuda externa y para rechazar el pacto con el Fondo Monetario Internacional, el Frente de Izquierda – Unidad plantará bandera con un acto en las puertas del Banco Central, el mismo martes 6 a las 16:30. Desde esa tribuna, Gabriel Solano por el Partido Obrero y los dirigentes del resto de las fuerzas políticas que integran el espacio, trazarán un contraste rotundo con la entrega del país y llamarán a los trabajadores a intervenir para darle una salida propia a la crisis.

También te puede interesar:

Almorzaron en la quinta presidencial para lubricar la implementación de los subsidios del Plan Gas 4.
En una carta abierta con más de 700 firmas reclaman al gobierno que dé marcha atrás.
Con aval presidencial la gobernadora busca liberar las calles de reclamos obreros y comunidades mapuches.
A esta altura, la gran incógnita es si la devaluación llegará antes que la corrida bancaria.